Honduras manifestó en las urnas y en las calles su profundo rechazo a la reelección presidencial. El nuevo proceso de elección del Fiscal General y su Adjunto, proponiendo a Óscar Chinchilla para la continuidad en el cargo, cercenan la esperanza de la sociedad hondureña en una lucha efectiva contra la corrupción y profundizan la crisis institucional dejada por el golpe de Estado y consolidada con el fraude electoral.
Es conocido que en la lucha contra los carteles del narcotráfico el Ministerio Público ha actuado bajo directrices de Estados Unidos y en los casos de impacto por actos de corrupción solamente están siendo juzgados actores de tercera clase, pero sin tocar a quienes dirigen las estructuras criminales que siguen saqueando las arcas del Estado, y, en consecuencia, sin lograr éxitos reales ni sobresalientes en el combate a la corrupción.
El desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), así como los asesinatos de Berta Cáceres y Margarita Murillo, evidencian la falta de voluntad institucional de enjuiciar a las redes de corrupción vinculadas a los grupos de poder y de forma particular al Partido Nacional, desde donde se ha ejercido la verdadera autoría intelectual en los mayores escándalos de corrupción de la última década, y que debido a ello, se mantienen bajo un pacto de impunidad que no ignoran las actuales autoridades del Ministerio Público.
Luego de 24 años de existencia, lo que la sociedad hondureña tiene es un Ministerio Público bipolar en el sentido que por un lado está divorciado de su obligación de investigar y enjuiciar a los violadores de derechos humanos, y a las personas corruptas ligadas a la política nacional y a los sectores económicamente poderosos, y por el otro es efectivo para usar indebidamente el derecho penal con el fin de criminalizar el derecho a la protesta social reconocido constitucionalmente.
Es notorio cómo en esta coyuntura post electoral el Ministerio Público actúa con celeridad para acusar a 89 personas vinculadas a las movilizaciones populares y actúa con irresponsabilidad y deficiencia para investigar y perseguir a los autores de más 38 compatriotas que fueron asesinados por las fuerzas militares y policiales. La propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia en su reciente informe que, en relación con las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto electoral, el Ministerio Público no prestó su colaboración ni respondió a las solicitudes de reuniones a nivel superior.
Denunciamos que los mismos actores vinculados a los grupos de poder y al Partido Nacional que se han beneficiado con la impunidad garantizada por el Ministerio Público, son quienes ahora proponen la reelección de Óscar Chinchilla, quien no sólo no tiene méritos sobresalientes sino que posee reconocidas afinidades con la cúpula política corrupta que a la fecha se ha impuesto mediante el fraude electoral.
Es inaceptable que pese a las consecuencias fatales desprendidas de la consumación del plan reeleccionista de Juan Orlando Hernández, pretendan el mismo guion para el proceso de selección del Fiscal General, lo cual, no sólo mantiene sobre la palestra el descontento social generalizado, sino que conserva intacta la concentración de poder para afianzar los planes del modelo neoliberal extractivita de la oligarquía y las transnacionales.
En las condiciones actuales de profundas heridas en la sociedad hondureña, necesitamos un Ministerio Público comprometido con el acceso a la justicia, que asuma una lucha real y frontal en contra de la corrupción y la impunidad, y que actúe alejado del cálculo y los intereses del actual régimen y de los grupos de poder que lo respaldan.
En ese sentido, el nuevo proceso de elección del Fiscal General y su Adjunto, es una oportunidad para repensar el Ministerio Público para que responda a las demandas de la sociedad en el sentido de contrarrestar la impunidad de los corruptos, hasta ahora intocables, y promover la construcción de un perfil idóneo diferenciado de los requisitos mínimos existentes y aplicables en el país, con la finalidad de reforzar el carácter normativo y no meramente referencial.
Un perfil adecuado garantiza que la selección de quien ocupe el cargo se realice considerando la idoneidad de los y las candidatas, y no su cercanía o afinidad con grupos de interés o grupos de poder, todo ello, bajo un proceso transparente.
La elección del nuevo Fiscal General y Adjunto debe basarse única y exclusivamente en criterios objetivos y capacidades comprobadas. En ese sentido, rechazamos contundentemente que el actual proceso sea el resultado de negociaciones pre establecidas entre los grupos de poder para garantizar la reelección de Óscar Chichilla o de cualquier candidato o candidata que busque perpetuar y blindar el pacto de impunidad de las y los corruptos, y del crimen organizado.
