Tegucigalpa/San Pedro Sula, Honduras (Conexihon).- A menos de 24 horas para la consumación de la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, la Coalición contra la Impunidad
presentó un informe donde registra 33 asesinatos contra la ciudadanía, más de 200 personas heridas y 117 judicializadas.
El informe “Honduras: Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral”, presentado simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, responsabiliza como “autores materiales” a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), la Secretaria de Seguridad a través de la Policía Nacional, y Dirección Policial de Investigación (DPI).
“Después de 60 días de crisis para los derechos humanos, es alarmante comprobar como la institucionalidad no responde o reacciona ante tantos atropellos a la vida y la dignidad de las personas que manifiestan su oposición al fraude electoral”, denuncia la Coalición en el informe.
Apoyados en cifras que maneja el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Coalición detalla 34 familias desplazadas por violencia, siendo los departamentos de Atlántida, Choluteca, Francisco Morazán y Yoro, dónde se registran dichas reubicaciones en el periodo post electoral.
Las campañas de desprestigio contra líderes y lideresas sociales, también formaron parte de esta ola de violencia post electoral.
Dichos ataques, según el informe se manifiestan en persecución, vigilancia, seguimiento, intimidación, amenazas a muerte, difamación, calumnias entre otras.
Papel “deficiente” del Mecanismo de Protección
Solicitudes de protección rechazadas, un silencio que se impone ante los asesinatos y diversas violaciones a los derechos humanos; así establece el papel del Mecanismo Nacional de Protección defensores y defensoras durante los más de 60 días de represión a la ciudadanía que se opone al continuismo.
La Coalición contra la Impunidad reportó la negativa de protección para el abogado Joaquín Mejía, quién el pasado 17 de diciembre reportó a esta Unidad, amenazas contra su vida por medio de redes sociales, mensajes de voz y vía telefónica.
“El Mecanismo no admitió su caso debido a que en su análisis omitió la presunción de el riesgo se vinculara a la actividad de defensoría”, expone el Informe, aún y cuando Mejía es reconocido por sus aportes teóricos en la materia.
Otros casos desatendidos por el Mecanismo de Protección fue la solicitud colectiva de Ángel Rivera, Bartolo Fuentes, Osmary Godoy y Karina Flores, tras ser objeto de una campaña de desprestigio en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.
Finalmente el rechazo fue impugnado y posteriormente admitido pero sólo acreditaron un enlace policial, siendo ésta, inadecuada por el papel represivo de las fuerzas policiales hacia la ciudadanía en protesta.
Otro de los casos que detalla el Informe, corresponde a Wilmer Paredes, en el departamento de Atlántida. Siento este miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), reportó al coordinador de la organización, Martín Fernández seguimiento por desconocidos y este último reportó vía teléfono al Mecanismo para brindar su respaldo.
“El Mecanismo es sólo para defensores, para beneficiarios, eso dice la ley”, fue la respuesta recibida. El 01 de enero, Paredes fue asesinado.
La imposición de la fuerza policial-militar, el control absoluto de la institucionalidad por los grupos políticos, empresariales y militares le hacen los honores a quien mañana sábado se impondrá ilegalmente en el poder, mientras un país se moviliza y se desangra.
