Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Abogadas y abogados defensores de los diputados; Doris Gutierrez, David Reyes, Luis Redondo, Tomas Ramírez y Jorge Cálix, denuncian que el Partido Nacional (PN) ha iniciado una persecución política contra diputados de la oposición a quienes amenazan con la privación de la libertad por defender la voluntad soberana del pueblo y abrogar el nuevo Código Penal.

Así lo comunicaron este martes 30 de junio en la Fiscalía de turno del Ministerio Público, frente a la Estación Policial Metropolitana número uno de Tegucigalpa, donde manifestaron que, “la dictadura de gobierno amenaza con desconocer la manifestación de oposición generalizada de la ciudadanía contra este instrumento legal que contiene disposiciones que restringen desproporcionadamente la libertad de expresión”.

Además, agregaron que en nuevo Código promueve la impunidad en delitos relacionados con la corrupción, y la violencia contra de las mujeres y niñas, con el que pretenden “consolidar su proyecto continuista y la estrategia de represión por vía judicial que complementa la campaña que desarrollan mediáticamente para la aprobación de este Código de la Impunidad”.

Plan para criminalizar diputados

También, especificaron que “la oligarquía hondureña a través de sus representantes del PN en el Congreso Nacional (CN) encabezado por el doctor Mauricio Oliva ejecutan un plan para criminalizar a los diputados”, dignos representantes del pueblo que con distinción el miércoles 24 de junio de 2020, ejerciendo sus derechos constitucionales convocaron a una sesión extraordinaria para la abrogación del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal.

Por lo tanto, sostuvieron que las autoridades “aprovechándose del control absoluto que tiene el PN de los poderes del Estado y del Ministerio Público (MP) en fecha 24 de junio, la abogada Karen Lorena Márquez Barahona, supuestamente en representación del CN  de la Republica, interpuso denuncia acusando a los diputados”.

Los delitos por los que los acusan son: usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, delitos contra la forma de gobierno.

Los cinco diputados consideran esos delitos son infundados, razón por lo cual se presentaron voluntariamente a la Fiscalía de turno, expresando que la convocatoria de la sesión extraordinaria del CN se realizó en base a la Constitución de la República contenidas en el artículo 190.

 

Diputados pueden convocar a sesión

La constitución subraya que “el Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias: (…) Cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros” y el artículo 191 de nuestra Carta Magna donde versa de manera literal “Un número de cinco Diputados podrá convocar extraordinariamente al CN para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones.”

Premisa que se cumple al momento que la Junta Directiva del CN se negó de manera arbitraria e ilegal a convocar a sesión parlamentaria para tratar el tema de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, luego que el diputado Luis Redondo y la diputada Scherly Arriaga presentaran en el pleno del Congreso la moción de abrogar el decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal.

Por lo tanto exigieron al M P “desestimar la denuncia de oficio por la falta de legitimidad de la abogada Karen Márquez que en representación del CN  de la República presentó denuncia contra cinco diputados, la falta de legitimidad se fundamente en que, en ningún momento el CN y su Junta Directiva sometieron al pleno la decisión de autorizar el poder para realizar esta denuncia, actuando de manera irresponsable y sin conocimiento de las formalidades requeridas por la ley”.

Además, alertaron que la única solución es la inmediata  abrogación del decreto 130-2017 y la construcción de un nuevo Código Penal con la participación amplia de los diversos sectores de la sociedad hondureña que recoja las diferentes aspiraciones, garantizando la participación real de la ciudadanía y que se logre un cambio estructural en el sistema punitivo del país.


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