Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Por unanimidad de votos, el Congreso Nacional derogó en la noche del miércoles, veinte de abril, la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), un polémico proyecto, que fue aprobado en el año 2013 y que en el poco desarrollo que alcanzó causó graves violaciones a los derechos humanos, criminalización de la protesta y pérdida de territorios ancestrales.

Tal como fueron concebidas las ZEDEs serian instaladas en áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de su seguridad y de su propia justicia. Es decir, contarían policía privada, tribunales de justicia internos y sistema de recaudación de impuestos.

Ante tal situación, conocedores de la materia indican que las ZEDEs violentaban la soberanía nacional, la forma de gobierno, la independencia judicial y la autodeterminación de los pueblos. 

Las ZEDEs tienen origen en el Decreto 283-2010 de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas como “ciudades modelo” que fue aprobado por el Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández, a petición del entonces Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Esta legislación reformaba los artículos pétreos 304 y 329 de la Constitución, pero en el 2012 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, en una resolución que provocó la destitución ilegal de cuatro de los cinco magistrados que conformaban la Sala de lo Constitucional.

El 12 de diciembre del 2012 el Congreso Nacional destituyó de forma ilegal a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional, que votaron en contra de las ciudades modelos. Ellos son, José Antonio Gutiérrez Navas, Rosa Linda Cruz de Williams, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Francisco Cruz Gaekel.

De los miembros de la Sala, sólo Oscar Fernando Chinchilla, votó a favor de las ciudades modelos y posteriormente, el mismo Congreso lo premió con el cargo de Fiscal General del Estado.

Los magistrados destituidos fueron reemplazados con profesionales del derecho afines del gobierno nacionalista y ellos no solo permitieron la aprobación de una nueva legislación favorable a las ciudades modelo o ZEDEs, sino también fallaron a favor de la relección ilegal de Juan Orlando Hernández, en la Presidencia de la República. 

El 24 de enero del 2013, mediante el Decreto 236-2012 el Congreso Nacional reformó los artículos constitucionales pétreos, 294, correspondiente a la división del territorio, 303 de la impartición de Justicia y el 329 del desarrollo económico, que fueron ratificados el 12 de junio del 2013, con el Decreto 120-2013 contentivo de la Ley de las ZEDEs.

Luchas contra las ZEDE

Desde el inicio este proyecto considerado por la población como un instrumento de despojo, fue rechazado por organizaciones políticas, sociales, religiosas, gremiales y comunitarias, que   se movilizaron en contra en distintas regiones del país. Ellos manifestaban afecciones en temas de territorio, bienes comunes, racismo, derechos humanos, medio ambiente y autonomía municipal, entre otros.

La lucha contra las ZEDEs involucró además de organizaciones de la sociedad civil, a entidades como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a empresas privadas que impulsaron iniciativas ciudadanas y recursos de inconstitucionalidad, acompañando a organizaciones comunitarias que presionaban con tomas carreteras, movilizaciones pacíficas, conferencias de prensa, foros y plantones.

La derogación de las ZEDEs también fue compromiso de campaña de la presidenta, Xiomara Castro, quién al asumir su mandato nombró al economista, Fernando García, Comisionado Presidencial para la Abolición de las ZEDEs.

Sin embargo, el gobierno de Juan Orlando Hernández y empresarios avanzaron hasta el último día, con la intención de instalar las ZEDEs en Roatán y La Ceiba, Choloma, Trujillo y San Marcos de Colón.


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