Amsterdam, Países Bajos (Conexihon).- “Determinar si el ataque estuvo relacionado con su labor periodística, y enjuiciar a los responsables”, es parte de la exigencia del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) por sus siglas en inglés, a las autoridades hondureñas, tras el asesinato del periodista Buenaventura Calderón, el pasado 31 de octubre en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
La coordinadora del Programa para Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Nathalie Southwick llamó a los entes hondureños correspondientes a “investigar exhaustivamente” el asesinato del comunicador y determinar si estuvo vinculado con su labor informativa.
“Los periodistas radiales son una fuente vital de información para las comunidades rurales y aisladas de Honduras, y las autoridades deben garantizar que todo intento por silenciarlos no quede impune”, amplió Southwick desde Nueva York, el pasado 06 de noviembre.
El periodista Calderón fue atacado a disparos la noche del jueves 31 de octubre, mientras se conducía en su vehículo junto a su esposa Maribel Bolian, en Puerto Lempira, donde residían.
Calderón dirigía un programa en la radio “Kupia Kumi” (Un solo corazón) de la Iglesia católica en la cabecera departamental de Gracias a Dios.
La organización de protección a periodistas cuestionó el silencio de la Policía Nacional, a la que contactó para solicitar una declaración, pero no hubo respuesta.
“El CPJ llamó en reiteradas ocasiones a la Policía Nacional Hondureña a los números que aparecen en sus sitios web oficiales, para solicitar una declaración, pero nadie respondió las llamadas”.
De acuerdo a una fuente citada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el comunicador mencionaba “con nombre y apellido, los atropellos y las injusticias” de la localidad, en la costa caribeña del país.
Era frecuente su compromiso por los derechos humanos y denunciaba la falta de empleo, así como acceso a la salud y educación en la zona, como destaca en una de sus entrevistas a un diario digital nacional.
Buenaventura Calderón es el quinto periodista asesinado en 2019 en el país, uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión y que mantiene el 90 por ciento de impunidad en crímenes contra periodistas.
