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Santa Bárbara, Honduras (Conexihon).- El pasado 01 de abril de 2020, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), alertó que miembros de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y las Fuerzas Armadas, agredieron físicamente y luego capturaron a los periodistas Roger David Iraheta, Onán Zaldivar y Edward Azael Fernández, durante una cobertura informativa  a una manifestación ciudadana.  

Casi seis meses han transcurrido de esa agresión y lejos de superarla, los periodistas de Santa Babara confesaron a Conexihon.hn sentirse desprotegidos al no tener respuesta alguna por parte de los entes de justicia.

Así lo denunciaron los periodistas Roger Iraheta y Onán Zaldivar quienes aseguran no haber recibido ninguna respuesta a la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de esa ciudad.

Iraheta, narró a Conexihon.hn parte de las agresiones que ha sufrido durante el tiempo que lleva ejerciendo el periodismo: “En ciertas ocasiones hemos sentido que hemos sido agredidos por parte de la policía, porque nos ha gustado siempre estar en manifestaciones recuerdo que en la crisis política del golpe de Estado fuimos agredidos, en ese momento fuimos gaseados por la labor que estábamos desempeñando en ese momento, nunca estuvimos a favor de la crisis del golpe de Estado”.

Lo mismo ocurrió durante la crisis social producto del proceso electoral del 2017 que le dio el triunfo a Juan Orlando Hernández, agrego el periodista. 32461662

Amenazas constantes luego de agresión

Sobre la última agresión que recibió por parte de miembros policiales Iraheta, detalló que se encontraban  dando cobertura a una manifestación de un grupo de ciudadanos de Santa  Bárbara que se que estaban en contra de que viniese gente de San Pedro Sula, lastimosamente la policía se sobrepasó nos agredieron de una forma salvaje nos gasearon nos tiraron gas pimienta en la cara, nos esposaron nos encarcelaron”.

Cuando estaban dentro de las celdas recibieron amenazas por los miembros policiales indicó Iraheta “Recibimos amenazas cuando ya estábamos en la celdas nos decían que nos iban a gasear a torturar y que ahora estaban las palomitas todo fue personal y a parte se nos acusó como terroristas que nosotros habíamos quebrado un vidrio de una patrulla, nosotros solo dábamos cobertura no teníamos espacio para hacer ese tipo de acciones”.

Iraheta también denunció que después de la agresión han recibido amenazas “Después de todo eso hemos recibido amenazas, uno piensa no en uno porque andamos exponiéndonos en la calle piensa en la familia que también puedan haber represiones contra ellos”.

“Hemos visto el crecimiento enorme de los entes policiales la clase política se nos ha amenazado fuertemente, no hables de esto porque te las vas a ver conmigo, son cosas que enfrentamos a diario en Santa Bárbara” detalló, Iraheta.

Parte de las amenazas que Iraheta denuncia es cuando cubren manifestaciones:  “Cuando cubrimos manifestaciones, llegan los policías diciendo a estos les encanta que los torturemos o querés que te peguemos otra por eso los encuentran pelados”.

Incremento de agresiones a periodistas similar a la guerra fría

Otro de los periodistas agredidos es Onan Zaldívar, quien declaró a Conexihon.hn que lo que más se restringe la policía son las tomas (manifestaciones). “Tengo 27 años de ejercer el periodismo, se ha incrementado mucho las agresiones, recuerdo que en la época de la guerra fría en los 80 incluso se hablaba de compañeros desaparecidos a nivel nacional, ahora casi hemos vuelto a eso a ese tiempo a partir de unos seis años, hemos visto eso por parte de los entes de seguridad y hay personas que no les gusta que se toquen temas como la corrupción”.

También narró las agresiones que ha sufrido durante el trayecto del ejercicio de su profesión: “En el año 2015 yo fui amenazado por personas que ejercían el poder en ese momento, me daban ocho días para que me retirara del canal donde laboraba también a mi hija le decían que la iban a hacer pedacitos, en ese mismo año una persona llego a un accidente a agredirme parquee mi vehículo y se me acercó”.

Sobre la última agresión que recibió dijo, “el primero de abril de este año inolvidable esa fecha, la mayoría de los comunicadores sociales hacemos periodismo crítico, social y al grande no le gusta, con dos compañeros más fuimos agredidos a mí me destruyeron el equipo me golpearon, nunca se había dado eso”

Zaldivar al igual que Iraheta expresó haber sufrido algún tipo de agresión después de la del primero de abril, entre estas la vigilancia a sus residencias y seguimiento vehicular.

Sin respuesta de las denuncias interpuestas

Sobre las denuncias interpuestas antes las agresiones sufridas los periodistas manifestaron que no han recibido ninguna respuesta por parte de los entes judiciales.

“En el 2015 yo puse denuncia en la DPI en Quimistán Santa Bárbara pero nunca tuvimos respuesta, los mismos delincuentes llamaban al trabajo o donde estábamos nos querían intimidar pero la autoridad nunca hizo nada” denunció, Zaldivar.

Zaldivar concluyó agradeciendo a C-Libre por las capacitaciones y apoyo brindado y deseo que la situación mejore para los comunicadores y el pueblo hondureño.

Por su parte Iraheta, manifestó “Interpusimos denuncia pero respuesta no hay ninguna, sabemos que la policía cometió un error el uso de la fuerza fue salvaje y buscaron una manera de acusarnos, pero no hemos recibido ninguna respuesta de los entes judiciales,  ni llamadas ante la situación, ni tan si quiera una copia se nos otorgó de esos documentos, nos sentimos desamparados no hay nada que nos ampare”.

Ambos periodistas exigieron justicia y respuesta de su caso a la vez solicitaron más seguridad para periodistas y comunicadores sociales y que se investiguen los casos, las amenazas.

Comayagua, Honduras (Conexihon).- La noche del domingo 27 de septiembre, una llamada telefónica de la periodista Sandra Pérez de la ciudad de Comayagua, informaba a la Red de Alertas de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS) que su colega Luis Almendares estaba herido con arma de fuego.

Desde ese momento se conoció fue que los disparos habían dañado órganos vitales del cuerpo, de Almendares; le perforaron un pulmón, el intestino y además le habían dañado su columna vertebral.

Almendares alertó de su atentado mediante una transmisión en su cuenta de Facebook, en la que pidió ayuda a sus vecinos, pues el ataque ocurrió en la comunidad de Mata de Caña donde el periodista residía.

Un total de once horas transcurridas después del ataque contra Luis Almendares y nuevamente una llamada de la periodista Sandra Pérez informaba sobre su muerte en el Hospital Escuela de la ciudad de Tegucigalpa a las 5:25 de la mañana del lunes 28 de septiembre.

Luisito como cariñosamente se le llamaba, salió de su casa de habitación a eso de las 6:15 de la noche del domingo 27 de septiembre a comprar la comida para su fiel amigo de cuatro patas (canino), quien también perdió la vida en ese momento, atropellado por un automotor.

De acuerdo a la versión del mismo periodista, en el camino hacia la pulpería sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron con arma de fuego, infiriéndole varios disparos de bala. Esta fue la narración que Almendares ofreció a quienes lo auxiliaron e incluso a colegas periodistas que de forma inmediata se apersonaron al Hospital Santa Teresa de la ciudad de Comayagua, en donde recibió atención médica, previo a su traslado a Tegucigalpa.

Luisito el periodista del pueblo

Luis Almendares era un periodista único en el municipio de Comayagua, la gente lo reconocía y admiraba por su don solidario con las causas justas, era una persona jovial, servicial y muy dinámica que siempre denunciada sin tapujos y sin titubear actos de corrupción.

Marcaba pautas informativas, pues también tenía la capacidad de realizar análisis de contextos con certeros comentarios que lo colocaban en una condición especial dentro de la opinión publica en el municipio de Comayagua, es por ello que su asesinato ha generado indignación de seguidores, colegas y organismos nacionales e internacionales.

Con mas de 10 años de ejercer el periodismo, Luisito habría trabajado en diversos medios locales y al menos seis medios de comunicación nacional como corresponsal en Comayagua, pero siempre su prioridad fueron sus redes sociales, desde donde colocaba el periodismo humano que tanto amaba.

Su cuenta en facebook era su medio de comunicación por excelencia desde donde denunciaba y hacia servicio social para sus seguidores, que evidencian sus gestiones para apoyar a los más necesitados con alimentos, medicinas y campañas para operaciones entre otras.

También su perfil servía para denunciar permanentemente los actos de corrupción de su amada Comayagua, esto le ocasiono represiones jurídicas e incluso agresiones físicas contra su integridad por parte de los que se sentían amenazados ante las denuncias del comunicador.

Luisito también hacia uso de sus redes sociales para motivar la perseverancia y por eso compartía parte de su vida personal con la finalidad de motivar y alentar a sus seguidores.

El periodista provenía de  una familia con serios problemas económicos y con estigmas sociales por lo que el comunicador con orgullo exponía  los grandes logros de su vida: "En el año 1990 dormía bajo una barra en un burdel en el Barrio Independencia, en 1996 vendía alcitrones en la carretera, en el 2002 fui presidente del León Alvarado, en el 2006 me gradué del colegio, en el 2011 murió mi mamá y el mundo se me vino encima y en el 2016 me gradué de la universidad como Licenciado en periodismo y para el 2021 espero graduarme de abogado", detalla una publicación de Luisito.

Almendarez además formaba parte de la Red RAPCOS de la ciudad de Comayagua y había participado en varios eventos realizados por C-Libre, el más reciente fue el diplomado en extractivismo y la presentación del Informe de Libertad de Expresión (ILE) en febrero de este año.

Exigencias por asesinato del periodista

C-Libre visibilizó a través del sistema de Alertas, reiteradas denuncias de amenazas en contra del periodista, según registros desde el mes de abril del año 2018 el periodista denunció que el juez municipal lo acusó ante un bufete jurídico de "incitación al odio", luego en septiembre del mismo año denunció haber recibido querella por delitos de injuria por publicación que realizo en sus redes sociales sobre el actuar de una cooperativa de la ciudad donde residía.

En marzo del año 2019 fue citado en los juzgados de paz por haber publicado una denuncia que involucraba a un docente, la última alerta se registró en el mes de junio del presente año donde denunció actos de la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua, y la misma lo estaba obligando a revelar su fuente.

La última Alerta que emitió C-Libre, fue el 28 de septiembre de 2020, donde se denunció el atentado criminal contra Luisito que finalmente le quito su vida.

Al respecto, Amada Ponce, directora de C-Libre, denunció "Después de siete alertas por violaciones a la libertad de expresión de Luis, nadie escuchó la voz de Luis, nadie pudo poner las manos sobre la vida de esta persona, incluso ayer que llamamos al mecanismo de protección fue muy tardía la presencia de la policía nacional, tardó tres horas en llegar".

"Este es un llamado al Mecanismo Nacional de Protección y a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida para dar con los culpables de su asesinato" exigió, Amada Ponce.

Otra de los organismos en manifestarse en contra del asesinato del periodista es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), el cual emitió un comunicado donde insta al Estado hondureño a realizar una investigación independiente, rápida, efectiva e imparcial, que incluya como línea de investigación la labor periodística de la víctima, que permita juzgar a los responsables del crimen y presentar resultados en un plazo razonable.

El día martes 29 de septiembre pese a la normativa que prohíbe la aglomeración de muchas personas en consecuencia del covid-19, Luisito fue despedido como lo merecía aunque aun no era su tiempo de dejar este mundo, el comunicador fue acompañado a su morada final por una multitud de personas en una clara manifestación que el periodista estaba del lado correcto.

Hasta pronto Luiste Almendares

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Por tercer año consecutivo, las fuerzas policiales atacaron las acciones de protesta, organizadas por el movimiento popular 15 de septiembre. Este año, dejó personas heridas y detenidas por más de seis horas.

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, presento el informe “Acceso a la información y transparencia activa: grupos vulnerables en la pandemia del covid-19”, cuya finalidad es fomentar el derecho humano al acceso a la información.

La Alianza a través de su informe, incita a los gobiernos a fomentar la producción y la buena gestión de información sobre y para grupos vulnerables, con especial atención a la clasificación de los datos, un enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad.

Sobre los contenidos mínimos de información necesaria relativa a las acciones, políticas y recursos de prevención en atención de la pandemia, el informe hace énfasis en la atención que los Estados deben brindar a los sectores particulares, como centros de privados de libertad, migrantes y personas mayores.

Referente al sector de centros de privación de la libertad el Estado debe brindar medidas de prevención y atención de pacientes positivos al covid-19 para las personas privadas de libertad y para el personal que trabaja en esas instituciones, tales como condiciones de aislamiento de personas infectadas, distribución de kits de higiene personal, realización de pruebas y equipamientos de protección individual.

También la Alianza establece en su informe que el Estado debe brindar a los migrantes servicios de salud accesibles, si es posible en más de un idioma, y que indiquen que su estatus migratorio no es un factor limitante para la atención médica.

Por su parte, las personas mayores es otro de los sectores que indica el informe a las cuales se les debe de brindar  información, acerca de la realización de pruebas y distribución de equipamientos de protección individual, tanto para el uso personal como para las personas que viven con ellos, además se les debe de informar los protocolos de prevención y cuidado que deben seguir los residentes y personal de asistencia en las instituciones destinadas al cuidado de esta población, así como las vías de consulta y verificación para sus familiares.

Además, el informe indica que las consideraciones generales que los Gobiernos deben de cumplir para la difusión de la información son; en múltiples formatos y que estos sean abiertos, en idiomas diversos, de fácil comprensión, transmitida por referentes sociales y canales diversos.

Los contenidos mínimos de información que los Gobiernos deben difundir son; Datos vinculados a la enfermedad, Acceso a la salud, Violencias, Infraestructura, Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Actualización de información y campañas de desinformación

Sobre la divulgación de los contenidos mínimos de información necesaria para medidas de prevención y cuidado generados por los Gobiernos el informe describe los siguientes: de las reglas y excepciones a las políticas de aislamiento así como las respectivas tasas de adhesión a esas políticas, divulgación del protocolo para la realización de las pruebas en el país, informando periódicamente la cantidad y los nombres de los laboratorios autorizados para hacerlas, así como el volumen de pruebas disponibles y las realizadas; tiempo de espera de los resultados y la capacidad que tiene el país de hacer pruebas.

En cuanto a la prevención, síntomas y contagios los Gobiernos deben brindar la información siguiente; instrucciones para el uso correcto de las mascarillas, sobre los síntomas indicar los materiales en lenguaje sencillo, explicando los síntomas más comunes de la enfermedad y también aquellos atípicos, sobre el tema de contagios el Gobierno debe dar orientaciones sobre cómo actuar en caso de confirmarse el contagio y qué hacer en caso de no poder aislarse.

La Alianza enfatiza en dicho informe sobre la temática de la desinformación “Es importante que los gobiernos lleven a cabo campañas contra la desinformación, a través de la difusión en canales oficiales, alertando sobre los mitos e informaciones falsas sobre el COVID-19”.

De igual manera la Alianza también recomienda a los Estados y gobiernos locales actualizar constantemente la información disponible en transparencia activa, considerando las demandas más frecuentes recibidas por otros canales, como las solicitudes de transparencia pasiva, las denuncias y quejas en relación a la calidad de los servicios públicos, de tal manera que la información pública esté en circulación frecuente y se evite la desinformación.

La violencia en aumento en tiempo de pandemia

Textualmente el informe indica: “La violencia contra las mujeres y menores de edad es una problemática común y recurrente en América Latina y el Caribe, y los datos indican un aumento en el número de casos como efecto de las políticas de cierre de actividades y aislamiento social preventivo en el contexto de la pandemia”.

La Alianza recomienda a los Estados crear contenidos mínimos de información necesaria relativa a violencias, para mitigar el riesgo al que se enfrentan las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y cree fundamental tomar medidas urgentes y efectivas, así como ampliar el acceso a la información acerca de las mismas.

Entre las recomendaciones que los estados deben crear están; canales para informar, reformular y diversificar los canales de denuncia de violencia y atención a las víctimas, utilizando un lenguaje de fácil comprensión, idiomas, además crear centros de acogida para establecer y divulgar reglas para mantener el funcionamiento de los centros de acogida provisional, garantizando las condiciones adecuadas de higiene, medidas de prevención del contagio y seguridad.

Recomienda también realizar capacitaciones para promover información y preparación para atención a víctimas de violencia, elaborar y divulgar planes de contingencia para enfrentar la violencia,  y darle especial atención a la divulgación de información relativa a la ciberviolencia y a víctimas de trata, de preferencia en idiomas de las comunidades migrantes en el país.

Finalmente, la Alianza plasma en el informe que uno de los elementos más citados como amenaza en la pandemia del COVID-19 fue la desinformación que es frecuente en la actualidad de América Latina.

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