Tegucigalpa, Hondura. Conexihon.hn.- A escasos días de cumplir cuatro meses de permanecer en total desmovilización a nivel nacional en consecuencia de la suspensión a las garantías constitucionales como medida de control a la epidemia de COVID-19, resurge  la movilización como mecanismo de protesta  ciudadana.

En punto de las dos de la tarde del día miércoles ocho de julio, el bulevar Morazán situado en la ciudad capital de Honduras, fue aglutinando a centenares de personas conduciendo vehículos y también personas que llegaron caminando al punto de encuentro en consecuencia de la suspensión del servicio de transporte público.

La auto convocatoria fue difundida en las diferentes redes sociales y se denominado “Gran caravana vehicular: el pueblo atrapando las ratas”, en alusión a los casos de corrupción en el manejo de los recursos destinados a combatir la epidemia de COVID-19.

De acuerdo a las estadísticas oficiales al día de hoy suman 25 mil 978 personas positivas al COVID-19 con 694 muertes a nivel nacional, y de acuerdo a organizaciones de sociedad civil el Gobierno de Honduras desde el mes de febrero a la fecha ha destinado más de 446 millones de Dólares para combatir la epidemia.

Al respecto el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), plasmó en su Boletín “Percepción sobre transparencia y acceso a la información pública”, que el 74,5% de las personas que participaron en una encuesta aplicada de forma virtual, aseguro no consideran que la gestión de la crisis por parte del Estado.

La encuesta fue aplicada a 150 periodistas, comunicadores sociales integrantes de las redes RAPCOS en Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz, Cortés, Atlántida, Colón, Intibucá, Olancho, Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Francisco Morazán y líderes de la sociedad civil y generadores de opinión con la finalidad de comprobar si la población desde estos actores percibe que el accionar del Estado y el uso de los fondos públicos ha sido totalmente transparente y que en sí representa una medición de la confianza depositada por la población en el accionar estatal.

Detonante

El pasado dos de julio, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), emitió su VII informe sobre la serie de investigaciones nombradas “La corrupción en tiempos del coronavirus”, en esta se reveló la compra por parte del Comité Permanente de Contingencias (Copeco) y la Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) de cientos de miles de mascarillas KN95, cuyos fabricantes no las recomiendan para el uso médico.

Según lo denunciado por el CNA, pese a la advertencia de los fabricantes las autoridades de estas instituciones junto a la Secretaria de Salud (Sesal), las mascarillas fueron distribuidas en hospitales a nivel nacional, regiones departamentales y metropolitanas de salud, entre otros organismos involucrados en el combate de la pandemia causada por el COVID-19.

“La dotación de mascarillas KN95 que no filtran el 95 % de patógenos a hospitales, regiones departamentales y metropolitanas de salud, clíper, centros de atención temporales, sistema nacional de emergencias 911 y otros relacionados con la atención de pacientes afectados por COVID-19, ha puesto en situación de mayor riesgo y ha generado una falsa sensación de seguridad en todo el personal sanitario que las utiliza”, detalla el informe del CNA.

Además, el CNA advierte que “el personal que atiende directamente a los pacientes enfermos con este virus o que trabajan en ambientes contaminados, han sido expuestos a altas cargas virales; esta exposición podría ser una de las causas por las que existe un alto porcentaje de médicos, enfermeras, microbiólogos y otro personal sanitario infectado por el COVID-19”.

Bajo este contexto según datos de la Sesal un total de 1,648 médicos, enfermeras y demás personal de salud infectados por covid-19. Cabe señalar que la Doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, ha alertado en diferentes espacios informativos la sobre carga actual de los profesionales de la salud, así como las deplorables condiciones de bioseguridad desde el inicio de la pandemia.

Al igual que en el combate al COVID-19 los trabajadores de la salud estuvieron en primera fila y se convirtieron en el principal protagonista en la “Gran caravana vehicular: el pueblo atrapando las ratas”.

El ocho de julio, sin importar el Estado de excepción por la vigencia del PCM021-2020 que suspende la libertad de asociación y movilización entre otros, marco el inicio del resurgimiento de la indignación ciudadana junto a los sonidos de los pitos de los vehículos y el clamor de los ciudadanos exigiendo cuentas a los gobernantes.