Choluteca, Honduras (Conexihon). – En un intento de desalojo forzoso asesinaron a Iris Argentina Álvarez (53), campesina y defensora de la tierra, quien recibió un disparo por supuestos elementos de seguridad contratada por la Empresa Azucarera La Grecia en conjunto con presuntos miembros de la empresa privada  de seguridad CRAE’S , quienes invadieron las tierras y destruyeron con fuego las viviendas de más de 60 familias dejándolas desprotegidas en el sector de Las Salinas en Aldea de Monjarás, ubicada en el municipio de Marcovia en Choluteca.

Los campesinos que habitan estas tierras desde el 2017, y que aún se encuentran en un proceso de recuperación ya que las mismas pertenecen al Estado, sufrieron un primer intento de desalojo de manera ilegal y violenta en horas de la madrugada, mientras ellos aún dormían, sin embargo su descanso fue interrumpido de la peor manera convirtiendo la realidad en una pesadilla el pasado 02 de abril.

Según la interventora legal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), de manera confidencial afirmó a Conexihon que el desalojo no era legal porque no estaba ordenado por juez competente, por lo que no hay ninguna orden y nadie ha dado una autorización de desalojo, ya que los juzgados están cerrados y los casos están parados por la pandemia del Covid-19.

El día miércoles 08 de abril se desarrollará la audiencia inicial de declaración de imputados en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca a las 10:00 de la mañana, donde se presentarán dos representantes de la empresa acusada, según el expediente del caso que continúa en proceso de investigación por el Ministerio Público.

Sin orden de desalojo invaden tierras

Basado en el relato de los pobladores, el primer encuentro amenazante inició a las 4:00 de la mañana, en el que testigos afirman que sin  presentar orden de desalojo en absoluto, los guardias en su función  destruyeron las pocas pertenencias con tractores y quemaron varias casas. El fuego terminó con la vida de los animales que los campesinos conservaban, ya que utilizaban el terreno para la siembra de granos básicos y a su vez animales domésticos que ayudaban a su subsistencia.

 “Hace más de un año y medio tenían las personas de vivir ahí. Les quemaron sus casitas, los animales que ahí tenían se los mataron y La Grecia siempre ha querido quedarse con esos terrenos”, relata un testigo en privado a Conexihon, quien manifiesta que ha sido una lucha constante contra esta poderosa empresa.

Testigos revelan que varios elementos de la policía rodeaban la zona pero que estos se mantuvieron distantes y no ejecutaron ninguna acción para evitar el altercado que generó la violación de derechos humanos de las familias desalojadas, demostrando así que su eslogan de “servir y proteger” no es más que propaganda, aún en tiempos de pandemia.

Asesinan a dirigente en suspensión de garantías constitucionales

De luto inicia el mes de abril a causa del asesinato de Iris Argentina Álvarez, quien recibió un disparo en su rostro por supuestos elementos de seguridad privada en horas de la tarde por intento de desalojo de manera violenta y forzosa.

“Ése mismo día los supuestos elementos contratados por La Grecia volvieron con más fuerza, reprimiendo a las personas y disparando con sus armas contra aquellos que intentaban defenderse con palos y piedras”, narraron los defensores de Acción Ecuménica por los Derechos Humanos (AEDH), como en los tiempos de la conquista; un hecho histórico que no deja de manifestarse en la actualidad.

Durante el violento encuentro, defensores de derechos humanos fueron contactados y únicamente AEDH e integrantes de la Red de Ambientalistas del Sur, pudieron presentarse al lugar de los hechos.Al momento de los disparos, una de esas balas fue apuntada directamente al rostro de Iris, que ocasionó su muerte minutos después, mientras ella era trasladada al hospital más cercano.

“Muy triste, lamentablemente nosotros la vimos morir, desde que cayó al suelo porque nosotros estábamos en medio de la balacera”, lamenta el abogado y defensor de derechos humanos, Ely Portillo.

“Nosotros recogimos a la señora y la trajimos al hospital tratando de salvarle la vida pero no fue posible. A nosotros nos hicieron una disparazón que pensábamos que ninguno de nosotros venía vivo porque al carro que andábamos nos hicieron disparos mientras traíamos a la señora, pero gracias a Dios no pasó nada más, no nos alcanzó ningún disparo”, relata una de las defensoras que también fue testigo.

Quienes le conocieron, describen a Iris como “una mujer campesina que sólo buscaba un pedazo de tierra que son del gobierno y protegidas por azucarera La Grecia”, sin embargo una de sus familiares expresó a Conexihon que desde niña siempre estuvo al frente de la familia y ahora se esforzaba para sacar adelante a sus hijos junto con su esposo.

Iris vivió sus últimos años desempeñándose como secretaria de la cooperativa Cerro Escondido, un grupo de campesinos que ha luchado por años para legalizar la ocupación de dichas tierras y hasta su último minuto de vida, se le reconoce como una mujer luchadora que defendía el territorio para que muchas familias campesinas del sur, que sobreviven en condiciones de pobreza, tuvieran un espacio para vivir y a cambio perdió su vida en el marco de una emergencia nacional.

Alarmantes violaciones mientras suspenden garantías constitucionales

Al menos 22 mil violaciones a derechos humanos fueron denunciadas a nivel nacional por el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quien a través de un informe señaló la suspensión de trabajadores y cancelaciones de contratos, detenciones y desalojos ilegales con la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, agresiones, censuras y violaciones a la libertad de expresión desde el 15 de marzo, fecha que el toque de queda fue declarado de manera inicial y aún sigue en vigencia en los 19 departamentos del país en cadena nacional por el presidente reelecto, Juan Orlando Hernández, como estrategia de contención ante el Covid-19.

Hablar de un toque de queda o estado de sitio, se apunta a la suspensión de garantías constitucionales por lo que vale mencionar que fue una decisión que no siguió los procedimientos que establece la Ley de la República por la tardía publicación y difusión del PCM 021-2020;  el cual circuló en redes sociales a través de las páginas oficiales del gobierno, mas no fue publicado de manera inmediata en el diario oficial La Gaceta, como requisito establecido por la Constitución de la República (Artículo 221, Capítulo II), para que una ley sea vigente. Por lo que su publicación oficial fue hasta el día sábado 04 de abril, 2020.

“Si bien es cierto, están suspendidas las garantías constitucionales pero no se ha suspendido la garantía al derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda ya que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y cómo podemos ver, el Estado con el toque de queda se quita muchas responsabilidades”, impugna el abogado Portillo.

Honduras es citada por organismos internacionales como uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y de la tierra, por frecuentes asesinatos y así como Iris Argentina Álvarez, muchos han sido víctimas mortales o han denunciado en reiteradas ocasiones  amenazas, persecuciones, criminalización y atentados por sus acciones de defensoría en la cual el Estado de Honduras se ve obligado a dar respuestas.

Investigación inmediata y absoluta

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de un pronunciamiento condenó la muerte y presionó al Estado a investigar de manera pronta y exhaustiva los hechos, expresando su preocupación frente a la actuación de algunas empresas privadas, basado en el contexto del enfrentamiento violento ocurrido en la zona sur de Honduras.

También reiteró el deber del Estado de adoptar las medidas efectivas contra los desalojos forzosos, haciendo uso de las normas internacionales de derechos humanos que garanticen a las víctimas la restitución de sus posesiones, el regreso a su tierra y una indemnización adecuada.

“El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, durante su visita en el 2019, señaló su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en numerosos desalojos, en algunos casos, con la participación de empresas de seguridad privada que han resultado en pérdidas de vida y graves lesiones a las personas”, confirmó la OACNUDH.

OACNUDH Honduras reconoce las acciones que han resaltado en la acusación penal de los presuntos responsables y en cumplimiento de su mandato hace un llamado a las autoridades competentes a realizar una investigación independiente, imparcial y transparente que establezca las responsabilidades que correspondan.

Las voces defensoras exigen justicia

Además de la OACNUDH, organizaciones de defensoría también se han pronunciado en contra del crimen acontecido la tarde el 02 de abril, por lo que condenan el violento intento de desalojo, exigiendo a las autoridades a investigar y que se castigue a los responsables.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), se ha unido a las voces que exigen justicia a través de la noticia divulgada y ha expresado de manera pública una alerta, demandando una investigación seria y responsable.

“Exigimos una investigación seria y explicable del asesinato de la camarada Iris Argentina Álvarez  y un castigo para las partes responsables”, resguardó IM-Defensoras en su página im-defensoras.org.

El Movimiento Ambientalista Social del Sur (MASSVIDA), a través de su página oficial condenó “el desalojo violento que se dio a un grupo de campesinos de la Cooperativa Cerro Escondido del Municipio de Marcovia del Departamento de Choluteca por el asesinato de una luchadora defensora de la tierra, Iris Argentina Álvarez y 6 personas que resultaron heridas por guardias de seguridad de una Empresa Azucarera. Pedimos a las autoridades investigar este hecho y que se castigue a los responsables”, manifestó la organización.


Así también la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la zona sur inicia la campaña “Ni Una Menos”, en exigencia de justicia a Iris Álvarez, utilizando el hashtag #NosFaltaIris, en memoria de su compañera, así como otras organizaciones a nivel nacional e internacional que se suman a la lista de quienes exigen justicia.