Por: Javier Suazo

“El proceso de centralización del poder burocrático, tan común en nuestra región no es casual. Es, en realidad, expresión de la necesidad de concentración del poder que tienen las élites, una forma de impedir la participación social en la decisión política”.

Carlyle Guerra de Macedo, exdirector de OPS

Las instituciones públicas tienen competencias privativas, lo que permite asignar recursos a aquellos planes, programas, proyectos e iniciativas orientadas a solucionar los problemas que aquejan a la población en el ámbito de estas competencias. En salud, por ejemplo, la competencia otorgada a la Secretaría de la Salud, es la de rectorar el sector salud, que implica coordinar instituciones, organizaciones y demás actores involucrados, definir y aprobar políticas y estrategias, aprobar programas y proyectos, y monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas; otras.

Con la aprobación y ejecución del programa de ajuste económico y cambio estructural en 1990, las competencias privativas, en el caso particular de Honduras, han sido violadas por el Ejecutivo, Congreso de la República y Agencias de Cooperación, al permitirse la vigencia de competencias concurrentes, o sea una competencia privativa prestada por otra (s) institución y/o organización, no por la Titular de esta; en el caso particular de salud, la titular de la competencia es la Secretaria de Salud.

El mecanismo para violar competencias públicas es la promulgación de decretos ejecutivos y leyes de emergencia que, en su mayoría, dan vigencia a comisiones interinstitucionales, muchas de las cuales son lideradas en la práctica no por el titular de la competencia, sino por un exdiputado, exministro, director de una ONGs o un empresario, asesorado por técnicos de una agencia cooperante. Otra violación es la aprobación de estrategias, programas y proyectos, montados al margen de la institucionalidad establecida, operando con autonomía técnica, presupuestaria y financiera.

Se asume que la (s) Comisión creada será mas eficiente que las instituciones publicas involucradas, e incluso, menos corrupta. En Honduras, hay evidencia de lo contrario, o sea de un fuerte comisionismo burocrático corrupto y antidemocrático, cuyo propósito no es mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo del sector, sino develar estas ineficiencias con el propósito de privatizar los servicios de atención pública, tapar los actos de corrupción de funcionarios públicos ligados al partido de gobierno y fortalecer el centralismo burocrático- autoritario.

Hay comisiones en educación, vivienda, transporte, empleo, seguridad, inversiones, competitividad, migración, sequia y cambio climático, derechos humanos, otras, por lo que titulares de las secretarias de gobierno han visto debilitado sus competencias, poder de decisión y presupuesto que es compartido con las Comisiones, una especie de gobierno paralelo liderado y controlado por el presidente de la República. A estas comisiones se suman las que existen dentro de los propios ministerios e instituciones descentralizadas, muchas de las cuales, denominados Consejos, han resultado infuncionales y/o están acéfalos (ejemplo el Consejo Nacional Agrario (CNA), Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA) y el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA). Pero también existen las comisiones legislativas, muchas de las cuales sustituyen funciones de las comisiones ejecutivos de gobierno.

Recién el presidente de la República declaró en estado de emergencia por 2 (dos) años el Sistema Nacional de Salud, y creó la Comisión Especial para la Transformación del Sector Salud (decreto ejecutivo pcm-026-2018), donde parte de sus funciones sustituyen las funciones o competencias asignadas al Consejo Nacional de Salud, que es presidido por el Ministro de Salud. En palabras del presidente Hernández, “Honduras se merece un Sistema de Salud que trate con dignidad a cada persona y que busque prevenir y curar enfermedades. En la historia el Sistema de Salud ha quedado en deuda (…) No vamos a avanza sino damos este importante paso en favor de atender de manera digna a los hondureños con un servicio incluyente e integral”.

La Comisión especial es presidida por el Ministro del ramo, Octavio Sánchez, e integrada con seis (6) miembros de la sociedad civil: Julieta Castellanos, exrectora de la UNAH, Pamela Molina, empresaria y miembros de la junta de dirección del Hospital San Lorenzo en la zona sur de Honduras, Amanda Madrid, destaca profesional de la salud, Alba Consuelo Flores, especialista en salud, Blanca Munguía, representante del proyecto Transformemos Honduras y Osvaldo Canales, pastor evangélico. La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, cuestionada por el Colegio Médico ya que se ha convertido en vocera del gobierno, actúa como observadora del proceso (con voz, pero sin voto).

No hay ninguna representación de los sindicatos de la salud ni del Colegio Médico o de enfermeras, en una coyuntura de diálogo político, lo cual le resta fuerza a la Comisión ya que muchas de las decisiones, en el marco del modelo neoliberal vigente, tendrán un impacto directo en sus luchas y conquistas gremiales. Igual billa por su ausencia, la representación del Colegio de Economistas de Honduras, que ayude a los demás miembros a comprender un poco el complejo mundo de la economía de la salud en un sistema global.

Desde ya, el Colegio Médico Hondureño (CMH) ha convocado a asambleas extraordinarias para protestar por la precaria situación que atraviesa el sector salud, donde no hay medicamentos en los hospitales, pero, sobre todo, por la ilegalidad del decreto de creación de la Comisión y los posibles efectos negativos de sus decisiones en la estabilidad laboral de los galenos y acceso de la población a los servicios de salud.

La Comisión de Salud evaluará al personal que labora en la Secretaria de Salud, parecido a la evaluación del personal de la Policía Nacional realizado por la Comisión Depuradora creada por JOH, analizará y evaluarà los informes de la situación de los hospitales públicos elaborados por los Directores de Hospitales y el Plan para salir de la crisis, teniendo la Comisión la potestad de definir el Plan Nacional de Salud (una competencia privativa del Consejo Nacional de Salud) y el nuevo Modelo de Prestación de Servicios, que por los vientos que soplan tiende a la desconcentración, terciarización y privatización, aun cuando el presidente Hernández dice que se busca contar con un sistema de salud gratis y eficiente, y garantizar una vida sana.

Este manto burocrático también invisibiliza las competencias en materia de planificación que tiene asignada la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), donde una de las funciones de la Comisión es elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Transformación del Sector Salud, el cual es de largo alcance, que debería servir de referencia para el Plan Nacional de Salud que también elaboraría y el modelo de prestación de servicios complementado con un modelo de reestructuración organizativa de la Secretaria de Salud. Para la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), de tendencia patronal, la Comisión será apoyada, pero tendrá su rechazo si va con fines privatizadores; pero, en la coyuntura actual ¿acaso hay espacio para un modelo alternativo de salud frente al modelo de más mercado y menos Estado?

En Honduras según cifras no oficiales, hay 6000 médicos, 1200 enfermeras profesionales y 2000 enfermeras auxiliares desempleados (El heraldo: 22/2018, pág. 6), lo cual se agrava cada año por el bajo crecimiento de la tasa de empleo (público y privado) y el aumento del número de profesionales de la salud que egresan cada año de las universidades y colegios profesionales especializados. El presupuesto de salud ha venido disminuyendo, ya que para 2018 no superó los 14,500 millones de lempiras, unos 600 millones de dólares al cambio actual. Esta problemática, sumado al creciente desempleo, pobreza, insalubridad, desnutrición, hambre, corrupción, impuestos, costos de los servicios públicos, inseguridad, presagian una crisis de salud de mayores dimensiones que la actual, y ameritan soluciones planificadas de largo plazo que integren a los instrumentos de planificación el concurso y aporte de todos los actores, principalmente de aquellos que adversan la gestión del gobierno.

El comisionismo burocrático es enemigo de la democracia por debilitar la institucionalidad publica y descentralización del Estado, fortaleciendo el autoritarismo centralista-burocrático, pero también su práctica afecta la visión de alternativas de desarrollo más endógenas, no importadas ni impuestas.

Tegucigalpa, DC, 28 de agosto de 2018

Tomado de Alainet

 


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