Choluteca, Honduras (Conexihon).- Al menos 47 familias, originarias del departamento de Choluteca, fueron suspendidos de una industria maquilera en Choloma, Cortés, zona norte del país, dejándoles en una situación precaria por lo que desde hace más de una semana solicitaron un salvoconducto a las autoridades estatales, sin que hasta la fecha los dejen retornar de forma segura o se les garantice las condiciones mínimas para su estadía.
“Estamos preocupados porque no tenemos trabajo y por el hambre que hay aquí, no tenemos dinero para comprar comida”, dijo apesarado uno de los afectados en este video que fue publicado en diferentes medios de comunicación nacionales.
Otro joven empleado de la industria manufacturera, cuyo contrato de trabajo fue suspendido en el marco la crisis sanitaria por el COVID-19, sostuvo, “a mí me comunicaron en la fábrica que después de estos días, un mes casi, hasta el siete de junio vamos a volver a trabajar, si se llegara arreglar lo que pasa en el país”.
De igual forma, una mujer en estado de gestación, anunció “yo me quiero ir porque estoy embarazada y aquí hay demasiada gente contaminada, no quiero que mi hijo nazca enfermo”.
Según las cifras oficiales, hasta el sábado 11 de abril el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) confirmó 393 casos de hondureños contagiados, de los cuales 265 están ubicados en el departamento de Cortés, por lo tanto las autoridades han declarado un toque de queda absoluto en ese departamento del norte, por ser considerado uno de los focos de contaminación más graves en el país.
En declaraciones a Conexihon, Amada Ponce, Directora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) explicó que pese a las diferentes gestiones “ha pasado más de una semana sin respuesta efectiva de parte del Estado y la gente está desesperada, sabemos que Choloma está a punto de convertirse en una bomba de tiempo, especialmente después de tres días continuos de protestas por hambre, este municipio era una ciudad satélite producto de la actividad maquiladora y ahora con las condiciones de suspensión de contratos, las familias han quedado sin fondos para mantenerse llegando a precarizar la vida en esta ciudad”.
“Lo que quieren estas familias es solamente retornar a sus lugares de origen, la comunidad se ha organizado y se tiene garantizada el período de cuarentena para ellos, sin embargo tanto las autoridades que prometieron el salvoconducto como las que han prometido llevarles alimentos les fallaron, ahora no tienen qué comer y sus alquileres se han vencido”, sostuvo.
Retorno seguro a la comunidad
Las familias exigen a las autoridades que los ayuden a retornar a su comunidad en un bus, tomando todas las medidas de seguridad, los afectados residen en las siguientes colonias, 15 familias en la colonia López Arrellano, 21 familias en La Mora y 11 familias en la San Miguel.
“Les pido que nos ayuden porque allá tengo a mis hijos botados y están con hambre porque mi mamá no trabaja y yo, ya no tengo trabajo y quiero ir a ver qué puedo hacer allá, tan siquiera un trabajito de lavar ajeno para poderles dar de comer a mis hijos, y quiero que nos ayuden con el bus para podernos ir porque aquí estamos aguantando hambre, y nos están cobrando los cuartos ya no tenemos comida”, dijo preocupada una madre afectada.
Las fuerzas vivas de la comunidad de Ojo de Agua y las organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Corporación Municipal El Triunfo, de carácter formal a la alcaldesa del municipio, Gina Bonilla, al Secretario de Seguridad y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), para que brinden un salvoconducto a las 47 familias, pero hasta la fecha la desidia se ha manifestado de todas las formas, ignorando las peticiones o dejando las responsabilidad en otras instituciones.
“Nosotros como responsables de nuestra comunidad aprobamos un protocolo que tiene que ver desde la salida y llegada con medidas de prevención”, comunicaron las fuerzas vivas de Ojo de Agua.
Así mismo, esta petición de retorno es parte de las gestiones realizadas de forma conjunta por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Cáritas de San Pedro Sula, la Red de Mujeres contra la Violencia de Choluteca y la Asociación Ecuménica de Derechos Humanos (AEDH).
Trato igualitario
C-Libre se pronunció, recordando al Estado que la ciudadanía hondureña sin excepciones tiene derecho según el Artículo 60 de la Constitución de la Republica de Honduras; “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley…Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”.
Puesto que el 20 de marzo, la Secretaria de Seguridad a través de su titular Julián Pacheco, anunció, “los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional y quieren regresar a sus países pueden hacerlo por vía terrestre o aérea, previa autorización del salvoconducto de SINAGER”. Es decir que está permitiendo el regreso a sus hogares para extranjeros.
“De acuerdo a lo denunciado por la comunidad de Ojo de Agua, varios de sus compatriotas se enfrentan a grandes riesgos por hacer un retorno a su comunidad a través de puntos ciegos para evitar ser detenidos por las autoridades. En este caso no se brinda el principio de igualdad para los hondureños”, puntualizó C-Libre en el comunicado.
En consecuencia, C-Libre y las organizaciones de derechos humanos que acompañan la causa demandaron con urgencia una pronta respuesta para compatriotas que se encuentran varados fuera y dentro del territorio nacional por las medidas impuestas por el gobierno hondureño para evitar la propagación de la epidemia del Covid-19.
