Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Coalición Contra la Impunidad (CCI) presentó un informe donde sistematiza el manejo de los recursos públicos destinados a combatir la pandemia por COVID-19 así como el registro de violaciones de Derechos Humanos (DDHH) en el marco de la crisis sanitaria. http://clibrehonduras.com/images/Doc/Informe_CCI_Covid19_Gestin_Estatal.pdf
El informe denominado “La profundización de la crisis de Derechos Humanos en Honduras derivada de la gestión del COVID-19”, muestra una cronología de las actuaciones estatales sobre el manejo de la crisis sanitaria.
Dicho informe enfatiza que el 15 de marzo el presidente de la República en Consejo de Ministros, aprobó e implementó inmediatamente el Decreto Ejecutivo Número PCM021-2020, Decreto aprobado bajo el argumento, “Que estas medidas extraordinarias se hacen necesarias para la contención a nivel nacional para contener la propagación y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas y salvar vidas”.
A partir de esa fecha, según la CCI, a partir del PCM 021-2020, la suspensión de derechos fue declarada por un término de siete días, pero en la actualidad se mantiene vigente a través de decretos que se han ido extendiendo.
La pandemia, justificación para la suspensión indebida de derechos
En el Capítulo I del informe la CCI “Abordaje General del COVID-19 en Honduras”, señala las directrices internacionales que los Gobiernos debían tomar en cuenta sobre el manejo de la pandemia. Además de reflejar la respuesta nacional en la emergencia sanitaria y la suspensión de garantías constitucionales.
En referencia, Ligia Ramos, Doctora e integrante de la Plataforma de la Defensa de la Salud y Educación, quien participó en uno de los foros realizados por la CCI, expresó que “el abordaje para la emergencia COVID no ha sido el adecuado, hemos visto como personas que no tienen la educación para abordar esto es la que ha tomado decisiones, hemos visto como se le ha quitado a la Secretaría de Salud el poder de regir un problema sanitario tan grave y se le ha dado pie a que otras instituciones estén tomando decisiones”.
Entre los hallazgos más relevantes del primer capítulo la CCI describe que el estado ha utilizado la pandemia para justificar un enfoque en seguridad y la suspensión indebida de los derechos constitucionales. “Esto ha resultado en la supresión de los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo, el derecho a la protesta y la falta de acceso a justicia”
En el Capítulo II el CCI se refiere a “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el marco de la emergencia sanitaria”, en el que apunta que cuando la pandemia COVID-19 golpeó el país, el sistema de salud hondureño no estaba preparado para responder adecuadamente.
Los hallazgos que la CCI enmarca en el segundo capítulo son, la aplicación de medidas de confinamiento sin ningún estudio ha afectado negativamente a los millones de hondureños que sobreviven del trabajo diario, otro de los hallazgos reflejados es que antes de la crisis sanitaria, las organizaciones y organismos nacionales e internacionales de distintos sectores e intereses informaron repetidamente sobre la falta de protección del derecho a la salud, a la alimentación, el derecho al trabajo digno, y la situación precaria de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, de las personas adultas mayores y pueblos indígenas, y la falta de cumplimiento de los derechos humanos en general.
Sobre la temática de educación se refleja el hallazgo, la niñez se encuentra frente a un formato de educación virtual para lo cual el Estado no ha hecho absolutamente nada para garantizar la falta de conectividad o los aparatos tecnológicos.
Violación de derechos de los grupos vulnerables
El Capítulo III la CCI lo denomina “Grupos de especial vulnerabilidad en el marco del COVID-19”, en este capítulo hace alusión a las obligaciones que deben tener los Estados integrantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), frente a grupos en especial situación de vulnerabilidad, y como estos grupos vulnerables se han visto afectados en tiempo de pandemia en Honduras.
Los grupos vulnerables son descritos como mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, Pueblos Indígenas, personas afrodescendientes, personas LGTBI, personas privadas de libertad, personas con discapacidad y Personas migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas, apátridas, víctimas de trata de personas y personas desplazadas internas.
Sobre los hallazgos en dicho capítulo del informe la CCI refleja las violaciones que han sufrido en tiempo de pandemia los grupos vulnerables, sobre ello el informe textualmente indica, “La medida de suspensión de derechos fundamentales y el confinamiento, dentro de sus múltiples impactos ha colocado a estas poblaciones y a la población hondureña en general en una situación de vulnerabilidad en cuanto a su derecho de acceso a la justicia, ya que las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de emergencia ocurren ante una institucionalidad pasiva, con serias limitaciones para responder a las denuncias y demandas de la ciudadanía desde el teletrabajo”
También el informe refleja como hallazgo en este capítulo el alarmante incremento de violencia contra las mujeres en tiempo de pandemia y la ineficacia de las medidas adoptadas en la reducción de casos y de impunidad.
La representante del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Regina Fonseca, opinó sobre el tema en uno de los foros “Las muertes violentas contra mujeres no han parado, estamos en confinamiento con el agresor, no sabemos si se ha detenido la violencia contra las mujeres, la opacidad que hay a registros de violencia se ha reducido sustancialmente por la llegada del COVID, estamos hablando de un déficit de la democracia que está al servicio de la gente”.
Regina, añadió que el Estado sigue sin responder a las necesidades de la población entre ellas a la alimentación y educación “Tenemos un Estado que sigue sin responder a las necesidades de la población en general, son poblaciones que no se les asegurado la alimentación mínima, la segregación escolar que no se pudieron conectar porque no tienen posibilidades”.
Obstáculos para la defensa de DDHH y Libertad de Expresión
En el penúltimo capítulo la CCI describe “El espacio Cívico y la Defensa de los Derechos Humanos”, en las temáticas incluye acceso a la información en tiempo de pandemia, la defensa de los DDHH, la veeduría social del manejo de la pandemia que incluye la protesta social y la Libertad de Expresión.
Como hallazgos relevantes la CCI cita en este capítulo “El trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos ha encontrado serios obstáculos a pesar de ser determinante en contextos de estados de excepción y para la subsistencia del Estado democrático en general”.
El Investigador, Abogado y Defensor de DDHH, Joaquín Mejía, hablo sobre los hallazgos encontrados en el informe de la CCI, al respecto dijo “El COVID encontró un país débil en institucionalidad democrática, respeto a la legalidad e independencia judicial, un país muy peligroso pese al enorme gasto militar, un país que ocupa el primer lugar de América Latina en Impunidad y el segundo a nivel global”.
Mejía, expresó que el trabajo de defensa de DDHH ha encontrado una serie de obstáculos frente a este estado de excepción cuando se suspenden derechos “Es importante mencionar que la secretaria de DDHH, CONADEH y el Mecanismo han guardado silencio ante esos obstáculos que se han encontrado en la defensa de DDHH”.
Además el informe refleja en el presente capítulo las violaciones a la Libertad de Expresión “Los periodistas y organizaciones que trabajan la defensa de la libertad de expresión, de manera constantemente han denunciado a través de las redes sociales violaciones al derecho al trabajo de las y los periodistas, con lo que se vulnera gravemente el derecho a la libertad de expresión”.
Sobre este tema el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) realizó el Foro “COVID 19: Nuevos Retos para Voces Libres”, donde los periodistas coincidieron que la Pandemia por COVID-19 aumento la vulnerabilidad en agresiones y restricciones a periodistas.
La CCI nombra su último capítulo como “Medidas Económicas, Transparencia y Rendición de Cuentas”, en el cual refleja la contratación estatal y autorización de endeudamiento y la respuesta estatal frente a las denuncias de irregularidades frente al manejo de la pandemia.
Como hallazgo la CCI en este último capítulo publicó que la emergencia sanitaria ha sido aprovechada por las redes de corrupción para malversar fondos públicos, y eso ha provocado la indignación ciudadana a tal punto de haberse convertido como un veedor y denunciante permanente de los actos de corrupción estatales, y que el Gobierno ha respondido estas denuncias con agresiones y criminalización.
Gustavo Irías, representante del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en su participación en el Foro sobre corrupción, manifestó “Realmente la corrupción no es un problema que viene con el COVID, la corrupción es un problema histórico en el país”.
“Un hecho que no podemos obviar es el movimiento de la ciudadanía indignada en el 2015, demandando salidas instancias internacionales producto de esta lucha llega la MACCIH, es un organismo que viene a develar como opera la corrupción en el país, a partir de ese entonces ha habido un comportamiento de la ciudadanía en cuanto a la corrupción” agregó, Irías.
Por último la CCI plasma en su informe una serie de recomendaciones en resumen a varias instituciones entre ellas están; Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, CONADEH, incluye dentro de las recomendaciones a los organismos financieros internacionales y a los países cooperantes.
Finalmente dentro de las recomendaciones la CCI exige a los entes que respeten la labor de los defensores de DDHH y periodistas, desmilitarizar la gestión de la pandemia y vigilar y exigir el cumplimiento al derecho a la salud, educación y otros derechos sociales.
