Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El ex jefe policial Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, es señalado por el delito de lavado de activos, tras una acción ejecutada la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), este martes.

El Ministerio Público (MP), por medio de un comunicado anunció una serie de acciones como el aseguramiento de 31 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios a un alto oficial activo de la Policía Nacional y su núcleo familiar.

"De acuerdo a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justifica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el sueldo devengado de 2012 a 2017, de 55 mil 349 lempiras (55,395.21)", detalló.

Además de los aseguramientos, se mencionó un requerimiento fiscal contra seis policías activos y tres que fueron depurados, acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho, informó el Ministerio Público.

A Mejía Tinoco, ex jefe policial en Choluteca, se le incautaron siete viviendas (dos de ellas en la colonia Serán, de San Pedro Sula), cuatro automóviles y el congelamiento de 20 cuentas bancarias tanto a él, así como a su familia. En una de las viviendas se encontró un lote de medicamentos y demás insumos médicos.

Lorgio Mejía Tinoco, sobrevivió al proceso de depuración al ser parte de los 67 sub comisionados ratificados por la Comisión Especial de Depuración policial, en mayo de 2016. A inicios de este año, fue ascendido a Comisionado por le Congreso Nacional.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del Comisionado. En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, aseguró que “no permitirán que ningún miembro de la institución participe en actos ilícitos”, sin mencionar el caso que se le sigue al Sub Comisionado Mejía Tinoco.

Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, expresó en declaraciones que reproduce Diario La Prensa que en 18 años dentro de la institución policial, el hoy perseguido por la justicia "su trabajo fue profesional y eficiente". Al tiempo que catalogó como especulación la información que ya trascendía en distintos medios de comunicación.

En la actualidad se desempeña como responsable del departamento de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad.

El caso contra Ariel D'Vicente

En febrero de 2014, el periodista Ariel D’Vicente denunció que el entonces ex jefe de la policía en el departamento de Choluteca (Mejía Tinoco) y policías bajo su mando, estaban implicados en el tráfico ilegal de ganado entre Centroamérica y México.

A raíz de esta denuncia, D’ Vicente fue querellado por el entonces jefe policial. Acción que se concretó con la condena a tres años de prisión por el delito de “expresiones constitutivas de calumnias”, de acuerdo con el fallo del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, emitido el 26 de junio de 2016 y que denuncia en su alerta 147-16 el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

D’Vicente, además fue inhabilitado para el ejercicio periodístico y condenado a “pagar todos los gastos ocasionados durante el juicio al entonces demandante. En ese momento era director y presentador del programa informativo “Prensa Libre”, transmitido por el canal independiente Libertad TV, en la zona sur del país. El caso se encuentra en casación.

Para Reporteros sin Fronteras (RSF), organización defensora de la libertad de expresión, condenó que en Honduras existiera un clima cada vez más hostil para el trabajo de la prensa, cuestionando lo que llamaron "intentos de las autoridades de hacer callar a los periodistas que les molestan". 

Dos años después de esta sentencia, la investigación hecha por fiscales de la UF-APOL y ejecutada por miembros de la ATIC, detalla que entre 2012 a 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.

Tales sobornos se intensificaron, de acuerdo con el Ministerio Público cuando el investigado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policia en Choluteca. La investigación encontró que los pagos eran realizados en efectivo "mismos que se entregaba en los diferentes puntos de control como ser: Pavana, El triunfo, Namasigue y en algunas ocasiones en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca".

Para cometer este hecho, de acuerdo con la investigación de la UF-ADPOL, se conformó una estructura criminal tanto el entonces jefe departamental policial , así como miembros de la Unidad departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI): a esta red se suman un subcomisionado y un comisario ya depurados.

En el marco de esta operación, ya fueron capturados un subcomisionado depurado y dos policías activos.

 


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