Por: Claudia Mendoza

Nadie desconoce que como país estamos a las puertas del estallido del coronavirus. La experiencia en el resto de países del mundo así lo indica. Sin embargo, la lentitud y la negligencia con la que el gobierno de Honduras ha adoptado medidas que debieron estar listas desde hace mucho, solo evidencian que la población está no solo ante la masificación del virus, sino del latrocinio de los fondos públicos.

Para empezar, ha dejado mucho que desear el abordaje de las situaciones colaterales con la llegada de los dos primeros casos confirmados el pasado 11 de marzo. El diario hondureño Criterio.hn, en una publicación hecha el 13 de marzo por el periodista René Novoa, hizo una radiografía de la negligencia con la que ha actuado el gobierno al no dar el correcto seguimiento a las dos personas que llegaron al país el 4 y 5 de marzo, en dos vuelos y hacia dos ciudades distintas del país. Y es que aunque en el mundo entero se estaban tomando las acciones respectivas en los aeropuertos, Honduras dejaba entrar “sin ton ni son” a quien quisiese, al país.

¿Qué sucedió con los pasajeros y el resto de la tripulación que interactuó con las personas infectadas en los dos vuelos? Las autoridades del sector salud no supieron contestar esas interrogante y la respuesta final fue una suerte de “tirada de bolas” entre ellos, dice la publicación.

El también hondureño diario El Heraldo, en una publicación del 13 de marzo destacó en un reporte que “apenas 6 personas tienen la tarea de detectar casos sospechosos de coronavirus en el Toncontín, aeropuerto ubicado en Tegucigalpa, donde a diario circulan más de 2 mil viajeros.

Por otro lado, diversos testimonios, incluyendo el que hizo público este día el Director de COIPRODEN, Wilmer Vásquez, dan cuenta de la ausencia de equipo humano y logístico para atender a los viajeros que llegan al país. A la tripulación, entre la que venía Vásquez y que llegó de Panamá, se le recluyó en un salón adonde jamás llegó alguien a hacer revisión sanitaria alguna, con el equipo requerido. Al salir de la sala fueron atendidos por una persona que se encargó solo de llenar un formulario. Y “pare de contar”, agregó. Es decir, hay indicios suficientes para considerar que los aeropuertos han sido los focos de contagio e ingreso del virus hacia todos los departamentos del país.

La lenta y tardía emergencia del gobierno de Honduras

Casi 4 meses transcurren desde que el pasado 17 de noviembre del 2019, se conoció en el mundo el primer caso de una persona contagiada de coronavirus en la provincia de Hubei, China, llamado hasta el 11 de febrero por la Organización Mundial de la Salud, COVID-19. El mundo entero fue testigo del rápido avance del virus en los países cercanos a China, de su propagación en Europa, hasta llegar al continente Americano, en Estados Unidos, el 21 de enero del 2020. En América Latina el primer caso se registró el 26 de febrero en Brasil. A partir de allí el virus ha avanzado exponencialmente y actualmente 25 países latinoamericanos tienen registro de contagios y de muertes.

Sin embargo, pese a un contexto que ya sugería que como país debíamos estar listos, los medios de comunicación han estado informando, incluso el 12 de marzo, un día después de anunciarse las primeras contagiadas, sobre protestas, amenazas de paros y de suspensión de labores, tanto de enfermeros, enfermeras, médicos y personal de salud en varios de los centros del país que atenderán a las personas contagiados con el virus.

Hoy ,14 de marzo, incluso, las autoridades del gobierno amanecieron con la amenaza de los médicos internos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, de abandonar las salas del hospital Mario Catarino Rivas, en 36 horas.

La razón de todas las protestas: la falta de abastecimiento de insumos y equipo en los centro destinados para la atención de casos de coronavirus.

¡Pronto llegarán al país!

Aunque el gobierno no lo dio a conocer con bombos y platillos, las redes sociales y algunos medios de comunicación informaron que desde el 10 de febrero, el Congreso Nacional ya había aprobado los primeros 110 millones de lempiras para prevenir del coronavirus y el dengue. Sin embargo, en el país ni una campaña de prevención en las radios se escuchó en ese entonces.

Es hasta que acontece el registro oficial de los 2 primeros casos de coronavirus en el país (actualmente 3), que el gobierno anunció la adopción de medidas que están contenidas en la Ley de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus (COVID-19) y que aprobó el Congreso Nacional. Mediante esta ley se destinarán 420 millones de dólares (unos 10, 353 millones de lempiras) para la construcción centros hospitalarios, abastecimiento de medicamentos y contratación de personal del área de la salud, entre otros aspectos más.

El 12 de marzo, las autoridades de COPECO anunciaron que próximamente llegarán a Honduras un hospital y clínicas móviles, 110 respiradores y 200 termómetros láser adquiridos para la red de salud, luego de confirmarse casos de coronavirus en el país.

Los expertos sugieren que ese equipo debió haberse adquirido con mucha antelación. Para el caso, los termómetros laser hubiesen servido y estarían ayudando mucho en los aeropuertos o en los poblados y dentro de familias de los contagiados y sospechosos por coronavirus.

Aunque los hospitales móviles podrían ayudar, particularmente si se ubican en zonas remotas en donde la población no tiene acceso fácil ni a un centro de salud, se cuestiona que la partida millonaria no contemple el fortalecimiento de la red de hospitales ya existentes en el país y que en su defecto, se establezca la construcción de hospitales, a un plazo de seis a doce meses. Es decir, estarán habilitados para cuando los hondureños ya tengan la pandemia como “agua al cuello”.

Una ley de emergencia, una ventana de corrupción

Porque la historia lo ha evidenciado, el panorama anterior hace que afloren dudas y cuestionamientos sobre la corrupción que se gesta con los decretos o leyes de emergencia. De hecho, dos voces, entre otras más, se han pronunciado fuertemente contra la aprobación de la ley, dentro del Congreso Nacional: el diputado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Yavhé Sabillón y Doris Gutiérrez, diputada por el partido Innovación y Unidad (PINU).

Sabillón dice que en aras de la emergencia, en el Congreso Nacional se están justificando más de 500 millones para construir cerca de 90 centros que van a brindar salud. Pero se pregunta, con la negligencia del gobierno ¿cuánto se van a tardar en construir?, ¿habrá compras directas, sin licitación, cuánto vamos a pagar?

Este diputado se muestra preocupado porque la construcción de las unidades hospitalarias se hará con fondos del BID y del Fondo de Pensiones del Instituto Hondureños de Seguridad Social. Está convencido que la construcción de nuevos centros de atención médica es el preámbulo de la entrega del sistema público de salud, a la banca, y a fundaciones y ongs. En suma, dice que es un esquema de emergencia que busca privatizar la salud de Honduras.

Gutiérrez coincide con Sabillón. Pero ella le llama “la tercerización” que equivale a la privatización de los servicios de salud, aprovechándose de la emergencia generada pro coronavirus. Agrega con contundencia que esta ley constituye “un cheque en blanco” para que el Poder Ejecutivo haga compras y contratos directos sin seguir lo que establece la Ley de Contratación del Estado.

En relación con la contratación de personal que establece la ley, la diputada dice que no es más que una “treta” para contratar personal directamente, sin seguir lineamiento sobre concursos y competencias. Es decir, agrega, se convierte en una clara estrategia de clientelismo político de cara al próximo proceso electoral que se avecina. Finalmente, Gutiérrez, con su sarcasmo y popular manera de hablar, dijo: los hospitales luego van a quedar solo como cascarones, ni medicamentos ni nada.

Pueblo y gobiernos locales: una opción para minimizar la improvisación del gobierno

Sin lugar a dudas, ante el panorama actual, la población es la llamada a cuidarse en la medida en que sus posibilidades lo permitan.

Los gobiernos locales, es decir, las municipalidades deberían, por muy pequeñas o grandes que sean, estructurar planes de trabajo con su pueblo, para enfrentar la pandemia.

A manera de opción, con los propios lugareños se podrían organizar en grupos o cuadrillas por sectores o zonas en sus comunidades. Los gobiernos locales deberían proveerles de equipo y capacitaciones, conjuntamente con personal del sector salud, sobre qué hacer cuando el brote surja en su localidad para ayudar los adultos mayores, al igual que otras personas con otras enfermedades, que los coloca en situación de vulnerabilidad, para enfrentar el virus.

La historia nos afirma, en especial en lo concerniente con el sistema de salud, que si del gobierno hondureño depende cuidar a nuestros grupos más vulnerables, mejor siéntese a esperar lo que el destino le depare.