Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Cómo en la década de los 80, a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), regresó el aparato de seguimiento a líderes estudiantiles. Desde febrero a septiembre del 2017 el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), fue víctima de la mirilla de los organismos de inteligencia en el país. 

Conexihon tuvo acceso al documento llamado “Apreciación de Inteligencia DIPOL”, elaborado por miembros de la Dirección Policial de Inteligencia (DPI), donde describen al menos 35 acciones de seguimiento hacia las acciones del MEU, desde el 09 de febrero hasta 05 de septiembre del año pasado. Esta última fecha es la misma en la que se presenta como elaborado dicho documento.

La DIPOL centró la mayoría de acciones en las distintas movilizaciones convocadas por el MEU, organizaciones sociales y partidos políticos de oposición.

El documento de seis páginas forma parte de los hechos que concretizaron la planificación de la Operación APOLO III, elaborado desde la Dirección General de la Policía Nacional, el 05 de septiembre de 2017.

Las acciones que destacan en esta “apreciación de inteligencia”, datan entre finales de mayo y el mes junio, donde hubo capturas de universitarios y se realizó un Juicio Oral y Público contra tres líderes estudiantiles (hoy egresados), quienes fueron declarados culpables por el delito de Usurpación en perjuicio de la UNAH.

Desde el 24 de mayo, que iniciaba el juicio contra Moisés Cáceres, Sergio Ulloa, Cesario Padilla, acusados por las autoridades universitarias por el delito de usurpación, este informe detalla las acciones de protesta del movimiento estudiantil exigiendo la libertad de sus compañeros, hasta el 15 de junio.

Para el desarrollo de este juicio compareció Norma Suyapa Garay Flores, agente encubierta del Agencia Técnica de Investigación (ATIC), como testigo propuesta por la parte acusadora de los estudiantes. Durante su declaración, reconoció ser infiltrada con la misión de elaborar perfiles y dar seguimiento a seis personas, entre ellas los tres imputados.

Este medio de comunicación evidenció el 16 de junio de 2017 que las labores de la ATIC son las de investigación y persecución de los delitos graves y de fuerte impacto social, establecido en el artículo 184 del Código Procesal Penal.

Por tanto, los delitos de Usurpación y daños, utilizados para criminalizar a las y los estudiantes de la UNAH, no aparecen como delitos a investigar.

En el periodo que comprende esta acción de la inteligencia policial (febrero-septiembre 2017), destacan las acciones de criminalización de la madrugada del 25 de mayo contra 20 universitarios (entre ellos el periodista Ronnie Huete), y del 16 de junio, cuando fueron detenidos dentro de las instalaciones del edificio de Química y Farmacia (QQFF) seis estudiantes de dicha facultad.

En uno de los apartados de lo que la DIPOL llamó “aspectos de interés”, detallan la toma de edificios y el supuesto número de estudiantes que realizaban dicha acción.

Textualmente dice el apartado: “… El aproximado de integrantes del MEU varía: (de lunes a viernes hay un aproximado de 70) y los fines de semana solo permanecen en dos edificios, la mayoría de las personas que permanecen en la toma son del municipio de San Pedro Sula, Cortés”.

Asimismo, constatan un número al que llaman “aproximado” de estudiantes que ocupa cada edificio que permanecía en la protesta estudiantil del año pasado.

En "Asunto de Interés" detallan el número de estudiantes dentro de los edificios ¿Cómo lo sabrían?

Hacia quienes “legalmente” va orientada la Inteligencia

En la administración nacionalista de Porfirio Lobo Sosa (Presidente 2010-2014), y Juan Orlando Hernández (Presidente del Congreso Nacional, en ese momento), crearon una serie de leyes y entidades destinadas a labores de inteligencia ¿Para quién?

De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional, aprobada bajo Decreto No. 211-2012, los entes encargados de realizar acciones especializadas para la producción de inteligencia son: La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), la Policía Nacional, la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los anteriores conforman, de acuerdo con el artículo cinco de la presente ley, el Sistema de Inteligencia Nacional, coordinado por la DNII.

La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, de acuerdo al artículo dos, ejecutará “las políticas que en materia de defensa y seguridad establezca el Consejo Nacional de defensa y Seguridad (CNDS). Este último conformado por quienes ostentan los tres Poderes del Estado y lo preside el Presidente de la República.

Seguidamente, el artículo dos de la Ley de Inteligencia menciona como funciones de la DNII, aquellas acciones de investigación e inteligencia estratégica para “contrarrestar amenazas internas y externas contra el orden constitucional”.

Con esta definición, el Movimiento Estudiantil Universitario, en los siete meses que fue objeto de acciones de vigilancia, fue visto como una “amenaza”. A nivel público aparecieron en diferentes medios de comunicación, campañas de desprestigio contra el MEU, creadas desde las propias autoridades de la UNAH, encabezadas por la entonces rectora, Julieta Castellanos.

Por su parte, el artículo siete de la ley en mención, habla del funcionamiento de un Comité de Inteligencia Estratégica (CIE), que dentro de sus nueve integrantes está la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).

Sobre el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de dónde depende todo este aparato de inteligencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente visita al país reiteró la importancia de que la normativa sea revisada “en vista de que en el mencionado Consejo participan autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial a través de una actuación conjunta, que pone en duda su independencia e imparcialidad para investigar y sancionar los casos que conocen”.

Reactivación de la inteligencia, un patrón de los años 80

Durante la aplicación en Honduras de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), un plan diseñado por el gobierno estadounidense de Ronal Reagan para combatir a las fuerzas de izquierda consideradas como “terroristas” tuvo impacto en las vidas de dirigentes sociales, específicamente las y los estudiantes.

Sergio Rivera es un sobreviviente de la “época del terror”. Hace 35 años era dirigente de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza (FESE). Hoy es catedrático en la UNAH y no duda en señalar que existe similitud entre los años 80 con la persecución a estudiantes en la actualidad.

“En uno de los juicios que se le hizo a el movimiento estudiantil, la fiscalía aceptó que se estaban desarrollando trabajos de espionaje y trabajos de inteligencia dentro del movimiento estudiantil”.

Se refiere a la declaración hecha por la agente Garay Flores, de la ATIC, infiltrada confesa en acciones de

Sergio Rivera, ex dirigente estudiantil en los 80´s

protesta estudiantiles en 2015, para reconocer los que ellos llaman “objetivos”.

Este tipo de acciones sumadas al levantamiento de perfiles, seguimiento, vigilancia eran el diario vivir de aquella generación estudiantil. “Esto culmina con el secuestro, encarcelamiento, y algunos casos desaparecidos y asesinados”.

Para ese entonces, existían aparatos de inteligencia como el escuadrón 3-16, una estructura que daba persecución hace 35 años a quienes se identificaban con ideas progresistas y de izquierda. Entre sus acciones está la desaparición del estudiante universitario y Secretario General de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), Eduardo Becerra Lanza, la noche del 01 de agosto de 1982. (En su memoria, se ha nombrado la plaza central de la Ciudad Universitaria).

La cacería de “Apolo III”

El 05 de septiembre de 2017, desde las propias oficinas de la Policía Nacional, encabezadas por su entonces director, Félix Villanueva, se planificó lo que tres días después se conoció como la represión dentro del campus de Ciudad Universitaria.

A este hecho se le llamó Operación APOLO III, como registra el documento D.G.P.N- no 8375-2017, en el que se propone como misión ejecutar una acción de desalojo “en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, a partir del día “D” a la hora “H”…”.

El día “D”, como lo detalla el plan de la Operación APOLO, fue el 08 de septiembre de 2017, cuando se capturó en horas de la mañana a 15 estudiantes y, 48 horas antes ya existía una orden de captura contra ocho estudiantes más.

Ese mismo día, fueron agredidos y  torturados cuatro defensores de los derechos humanos: Hedme Castro, Carlos del Cid, Ariel Díaz y Tomy Morales, los tres últimos puestos en prisión por dar acompañamiento a ocho estudiantes universitarios acorralados por la policía, cuándo estaban dentro de un microbús propiedad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), en los predios del alma mater.

Por este hecho, surgió la Mesa Nacional de Derechos Humanos, un grupo de más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras, y presentó una denuncia contra el ahora ex director de la Policía Nacional, el pasado 20 de febrero por el delito de Abuso de Autoridad, al no tener potestades para realizar este plan de inteligencia que culminó con una cacería estudiantil.

Cabe señalar que de la represión estudiantil, hay diez universitarios con medidas sustitutivas a la prisión y a otro se le libró orden de captura, por tener un proceso anterior, en el marco de esta vigilancia policial.

Las protestas realizadas en la UNAH el año pasado, es una sucesión de acciones encaminadas desde mediados de 2011, por exigir una educación pública, gratuita e incluyente, así como la realización de elecciones estudiantiles, sin intervención de las autoridades. Con ello se desató el inicio de acciones de represión que van desde la criminalización, expulsiones, padres de estudiantes asesinados y acciones de vigilancia, con la vista y paciencia de las autoridades de la máxima casa de estudios.


0
0
0
s2sdefault

Más Leídos