Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Coalición contra la Impunidad, condenó este jueves la aprobación de la última legislatura del Decreto 141-2017, que contempla la reforma del

artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto, misma que denunció la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) como un “Pacto de Impunidad”.

En conferencia de prensa, comparecieron, en nombre de la Coalición contra la Impunidad las defensoras y los defensores Edy Tábora (C-Libre); Wilfredo Méndez (CIPRODEH); Berta Oliva (COFADEH); Gilda Rivera (CDM), Guillermo López Lone (AJD) y Wilmer Vásquez (Red COIPRODEN).

La reforma fue aprobada, con dispensa de dos debates el pasado 18 de enero, al cierre de la legislatura (2014-2018), en la que según denuncia publica hecha por la MACCIH, impide la investigación de actos de corrupción entre 2006 a 2018 del Ministerio Público y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (UFECIC) y traslada facultades al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una auditoria por el termino de tres años, en los que no podrían ejercer acción penal, civil o administrativa contra quienes se les siga investigación.

La Coalición contra la Impunidad recordó que no es la primera vez que el Congreso Nacional, por medio de la bancada del Partido Nacional, “pactan con la corrupción y la impunidad” y mencionaron la aprobación de la Ley de Secretos en enero de 2014 y la rebaja de penas en delitos de corrupción en el nuevo Código Penal en agosto de 2017.

El espacio de organizaciones defensoras de derechos humanos catalogó esta reforma como “una burla de la peor calaña por parte de la clase política gobernante con características de criminalidad organizada contra el pueblo hondureño”.

De igual forma, la Coalición solicitó a la MACCIH muestre en los próximos días, la identidad de los 60 diputados, funcionarios, ex funcionarios y representantes de Ong´s que están siendo investigados por esa institución por actos de corrupción.

“Esperamos que la MACCIH sea coherente con su mandato frente a estos obstáculos que le inhabilitan para cumplir con sus acciones de combate a la corrupción y de no superarlos será mejor su retiro del país”, dijo la Coalición contra la Impunidad.