Valle, Zacate Grande (Conexihon).- Cuatro pobladores de la comunidad de Playa Blanca en Puerto Sierra, de la sureña península de Zacate Grande fueron acusados por el delito de daños, al defender el uso de las playas públicas para las faenas de pesca.
Los acusados son Jacinto Hernández Ortiz, Oneyda Cárdenas Flores, Yesica Cruz Cárcamo y María Veneranda Cruz (64) enfrentan el riesgo de ser encarcelados hasta por cinco años, tras la denuncia interpuesta por los representantes legales de, Jorge Luis Casis Leiva, indicó la abogada defensora, Nidia Castillo, coordinadora de la Red de Abogados Defensores del Sur.
“Hemos podido identificar que en Amapala la mayoría de los delitos que se están dando es por daños, amenazas siendo los pobladores los agresores contra grandes personajes de Honduras como ser empresarios y esto es una señal clara de un problema serio que pone en riesgo y en vulnerabilidad eminente a los habitantes” expresó Castillo.
Humilde sexagenaria sufre complicaciones de salud
María Veneranda Cruz de 64 años de edad padece de diabetes e hipertensión, enfermedades que pueden verse agravadas con el constante esfuerzo que implica conllevar las medidas contrarias a la prisión preventiva.
Los criminalizados deben ir a firmar a los juzgados de Amapala dos veces a la semana incurriendo en gastos de 400 lempiras de transporte.
Una isla humana en su comunidad
En el caserío de Puerto Sierra en la comunidad de Playa Blanca, ubicada en la Península de Zacate Grande departamento de Valle, su gente se caracteriza por trabajar en la pesca y el cultivo artesanal siendo estas las principales fuentes económicas para la supervivencia diaria, pero sus labores se están viendo perjudicadas desde hace dos años que les han quitado el acceso a la playa y el señor Casis les ha prohibido que se acerquen al terreno que está enfrente del mar.
“También se les dejó como medida cautelar no acercarse ni comunicarse con la persona que presentó la denuncia y no salir fuera del país, la situación es difícil porque la mayoría de estas personas son de bajos recursos económicos y no tienen como movilizarse, aparte de ello sus vidas corren riesgos por que están luchando por el derecho a la tierra y de acceso a la playa”, agregó la abogada.
Familiares de los acusados explican que son personas humildes, de bajo recursos económicos y a veces no tienen dinero para ir a firmar incurriendo al gasto económico que podrían utilizarlo en alimentación.
El Coordinador de la Radio la Voz de Zacate Grande, Gerardo Aguilar, subrayó que “el señor Casis consiguió el terreno por 100 mil lempiras que son aproximadamente 600 manzanas en las que se encuentran toda la comunidad de Playa Blanca y parte de la quebrada de Puerto Sierra en donde hay 80 casas y nuestra preocupación es que quieran venir a desalojar a toda la comunidad”.
Además, el expediente del caso señala que los títulos están bajo el margen de la ley y está inscrito con el número 71 con el tomo 459 del registro del Instituto de la Propiedad y se expresan que también el terreno está ubicado al sur con el mar que colinda con el golfo de Fonseca dentro de él se encuentran granos básicos cultivados.
Los habitantes han sembrado ahí granos básicos y arboles frutales porque es tradición que sus padres y abuelos les han heredado las tierras y por eso la mayoría de las personas no tienen titulaciones.
“Nosotros vivimos aquí desde que nacimos a ese señor aquí nadie lo conocía, hasta ahora se aparece diciendo que él es el dueño de ese terreno que es la única forma de llegar a la playa, a mí me amenazó que me va a meter presa, también me hizo varios tiros, me dijo que me iba a matar, y que no me acercará” denunció Mary a quien se le cambio el nombre por razones de seguridad.
Las playas son públicas
Los pobladores insisten “el territorio que tiene cercado el empresario es público, el único acceso a la playa, no existe otra entrada, él pretende privatizar la zona, quitarnos el derecho al tránsito y a la libre circulación, en ese lugar trabajamos la tierra y le sirve a todos para que puedan entrar los carros trabajar y descargar materiales”.
Además, Jacinto uno de los criminalizados tiene sembrado papaya, mangos, maíz y ajonjolí porque desde siempre han sembrado en ese lugar y manifiesta que los empleados de Jorge Luis Casis llega con armas y los atemoriza queriendo imponer temor.
El pasado viernes se tenía previsto celebrar la audiencia preliminar pero no se realizó por que la jueza se encontraba enferma y se pretende acordar una fecha en esta semana.
La criminalización de la lucha campesina, y la persecución en contra de los campesinos de Zacate Grande se está agudizando por mantener una lucha por la defensa de sus playas y las tierras que los vio nacer y donde se criaron.
En total son seis personas a las que el terrateniente Casis ha acusado, a dos ya se les dictó sentencia por cinco años y cada 15 días tienen que ir a firmar a los Juzgados de San Lorenzo.
