Orden de captura ejecutada 10 años después, deja otro criminalizado al sur del país

Orden de captura ejecutada 10 años después, deja otro criminalizado al sur del país

Valle, Honduras (Conexihon).- Los procesos penales contra defensores y defensoras de la tierra, resurgen sin previo aviso. Esto le ocurrió a Julio César Canales Torres al ser capturado la mañana del pasado sábado en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, al sur del país, producto de la reactivación de una orden de captura emitida en el año 2007.

Canales Torres fue detenido cerca de las nueve de la mañana en el Puerto de la Brea, mientras se embarcaba para ir ver a su madre a Zacate Grande. Una patrulla y un comisionado de Policía frenaron su destino y le leyó en el celular una orden de captura.

“No le presentó nada más, tampoco hubo orden de captura en el juzgado, había una pero de ya tiempos y no estaba allí”, aseguró su hermano Pedro Canales, quien es presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), y que también es criminalizado por defender la tierra de las pretensiones de acaparamiento de terratenientes como el ya fallecido Miguel Facussé Barjúm.

El líder campesino permaneció por siete horas en la de la estación policial de Nacaome, hasta las cinco de la tarde que se le realizo la audiencia de declaración de imputado y salió libre con la medida cautelar de presentarse a firmar cada lunes el libro de registro del Juzgado del municipio.

De acuerdo con su hermano Pedro, la familia de Julio Cesar tuvo que recurrir a un abogado privado, ya que la defensa pública les generó desconfianza al notar la intención de poner en prisión al afectado. También hubo monitoreo permanente de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Julio César Canales forma parte de las estructuras del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), así como del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Además de ser reconocido por el parentesco familiar con Pedro, su hermano.

Hace diez años, un grupo de pescadores de La Brea, construyeron una borda para la producción de camarones y sal, en esa ocasión fueron desalojados y no hubo seguimiento por el juzgado. Sin embargo, una demanda interpuesta por la pareja de esposos Pilar Maldonado y Carmela Pineda, dio paso a un proceso que sólo se le interpuso a Julio Cesar, relató Pedro Canales.

La criminalización contra líderes y lideresas en las comunidades de la zona sur tiene su repunte desde el año 2010, cuando siete personas fueron procesadas por el delito de usurpación del predio donde opera la radio comunitaria “La voz de Zacate Grande”. Por el mismo delito, 27 campesinos fueron señalados en la región, y no fue hasta diciembre de 2016 que recibieron sobreseimiento por prescripción del término.

Un tercer proceso por usurpación en la comunidad de Playa Blanca, fue incoado contra Abel Pérez, Santos Hernández y Tomas Cruz. El juicio terminó el mes pasado y aún esperan resolución. En el caso de los dos primeros, fueron puestos en prisión por incumplir la medida cautelar de presentarse a firmar, ya que no contaban con los recursos para trasladarse hasta La Isla del Tigre, donde están el Juzgado de Letras de Amapala.