Por: Víctor Manuel Ramos*

El pueblo se dispone a salir a las calles para defender su derecho a elegir libremente en las urnas, derecho que fue violentado por el Tribunal Superior

Electoral al montar un fraude evidente y desvergonzado. Como resultado de esta farsa electoral, el candidato electo, Ing. Salvador Nasrralla, resultó perdedor frente a quien realmente gana las elecciones de manera ilegal: por el fraude y porque la Constitución le impide postularse nuevamente.

La Constitución es sumamente clara: ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) anos para el ejercicio de toda función pública.

Frente a la postura firme del pueblo de no permitir más el atropello a su soberanía, las Fuerzas Armadas, al mando de su nuevo Jefe, escogido maliciosamente antes de que el nuevo presidente tome posesión, amenaza con la represión, a pesar de que la Constitución, en su artículo 3 manda: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

¿Debe pedir permiso el pueblo para ejercer este derecho a la insurrección, que por cierto no lo da ninguna Constitución? La doctrina dice que la soberanía reside en el pueblo y simplemente la delega a sus representantes debidamente electos, pero tal delegación puede retirarla cuando quiera. El derecho a la insurrección no está regulado por ninguna ley sino por la bravura y el patriotismo de un pueblo que decide, por fin, sacudirse a los tiranos.

Por eso da risa que el Congreso Nacional quiera interpretar el artículo 3 de la Constitución cuando tal interpretación solo se la da el pueblo a sí mismo. Eso ocurrió cuando la Revolución Francesa, cuando la Revolución independentista de los Estados Unidos, cuando la gesta libertaria encabezada por Simón Bolívar, cuando se produjo la Revolución de Octubre, cuando los barbudos expulsaron a Batista, cuando los nicaragüenses derrotaron a Somoza,… En varias de esas ocasiones rodaron las cabezas de los poderosos.

Si es importante señalar, está en el artículo 3 constitucional, es que los militares, frente a la imposición de un gobernante que ha cometido delito de traición a la patria, devienen obligados a sumarse al clamor del pueblo, so pena de caer en el mismo delito de traición a la Patria.

He leído la advertencia del nuevo general jefe de las Fuerzas armadas. Dice que defenderá el derecho a la libre circulación (¿serán los peajes respetuosos de la libre circulación?) y que va a asegurar que la empresa privada, que los empresarios funcionen. De esta suerte, el general se convierte en mandadero del COHEP y se pone de espaldas al pueblo que es su auténtico y verdadero Jefe, por cuanto, lo subrayo, la soberanía pertenece al pueblo y es el pueblo quien le paga a Ud. general. Estas declaraciones irresponsables presagian la posibilidad de que las protestas desemboquen en tragedia que, en vez de mejorar la situación, la empeorarán y aumentarán más la furia del pueblo, cansado ya de engaños y de violaciones a la ley por casi 200 años.

Yo, como ciudadano preocupado por el giro que puedan tomar los acontecimientos, hago un llamado a los militares: No enfrenten al pueblo, el pueblo tiene toda la razón para repudiar a JOH, que ha hecho una carrera política saltando siempre la tranca de la ley. Ahora quiere perpetuarse en el poder a sabiendas de que eso es ilegal. Uds. señores militares tienen un mandato constitucional, cúmplanlo.

Aquí se los copio por si aún no lo conocen: ARTÍCULO 272.- Las Fuerzas Armadas de Honduras, … Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Republica.

Esto, General, no requiere interpretación. Es clarísimo como la luz del día y su obligación ineludible es cumplirlo. No hacerlo también le hace caer en el delito imprescriptible de traición a la Patria. Solo vea cuantos generales están en las cárceles de la Corte Internacional Penal. No ponga en riesgo su honor y su lealtad que solo la debe al pueblo y no a un violador de la ley.

Porque sépalo Usted, general, el derecho a la insurrección es inalienable, como el derecho a la vida. No necesita estar en Constitución alguna, ni requiere interpretación ninguna, ese derecho lo hace valedero cuando un tirano quiere atribuirse  lo que solo al pueblo, solo al pueblo, escúchelo bien general, le corresponde. Ya lo dijo Facussé: Cuando el pueblo baje de las serranías no habrá ejército que lo detenga.

No jueguen con fuego, señores militares. Quien garantiza ese derecho insurreccional: el pueblo. Si los militares apoyan bien, pero si no apoyan ya verán las consecuencias, más temprano que tarde, como dijo Allende.

* Escritor.