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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Edwin Josué Andino, de 23 años, que trabajaba en el canal de televisión LTV. Le dispararon a quemarropa en el rostro después de taparle la boca con cinta adhesiva. Los asesinos también mataron a su padre, ambos fueron sacados de su vivienda en la colonia Villa Franca, a plena luz del día en un supuesto operativo varios individuos con uniforme similar al de la Policía Militar de Orden Público, el reciente 10 de octubre.

La hipótesis que se maneja es que el hecho es producto de una planificación del crimen organizado... llevaban el tape destinado para taparles la boca" y "con cámaras ubicadas en el sector se pudo dar seguimiento a los posibles hechores que huyeron en un vehículo", encontrado después en una vivienda abandonada, aseguró la Policía Nacional en un comunicado.

Edwin Andino, periodista y productor del canal LTV fue asesinado en octubre de 2022 junto a su padre 

En muchos países, incluido Honduras, la violencia no afecta a todos los periodistas por igual, sino que se dirige principalmente a los comunicadores independientes y de investigación que cubren temas delicados como las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y grupos de crimen organizado, pero también se extiende a aquellos que se encuentran en los territorios considerados de influencia por el narcotráfico, las pandillas, la corrupción y la explotación desmesurada de los recursos naturales.

Muchos de estos comunicadores pueden ser considerados también como defensores de los derechos humanos, incluso si no se ven a sí mismos como tales. La gran mayoría de los ataques contra estos periodistas son investigados de forma deficiente.

Hacia finales de 2021, más del 89 por ciento de los casos continúan en impunidad, sin dar con los autores materiales, pero en el 100 por ciento de los casos no se ha informado de los autores intelectuales de estos asesinatos. Los altos niveles de impunidad en el país, y el bajo nivel de investigación y justicia por parte de los órganos estatales y los operadores de justicia han incidido en la baja capacidad del Estado para el acceso a la justicia.

En este sentido, apenas un 11.0% de los procesos han llegado a sentencia condenatoria y un 6.0% a sentencia absolutoria, mientras que el 78.0% aún se encuentran en proceso de investigación.

Las esferas de la narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, son sin duda evidentes, con el  inocultable involucramiento del expresidente, Juan Orlando Hernández considerado uno de los capos del narcotráfico más peligrosos del continente, extraditado hacia Estados Unidos en 2022, acusado de envíar más de 500 mil kilos de cocaína a ese país.

Hasta octubre de 2022, el Comité por la Libre Expresión ha registrado en Honduras un total de 98 asesinatos contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y directores y técnicos de medios de comunicación social.

Encontramos que las personas de sexo masculino han sufrido el mayor número de asesinatos durante el periodo comprendido entre el año 2001 y el 2022 (95% del total), como consecuencia de ejercer su trabajo periodístico o comunicativo. En comparación, encontramos que 5 mujeres de este gremio fueron asesinadas, lo que representa el 5% del total. Esto significa que el riesgo de ser asesinado en el caso de los hombres comunicadores es 32 veces superior que en el caso de las mujeres.

No obstante, la violencia de género y atentados para restringir libertad de expresión contra personas del género femenino en Honduras se manifiesta especialmente contra perfiles de las periodistas, reporteras que cubren noticias de calle, manifestaciones populares, tomas de carreteras o quienes realizan notas de investigación de hechos de corrupción del Estado y el crimen organizado.

Un elemento que suele verse mejor reflejado son las secuelas psicológicas de larga duración, despidos o renuncias por inseguridad a su integridad física, además de desplazamientos forzosos y desintegración familiar, la violencia en la emisión de opiniones en las redacciones de sus medios, víctimas de robos o daños de sus aparatos digitales de trabajo, atentados, secuestros, amenazas y feminicidios. A diferencia de sus congéneres masculinos, las mujeres que se dedican a la comunicación social se enfrentan a una triple afectación, pues la mayoría de las agresiones registradas tienden a deslegitimar su honra, dignidad e integridad traspasando a su vida privada, un hecho poco conocido es el robo de identidad.

Este elevado número refleja el peligro al que están expuestos quienes, haciendo uso del derecho a expresarse libremente, denuncian, a través de diversos medios, las irregularidades en instituciones, actos de corrupción, relaciones directas de dirigentes políticos con el crimen organizado, contrabando, los abusos de empresas extractivas extranjeras, violación a la soberanía nacional, entre otros temas.

Entre los municipios de mayor riesgo para el ejercicio de la profesión se encuentran La Ceiba y San Pedro Sula en la zona norte y Tegucigalpa en la capital y zona centro del país. Seguidos de altas incidencias violentas en Omoa, Puerto Cortés (Cortés), Morazán (Yoro) en la zona norte del país; Comayagua en la zona centro, Copán Ruinas, Santa Rosa De Copán, La Entrada en el occidente, Danlí, (El Paraíso) Catacamas y Juticalpa  (Olancho), en la zona oriente.

Existe una fuerte relación sobre la cooptación de perfiles periodísticos

Los actos de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos y ambientales tienden a tener diversos efectos, por una parte vulneran el derecho de las víctimas a expresarse y a difundir sus ideas, opiniones e información sumado a que la falta de debida diligencia, persecución, sanción e impunidad genera un daño mayor al derecho de la información de la sociedad, principalmente, cuando las víctimas tienen un grado de incidencia o influencia en la sociedad, por los diversos papeles que juegan.

Entre 2003 y 2007, seis periodistas fueron asesinados en Copán. El primer periodista de la escalada de más de 80 crímenes ocurridos entre 2003 y 2020, en Honduras, fue asesinado en Santa Rosa de Copán, la cabecera departamental.

En mayo de 2022, el periódico digital Reporteros de Investigación, recoge el testimonio de un periodista que narra, como la cobertura del caso de un narcotraficante lo colocó en alto riesgo y tuvo que ir a dar explicaciones a la finca de los Valle Valle, reconocidos narcotráficantes en la zona occidente de Honduras.

Eso le salvó la vida. Entonces llamaron al jefe de sicarios El Muco y dejaron anulada la orden de matarlo.  Después de eso, lo invitaban a eventos, comidas, celebraciones que no podía rechazar porque de otra forma, los Valle Valle lo hubieran tomado como un desplante.

No fue un caso aislado, conocido para esta investigación y trabajado sin identidad por el riesgo del periodista, sino una práctica común para controlar a la prensa. Los reporteros tenían temor de caer en desgracia con ellos. Algunos recibían dinero en efectivo, en dólares.

En Catacamas, Olancho, periodistas de diferentes medios de comunicación fueron amenazados en julio de este año por grupos del crimen organizado quienes les ordenan publicar videos donde solicitan a las autoridades capturar a peligrosos sicarios que vive en la localidad. De no publicarlo advierten que corre riesgo su vida y la de sus familiares, esta acción obedece a la reconfiguración de estos grupos de poder local en lo que se suele considerar como “peleas del territorio”.

En 2013, los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga, conocidos como Los Cachiros, contrataron a Héctor Noé Vaquedano, alias el Gordo, para que asesinara al periodista Aníbal Barrow, y específicamente, le ordenaron que “desapareciera” el cuerpo para que no lo hallaran nunca.

En el expediente judicial en el que están todas las investigaciones de la muerte del periodista, consta la declaración de un testigo protegido que el 8 de julio de 2013 afirmó: “Las personas que pagaron para que mataran a ese periodista son narcos”.

 

Crimen organizado censura la labor de los periodistas 

En sus declaraciones, ese testigo protegido dijo que a Héctor Noé Vaquedano le pagaron 400,000 lempiras, es decir poco más de 16 mil dólares, por hacer el “trabajo”. Fue el mismo Devis Leonel, quien el pasado 16 de marzo de 2021, en una corte de Nueva York, Estados Unidos, se responsabilizó públicamente por la muerte del popular periodista.

Las prácticas corruptas y poco éticas, incluida la cooptación de periodistas por parte del gobierno o los grupos del crimen organizado, son obstáculos graves no solo para la independencia y la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo, sino también para su seguridad.

Podría ser útil que los actores de protección apoyaran a los periodistas locales y las ONG para que reconocieran y expusieran la corrupción e influencia del gobierno sobre el periodismo y la sociedad civil en general, a pesar de ser temas sensibles, y que encontraran formas de abordarlos y abordar sus causas.

Por otro lado, las malas condiciones laborales y la precariedad económica de los periodistas hondureños constituyen una amenaza para su protección,  que es anterior, igual o incluso más acuciante que la que plantean la violencia y la impunidad. Es imperativo encontrar formas de empoderar a los periodistas frente a los medios para los que trabajan, así como ante el Estado, por ejemplo a través de capacitación en derechos laborales, y respaldar la reforma de los modelos de publicidad oficial para minimizar su influencia sobre la línea editorial, el contenido y los medios de comunicación, en general.

Ante este panorama, es relevante fortalecer el marco legal del Mecanismo Nacional de Protección en el país y afianzar dicho proceso a través del desarrollo de instituciones especializadas en la protección y la investigación especifica de delitos y asesinatos de periodistas.

Dada las nuevas modalidades de agresiones, es imperativo que las instituciones de gobierno revisen en las leyes, principalmente en el nuevo Código Penal, las tipificaciones de delitos de actos nocivos como el daño al honor, la calumnia, las amenazas, la emisión de contenido ofensivo, los ultrajes y protestas en el espacio físico, con el fin eliminar cualquier forma de restricción a la libertad de expresión.

Es importante, el desarrollo y/o fortalecimiento de las instituciones de prevención y protección de los periodistas y que estén dotadas de las facultades necesarias para operar con base a estándares internacionales que permitan la creación de protocolos específicos de investigación de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, poniendo como principal énfasis las líneas de investigación en estos casos

Igualmente, es importante que se adopten protocolos de prevención contra la violencia de género y capacitar al personal técnico de las diversas instituciones de justicia en la identificación y denuncia de cualquier forma de violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que se contemplen mejores medidas de seguridad física, psicológica y digital.

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon)-. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), confirman que, Honduras, es un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, y que esa situación se alimenta del alto grado de impunidad que mantienen los entes operadores de justicia.

Un informe, publicado el 8 de septiembre, en el marco de la celebración del Día Internacional del Periodista, el CONADEH detalla que el 90% de los asesinatos ocurridos en las últimas dos décadas se mantienen en la impunidad.

El Informe de Libertad de Expresión, presentado recientemente por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), registra que entre el 2001 y el 2022, en este país centroamericano, ocurrió la muerte violenta de 97 periodistas. Sin embargo, en ese mismo periodo, el CONADEH, solo registra los asesinatos de 94 personas vinculadas a los medios de comunicación.

“El ejercicio del periodismo, en Honduras, quedó marcado, en los últimos años, por una serie de hechos violatorios a la libertad de expresión que van desde amenazas, agresiones, atentados, desplazamiento forzado y la muerte de casi un centenar de miembros en circunstancias violentas”, dice la publicación del CONADEH.

Revela, que entre el 2016 y 2021, la Unidad de Desplazamiento Forzado atendió a 66 periodistas amenazados por el ejercicio de su trabajo. Y de igual manera, este organismo, reporta casos de tentativa de homicidio, lesiones, extorsión y muertes de parientes o personas cercanas a su entorno,

Según el CONADEH la mayoría de hechos violentos contra periodistas, ocurrieron en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca.

Impunidad

Recientemente, la Fiscalía General de la República, respondiendo a una solicitud de información pública, de este medio de comunicación, sostuvo que, entre junio del 2009 y junio del 2022, esa entidad operadora de justicia, registró la muerte violenta de 95 periodistas y comunicadores sociales y que de esa cifra apenas llegaron a judicializar 18 casos.

En su respuesta a la petición, la Fiscalía también reveló, que, de los 95 asesinatos de periodistas, solo mantiene en su poder, 20 dictámenes de medicina forense, pese a que éste es un documento que el fiscal que lleva el caso lo puede obtener en la Dirección de Medicina Forense, adscrita al Ministerio Público. La misma institución donde él trabaja. 

Medicina forense es el procedimiento médico que se realiza sobre el cadáver con el fin de determinar la causa, el mecanismo y la forma de muerte. Este dictamen es necesario para la investigación, la judicialización y la condena de los criminales.

Cuatro asesinados en 2022 

A partir del Golpe de Estado del 28 de junio 2009 los crímenes contra los periodistas se incrementaron en el país. De 97 periodistas y comunicadores sociales que han sido asesinados desde el 2001, ochenta y ocho fueron acribillados después de esa fecha.

Del total de crímenes contra los miembros de la prensa, cuatro ocurrieron en el presente año, pese a la aceptación de las recomendaciones, que desde el 2015 le hicieron al Estado, las naciones al mundo que participaron en el Examen Periódico Universal (EPU).

En esa oportunidad las autoridades se comprometieron a establecer los mecanismos necesarios para garantizar la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. A investigar los crímenes y a condenar a los responsables.  Sin embargo, esa, es una deuda pendiente con la sociedad.

El primer asesinato de este año, ocurrió el 9 de enero, en la aldea, Tierra Colorada, de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, cuando fue abatido a tiros, Pablo Isabel Hernández Rivera, director de la Radio comunitaria, Tenan. Después, el once de marzo, asesinaron en San Pedro Sula, al periodista, Omar Antonio Hurtado Carranza.

El once de abril, en la Ceiba Atlántida, apareció muerto en su vehículo, el comunicador social, Carlos Peralta. Y el 29 de mayo, falleció en el Hospital Escuela, de Tegucigalpa, el comunicador social, Ricardo Ávila, quien fue internado de emergencia, después de haber sido atacado por un sicario que le infirió un disparo de arma de fuego, en la cabeza.

Por darle cobertura a la defensa del territorio indígena lenca, en  San José, departamento de La Paz, la corresponsal de Radio Progreso, Sonia Pérez, es perseguida y criminalizada por el Sistema de justicia, que en la actualidad la obliga a firmar un libro de control, como parte de las medidas de sustitución de la prisión preventiva impuestas por un juez de lo penal.

Equipo legal de C-LIBRE pide a Juez de Ejecución en Cholulteca, señalar audiencia AD-HOC en favor del periodista Carlos Ávila, quien es beneficiario de amnistía absoluta e incondicional, dando paso a la extinción de pena inmediata; es decir debe anular la orden de captura contra Ávila y dictar libertad definitiva.

Abogado Abner Brito presenta ante los juzgados de Choluteca, solicitud de audiencia a favor de periodista Carlos Ávila

 

Carlos Ávila es perseguido desde 2007, cuando en su labor diaria como periodista emitió en dos medios escritos una noticia-denuncia, la Juez a cargo lo condenó a un año dos meses de prisión y ahora Ávila vive en la clandestinidad.

Carlos Ávila emitió un vídeo para relatar lo vivido hasta ahora, aquí sus palabras:

 

 

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