Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Desde que el Estado de Emergencia fue declarado por el Gobierno como medida de contención y prevención ante el COVID-19, se han registrado 180 protestas, tomas y manifestaciones de diferentes sectores en todo el país, detonadas a raíz de la crisis ocasionada por la pandemia.
En los 18 departamentos del país se han pronunciado empleados de sectores de maquilas, transporte, salud, comerciantes individuales, ciudadanos y pobladores de colonias y barrios pobres que demandan una mejor respuesta estatal que les permita trabajar para obtener ingresos y alimentar a sus familias.
Una semana después de que el presidente, Juan Orlando Hernández, comunicara en cadena nacional la suspensión de garantías constitucionales, mediante Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, comenzaron las protestas ciudadanas.
“Las protestas son consecuencia de la cuarentena, lo cual evidencia que son un grito de auxilio por personas que ya no saben qué hacer ante la situación y exigen que las autoridades hagan algo al respecto”, explica el analista del Observatorio de la Protesta del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edson Ramírez.
Desde el 23 de marzo hasta la fecha se han registrado un total de 180 protestas informó Ramírez a Conexihon.hn y poco a poco la economía se pretende reactivar, muchos luchadores se manifiestan tomándose las calles para hacerse escuchar y asegurarse de que las autoridades no ignoren sus peticiones.
Detrás de las protestas
La economía mundial se ha venido abajo y en Honduras, sólo en el sector de transporte se pierden aproximadamente 20 millones diarios, según informó el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), un rubro que pese a la paralización está en protesta constante casi a diario, ya que prometen usar medidas de bioseguridad y prevención para que se les permita circular y exigen un bono compensatorio al gobierno.
En su mayoría las protestas son provocadas por el hambre y la falta de alimentos. Sin embargo, el gremio de salud, considerado los “héroes” y “heroínas’ ante la pandemia, denuncian que no cuentan con el equipo necesario a pesar de las inversiones millonarias que superan 3,340 millones de lempiras que han sido destinados para hacer frente a la pandemia, incluyendo la compra de equipo de bioseguridad.
En sus declaraciones, en Cadena Nacional, Hernández asegura que se garantizará el acceso al uso de mascarillas a todos los hondureños, mientras que en el Congreso Nacional (CN), se aprobó la “Ley de Uso Obligatorio de Mascarilla”, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo creada con la finalidad de sancionar a quienes no porten en lugares públicos esta medida de prevención..
El hambre no cesa
Honduras cuenta con una población que sobrepasa los 9 millones de habitantes y el 60 por ciento de ella vive en pobreza, del cual el 40 por ciento de este se encuentra en pobreza extrema, de acuerdo con los datos del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).
Teniendo esto en cuenta, el Gobierno de la República ha agilizado el programa “Honduras Solidaria”, que tiene el propósito de hacer llegar puerta por puerta raciones de alimentos a más de 800 mil familias con mayor necesidad en el país.
La entrega dio inicio a finales de marzo, una operación dirigida por el Poder Ejecutivo y que según el titular de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, “ha sobrepasado la entrega del saco de productos de la canasta básica a más de un millón de familias”.
Por otro lado, organizaciones que realizan acciones de veeduría social han denunciado que el saco solidario sólo ha llegado una vez a las comunidades hace más de 40 días y que estos contenían tan poca ración de comida, que apenas alcanzaría un par de días para algunas familias, “para otras con suerte una semana”.
La pandemia, por sí misma ya es un duro golpe contra la vida de los hondureños, pero a nivel mundial ha dejado más de 350 mil víctimas mortales y más de cinco millones contagiados. En Honduras, actualmente sobrepasan los 4,640 casos y 194 fallecidos según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
Miles de desempleados producto de la crisis
La cuarentena ha obligado a muchos hondureños a salir a las calles para denunciar su situación crítica y declararse en calamidad a través de diferentes espacios mediáticos, gracias a la labor de las y los periodistas y comunicadores sociales que han estado en primera línea en todas las regiones del país.
Este miércoles el sector transporte se movilizó con manifestaciones en varias ciudades del país. Solamente en la zona sur de Tegucigalpa, la capital del país, se informó de varias detenciones y el uso del gas lacrimógeno para dispersar la toma.
Acciones de protesta similares ocurrieron en San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Valle y La Paz.
“Necesitamos un bono de alimentación que nos permita subsistir», expresó uno de los dirigentes del rubro del transporte.
Mientras muchos desean retomar sus labores, más de 200 mil trabajadores han sido desempleados durante la emergencia, de acuerdo a lo cuestionado por el secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH). El derecho al trabajo ha sido violentado a lo largo de la pandemia, ya que entre más tiempo pasa, más personas son desempleadas.
Como resultado este año el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), de acuerdo a la información que manejan hasta el momento calcula al menos 240 mil desempleados en el sector de maquila y turismo, advirtió Alejandro Kaffati, economista de dicha institución.
“El sector turismo ha sido el más afectado y han reportado pérdidas de por lo menos 27 mil millones de lempiras durante la emergencia”, confirmó Kaffati.
A prisión los que protesten
El próximo 25 de junio el Congreso Nacional (CN), pretende oficializar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, instrumento que ha sido altamente cuestionado y rechazado por criminalizar derechos como el de la libertad de expresión, pensamiento, prensa y manifestación.
Con penas de cárcel se procederá contra todo aquel que se manifieste, considerado esto como un acto terrorista, perturbación del orden público y propagador de epidemias, de acuerdo a lo redactado en los artículos 307, 574 y 587; entre otros alusivos al derecho universal de la libertad de expresión en el nuevo Código Penal.
Un mes antes de su entrada en vigencia, el Gobierno anunció que su socialización será mediante una programación establecida en los diferentes canales televisivos del gobierno, así como también en las redes sociales oficiales del Congreso.
Esta medida en medio de una crisis es considerada agudizar el problema ya existente, por lo que organizaciones de sociedad civil, abogados, defensores de derechos humanos y ciudadanía en general reúnen su clamor de rechazo a través de campañas que expresan el desacuerdo con dicho código y reiteran el mensaje del pueblo hondureño a través del hashtag #YoNoLoApruebo.
