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Pese a la existencia de este título ancestral que acredita la pertenencia del pueblo tribal, el general en condición de retiro Oscar Finlander Armijo Ucles ha mantenido una disputa territorial con la tribu San Francisco fundamentando la existencia de un título supletorio de terreno, lo que ha llevado a que la familia indígena Cordova-Soto, fuera desterrada de su territorio, producto de las constantes amenazas y la destrucción de su cultivos por parte del general retirado.

Luego del golpe de Estado de 2009 el conflicto se ha profundizado, por un lado el Consejo Directivo de Tribu y las Instituciones hondureñas, han cedido derechos sobre los bosques de pino y el territorio tribal, a través del otorgamiento de Planes de Manejo y concesiones mineras, de forma inconsulta e ilegítima lo que ha generado, por otro lado, que el Consejo Preventivo de Tribu, se organice en defensa del territorio y los bienes comunes naturales ejerciendo acciones de defensa y protesta pública y pacífica.

La criminalización como herramienta del Estado- extractivismo

En febrero de 2010 fueron criminalizados 8 indígenas tolupanes, imputándoles el delito de Obstaculización a un Plan de Manejo Forestal. Por este mismo caso, el 16 de marzo de 2010, el empresario Kenton Gerardo Landa Uclés solicitó a la policía de la ciudad de Yoro la continuación de acciones penales en contra de los indígenas José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute, por suponerlos responsables del delito de obstaculización de un de Plan de Manejo Forestal.

En enero del año 2012, nuevamente el empresario Kenton Gerardo Landa Uclés emprendió otro proceso judicial, esta vez contra tres líderes indígenas integrantes del MADJ, para el mes de febrero de ese mismos año una jueza decreta auto de prisión contra los lideres indígenas, José María Pineda, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización a la ejecución de plan de manejo o plan operativo forestal aprobado por el ICF, en perjuicio de la Industria Velomato.

Para el mes de mayo de 2013, tras la apelación interpuesta por los abogados del Movimiento Amplio contra la resolución que decretaba auto de prisión para nuestros compañeros, la Corte dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los 3 líderes indígenas. En ambos procesos fueron finalmente absueltos de los cargos reconociéndose la legitimidad de las protestas y actos de control indígena cuando se violenta la Consulta y el Consentimiento Previo. 

Asesinatos en contra del pueblo Tolupán

En 2013 se agudizó la extracción ilegal de madera por parte de empresarios madereros quienes impusieron tales explotaciones haciendo uso de la Policía Nacional Preventiva, el Ministerio Público y sicarios de la ciudad de Yoro. Todo ello, conllevo a que gran parte de la población indígena de la tribu San Francisco Locomapa realizara actividades de protesta dentro de su territorio, y el 25 de agosto de ese año, sicarios al servicio de los intereses de empresarios, asesinaron a los líderes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, tres reconocidos defensores del territorio en la tribu, este hecho se dio cuando la y los indígenas llevaban más de 10 días de protesta y resistencia pacífica en defensa de sus bienes naturales. Por este crimen fueron detenidos dos autores materiales, uno de ellos fue asesinado y el otro sigue en proceso judicial abierto.

A causa del triple asesinato, luego de agotar todas las vías administrativas del Estado hondureño, las comunidades de la tribu San Francisco comparecieron ante la instancia internacional. El 19 de noviembre del 2013, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares de protección a favor de más de 35 integrantes de la tribu San Francisco Locomapa, las cuales fueron otorgadas el 19 de diciembre del mismo año y consignadas bajo el número de caso MC 416-13.

Hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con el mandato de proteger y garantizar los derechos de esta comunidad indígena. En 2015 fueron asesinados por defender el ambiente y territorio tribal, mediante dos hechos distintos, los compañeros indígenas y beneficiarios de medidas cautelares Erasimo Vieda Ponce y Luis de los Reyes Marcía y en 2016 también fue asesinado el beneficiario Santos Matute en similares condiciones.

El Campamento Digno: La resistencia permanente

A raíz de la amenaza que se explotara de manera inconsulta madera dentro del territorio tribal de San Francisco Locomapa los integrantes del Consejo Preventivo de Tribu y los núcleos del Movimiento Amplio el 02 de octubre de 2017 se instalaron en asamblea permanente a través de un acto de control territorial indígena denominado “El Campamento Digno Tolupan por la Defensa del Bosque y el Territorio” mediante el cual se pretendía frenar cualquier ingreso al territorio de la tribu de maquinaria para corte y traslado de madera.

El 16 de febrero de 2018 se reactivó el Campamento Digno Tolupan tras el inicio de la explotación inconsulta de madera de pino y el ingreso arbitrario al territorio tribal de varios camiones propiedad de la empresa INMARE S. de R.L, desde entonces, el Campamento Digno ha sufrido constantes ataque por parte de los trabajadores de la referida empresa maderera, integrantes del Consejo Directivo de Tribu y el presidente de la FETRIXY, Noé Adalberto Rodríguez. Además, se tiene conocimiento que Selin Eleazar Fúnez Bonilla, uno de los autores y responsables del triple asesinato del 25 de agosto de 2013, está brindando seguridad en el sitio de explotación de madera en la comunidad de San Blas.

Una larguísima lista de ataques corresponde a los sufridos por el Campamento desde su instalación hasta la fecha. A pesar de eso, se mantiene firme en su convicción de proteger el territorio ancestral.

Todas estas amenazas, físicas y verbales que se desarrollaron durante todos estos años, culminan El 25 de febrero de 2019, con el asesinato en horas de la mañana los ciudadanos indígenas y beneficiarios de medidas cautelares Juan Samael y José Salomón Matute quienes fueron ultimados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado, hasta la fecha no se tiene ningún avance en la investigación, pese a las reiteradas peticiones promovidas desde el equipo legal del Movimiento Amplio, esto ha producido que la familia de los hoy occisos se encuentren desplazadas y desterradas de su territorio como medida para salvaguardar su vida.

El incremento alarmante de ataques

Las y los integrantes del Campamento Digno Tolupan el 15 de octubre de 2018 recibieron un ataque y varias amenazas de integrantes del Consejo Directivo de tribu y ciudadanos indígenas en estado de ebriedad quienes les golpearon e intimidaron, conminándolos de muerte a varios de los integrantes del Campamento. El 26 de noviembre de 2017 ha causa la inseguridad que sufrían los integrantes del Campamento y la falta de cumplimiento por parte del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad de las medidas cautelares de protección de carácter policial consistentes en acompañamiento policial permanente en el Campamento Digno Tolupan y los patrullajes periódicos en el territorio tribal, se decidió suspender el Campamento Digno.

Pese a los incesantes sufrimientos, despojos y vulneraciones de las que han sido objeto los defensores del territorio del pueblo Tolupan, El Estado de Honduras ha incoado un nuevo proceso de criminalización contra seis defensores y tres defensoras, imputándoles nuevamente el delito de Obstaculización de un Plan de Manejo Forestal. Profundizando aún más, la conflictividad y condenando a los luchadores y luchadoras del territorio a la estigmatización permanente, desmovilizando la protesta pacífica y vulnerando aún más los derechos de los pueblos originarios a la autodeterminación.


Una nueva ola de criminalización y la incapacidad del Estado en implementar medidas cautelares. En este tercer proceso de criminalización, el 24 de junio de 2019 a partir de las 9:00 am en las instalaciones de los Juzgados de Letras de Yoro, las 9 autoridades indígenas del Consejo Preventivo e integrantes del Movimiento Amplio enfrentarán la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Mientras tanto, para las familias de Salomón y Samael Matute, el desplazamiento y el destierro de su territorio ha sido la única salida frente a los ataques y amenazas directas, incrementadas a partir del 25 de febrero.

Ellas/ellos, al igual que el resto de beneficiarias de las medidas cautelares así como la población de la tribu en general, continúan esperando que su seguridad y la preservación de su vida frente a los riesgos, sea objeto de interés real para las autoridades hondureñas.

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A dos años del arranque de la construcción del Parque Fotovoltaico “Los Prados” dos procesos legales se iniciaron en contra de al menos 25 pobladores, de cinco de las comunidades afectadas quienes han sido acusados por e supuesto delito de coacción en contra de empleados de las empresas, al instalar un campamento pacífico que fue incendiado brutalmente.

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