Libertad de expresión no tiene cupo en agenda legislativa

Libertad de expresión no tiene cupo en agenda legislativa

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Hace un mes que en los pasillos del Congreso Nacional (CN),  pasea un paquete de reformas al Código Penal en aras de combatir la extorsión y el terrorismo. Al momento de su discusión y aprobación se colocó un agregado al artículo 335-B que establece una censura a quien “hiciere apología del odio a través de medios de comunicación”.

Dichas reformas fueron aprobadas por el Poder Legislativo en la tarde del 22 de febrero de este año y ratificadas por el presidente del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, cinco días después. La propuesta de incluir este aparatado en el artículo en mención, sigue la línea desde el Partido Nacional (partido en el poder), al ser propuesta por el jefe de la bancada, Óscar Álvarez.

Mientras se realizó una serie de reuniones privadas entre la Junta Directiva del Parlamento hondureño y representantes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), para buscar una salida a la reforma lesiva a la libertad de expresión, varias organizaciones de derechos humanos interpusieron una acción ante la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Persiguió un largo asueto para que la mayoría de los y las congresistas (o quienes aspiran a una reelección al interno del CN) participaran en el proceso electoral primario del pasado 12 de marzo. Al convocarse a retomar las sesiones para el 28 de marzo, la misma se aplazó para el día siguiente luego de que en el hemiciclo se considerara prioritario seguir el partido de futbol entre las selecciones de Honduras y Costa Rica.

"Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, debe ser sancionado con pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión", reza textualmente el agregado B al articulo 335.

Desde el 27 de febrero pasado entró en vigencia un paquete de reformas al Código Penal en materia de terrorismo y combate a la extorsión al ser publicadas en el diario oficial “La Gaceta”  en su emisión número 34, 276.

La solución “elegante y caballerosa” que nunca llegó

En una serie de encuentros a puerta cerrada, la directiva del CPH y una comisión especial del Poder Legislativo, acordó días después a la aprobación de las reformas, crear una comisión técnica para “una nueva redacción del artículo”, de acuerdo a las declaraciones públicas hechas por el titular del CN, Mauricio Oliva.

Hasta ese momento no se hablaba de una derogación del mismo.

El periodista Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH en esa comparecencia en la sede del Legislativo, expresó a los medios de comunicación su satisfacción por el compromiso asumido por las autoridades legislativas y agregó que se mantendrían vigilantes de los avances.

Sin embargo este “pacto de buena fe” entre el CPH y el Congreso Nacional, agotó la paciencia que venía sosteniendo el ente gremial y en las últimas horas emitió un comunicado en el que establecen que tomarán acciones ante  la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para lograr la derogación del artículo 335-B.

“La aprobación del articulo 335-B es ilegal porque no siguió el procedimiento que establece el artículo 219 de la Constitución de la República, el cual refiere que siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal”, expuso el CPH en un comunicado de prensa.

De acuerdo al documento, ahora la postura de los agremiados y agremiadas del CPH, es de la derogación total ya que violenta garantías constitucionales y convenios internacionales ratificados por Honduras.

APH exige derogación total del artículo

En un documento presentado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), los y las integrantes de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), también rechazan el agregado a las reformas del Código Penal, así como a cualquier otro intento de violentar la libertad de expresión.

Por lo que, exigieron al Congreso Nacional la “derogación total” del artículo 335-B.

“La APH rechaza, con firmeza, cualquier intento de violentar la Libertad de Expresión y exige al Congreso Nacional la derogación total del artículo 335-B, agregado en forma maliciosa a la reforma del Código Penal”, establece el comunicado entregado al ombudsman hondureño, Roberto Herrera Cáceres.

Añade, que la APH no acepta ni reconoce negociaciones verbales con quienes, a espaldas de los intereses del pueblo, introducen leyes lesivas que violentan preceptos constitucionales y garantías individuales contemplados en la Constitución.

SIP llama a Honduras a derogar el 335-B

En las conclusiones de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicadas ayer, está el llamamiento a las autoridades hondureñas para que deroguen el artículo en mención.

Cualquier legislación que pretenda regularizar en este caso los delitos de terrorismo debe "ajustarse a los estándares internacionales para que no tengan efectos sobre la libertad de expresión", dijo la asamblea de la SIP.

De acuerdo con este ente en el que participan los empresarios de medios de comunicación a nivel del continente, Honduras todavía experimenta altos índices de violación a la libertad de prensa, libertad de expresión y de acceso a la información pública, así como de impunidad en crímenes contra periodistas.

En la agenda legislativa queda demostrado que no existe un cupo para velar por el derecho a la libertad de expresión e información. Las y los periodistas, comunicadores sociales se enfrentan a una sanción de cuatro a ocho años de prisión, al acusarles de hacer apología del odio contra el poder.