Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Queremos comida, tenemos hambre”, es el lamento de miles de hondureños que siguen exigiendo al gobierno cumpla con su promesa de entregar los sacos solidarios a las familias más pobres del país.

Al menos 83 protestas demandando comida se registraron en Honduras desde el 23 de marzo hasta este viernes 10 de abril, según el Observatorio de la Protesta Social del Comité por la Libre Expresión, (C-Libre).

Las manifestaciones reclamaron el derecho a la alimentación, sin embargo las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron a la población, haciendo uso de la fuerza excesiva con bombas lacrimógenas y hasta bala viva.

“4,200 familias hay aquí y necesitamos que nos traigan alimentación, tenemos 24 días de estar encerrados, estamos consiente que el presidente ha dado la comida a los activistas y alcaldes del Partido Nacional y con dedicatoria reparten las bolsas solidarias solo a los miembros del partido”, denunció enérgicamente un poblador de la colonia Santa Isabel de San Pedro Sula.

Así mismo, otro ciudadano manifestó, “tenemos una gran necesidad en esta población, requerimos la alimentación y la pedimos de todo corazón a las autoridades encargas de hacer la repartición aquí en San Pedro Sula, porque ya hemos agotado las instancias en los canales para que no las den y siguen sin escucharnos”.

Sin garantías constitucionales

El gobierno decretó en el PCM 028-2020, restringir las garantías constitucionales de manera total en el departamento de Cortés con más de un millón de habitantes y en la ciudad de El Progreso, Yoro, región norte de Honduras, debido al avance progresivo de casos de COVID-19 en esos lugares.

En el territorio nacional se confirman al menos 407 casos por coronavirus registrados por la Secretaria de Salud, de los cuales 276 casos están en el departamento de Cortés, considerado uno de los focos más grandes de infección.

La Doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, lamentó que el sistema de salud no está preparado para darle respuesta a la cantidad de pacientes que se espera, ya que en Honduras lo que se ha priorizado es el ejército y el armamentismo.

“Cortés es una ciudad industrial comercial importante, el hecho que la gente siguió trabajando en las maquilas y moviéndose, por eso deberían hacerse pruebas masivas, la colega de salud que falleció era de ese lugar y no se le hizo la prueba el gobierno ha cometido graves errores, la Secretaría de Salud debe tomar medidas contundentes para detener el contagio al personal de salud”, sostuvo.

Según las autoridades, en los últimos días cerca de 2.250 personas han sido arrestadas por violar el toque de queda impuesto desde mediados de marzo para contener la propagación del virus corona altamente contagiosa.

No hay cuarentena sin comida

“No hay cuarentena sin comida por mucho que usted puede estar encerrado para no contagiarse, ¿y si no tiene comida?”, se preguntó en cadena nacional el mandatario, Juan Orlando Hernández, advirtiendo que se viene una escasez de alimentos por el COVID-19.

Afirmó nuevamente a la ciudadanía que aseguraría la comida de los hondureños, pero esta vez no ofreció el supuesto saco solidario que reafirmó daría a los pobres, sino que pretende garantizar alimentos producidos en el país.

Por lo tanto brindará créditos a las y los productores del Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, que tiene el mandato de lograr el ordenamiento, registro y trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimentos y la categorización de los productores, nacionales y extranjeros.

Los pequeños productores sin acceso

El coordinador de Vía Campesina, Rafael Alegría, cuestiono el PCM 030-2020 que brindará el crédito a las y los productores, explicando que este no llegará a los pequeños y medianos productores, sino que llegará directamente a la empresa privada.

“Es poco humanitario que se aprovechen de la crisis de la pandemia para que el agua y la tierra del Estado pasen al sector privado, argumentando que es urgente la producción de alimentos”, citó el líder campesino.   

Además, la Vía Campesina comunicó públicamente que el financiamiento, la asistencia técnica y los sistemas de comercialización de libre mercado impiden la soberanía alimentaria y el desarrollo agrícola del país, dejando criminalización a los campesinos y pueblos indígenas que mantienen una lucha agraria.

 

 


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