Por: Conexihon y Criterio

Coalición de Medios Contra la Desinformación

Tegucigalpa, Honduras .- Desde la aprobación de esta ley, que restringen y limitan los accesos a la información pública, ha sido denunciada por periodistas y miembros de la sociedad civil por entorpecer investigaciones.

La periodista, Wendy Funes, habló con el medio detallando las dificultades y obstáculos que se ha topado con esta ley, también resaltó que solo una vez han utilizado la ley de secretos como tal porque la mayoría de las instituciones se encuentran en las reservas del tasón de seguridad.

“Una vez que pedí información sobre la tasa de seguridad invocaron la ley de secretos para negar esta información. Como esto les permite salir a la luz pública y decir que la Ley de Secretos no se ha usado para restringir información por eso tratan de no utilizarla”, vociferó.

Dentro de las reservas de información está contemplado lo relativo a los cobros por la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), también denominado “Tasón de Seguridad”, que según organizaciones de sociedad civil recauda un aproximado de 170 millones de lempiras mensuales.

Esta tasa se debe pagar de acuerdo a las transacciones financieras que hagan los hondureños, es decir, por cada mil personas se pagan dos lempiras por realizar depósitos o retiros en cheques, por pagos de transferencias y por envío de dinero al interior o exterior del país.

“Yo creo que si se hiciera una auditoría en esa tasa sería escandaloso el nivel de corrupción que podríamos encontrar, y esto está protegido por una ley de secretos oficiales que no es más que una ley de anti transparencia, que permite la corrupción”, detalló el investigador, Joaquín Mejía  del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ).

Esta tasa, según Mejía, se ha convertido en una gran alcancía que no tiene ningún control y que realmente se presta para actos de corrupción.

la Ley de Secretos establece que la facultad de clasificar documentos relacionados con

La seguridad y la defensa nacional corresponde única y exclusivamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia a la cual los otros órganos del Estado deberán hacer la correspondiente solicitud.

Es un ente que vulnera el principio de separación de poderes, ya que aglutina en un solo órgano al Fiscal General de la República, al Secretario de Defensa y al de Seguridad, siendo presidido por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernandez.

Acciones contra la Ley de Secretos

Durante la entrevista, la periodista Funes, agregó que solicitó la cantidad de resoluciones de reserva y a principios 2019 habían 32 resoluciones de reservas en diferentes instituciones, además, Funes ,al igual que varias instituciones que se encargan de hacer investigaciones en el país, explicó que hizo un análisis denunciando los riesgos de la Ley de Secretos.

“Lo que hace es blindar más la información, aunque Estados Unidos a través de ONG’s ha estado presionando para que se derogue hay que decir que esta ley surge en un momento que a las fuerzas armadas de EE.UU les conviene tener en secreto operaciones militares que se ejecutan en Honduras”, detalló.

El 14 de enero de 2014, la Sociedad Civil se pronunció a través de la Alianza por la Paz y la Justicia, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) emitió la alerta.

El 10 de febrero de 2016, C-Libre presentó una acción de inconstitucionalidad contra La Ley de Secretos, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Sala referida, en el año 2019, declaró parcialmente inconstitucional la Ley, sin embargo dos magistrados, Jorge Alberto Zelaya y Edwin Francisco Ortez Cruz, votaron en contra.

De acuerdo con la ley de justicia constitucional, cuando no hay unanimidad por parte de la sala el caso se envía al pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que tome una decisión definitiva. 

Por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) recomendó definir de forma precisa el concepto de Seguridad Nacional, tomando en consideración lo preceptuado por el Reglamento de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación como Reservada de la Información que Tienen o Generan las Instituciones Obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esto para impedir  la utilización discrecional o subjetiva de dicho término, como mecanismo para ocultar posibles actos ilegales o que redunden en un perjuicio para la sociedad hondureña.

Xiomara propuso derogar  

El analista político Saul Bueso mencionó que el pueblo hondureño tiene grandes expectativas sobre el próximo gobierno de Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), porque entre las promesas políticas sobresale el de la lucha contra la corrupción.

“Para combatir la corrupción hay que hacer varias acciones, una de ellas es revisar la política pública en contra de la corrupción, apoyar el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y eliminar las barreras tanto legales como administrativas alrededor del tema”, declaró.

Por su parte el ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, explicó en un foro que uno de los principales pilares del gobierno de Xiomara Castro debe ser la derogación de la Ley de Secretos que en su momento le dificultó trabajar en investigaciones con la MACCIH.

De todo el listado de leyes por derogar esta «debe estar en primera fila», afirmó durante su participación en el foro «Transparencia y acciones para desmontar las redes de corrupción e impunidad: Retos y oportunidades del nuevo gobierno»; el cual fue organizado por la Coalición Anticorrupción.

No puede haber democracia sin transparencia y no hay transparencia con la Ley de Secretos, declaró.

Cuando Jiménez Mayor fue parte de la misión en Honduras, emitió una alerta detallando que la  secretividad del manejo de la información en las leyes, contrasta con lo que ordena el Artículo VIII, de las obligaciones del Gobierno de Honduras en el convenio firmado con la MACCIH, cuando se afirma que garantizará diligencias para recabar información, investigación de los casos de corrupción, toma de denuncias, teniendo pleno acceso a la información y material documental.

El convenio establece que “la Misión entregará un reporte de los hechos que encuentre en el proceso y que obstaculicen su investigación y que se retirará si el Estado deja de cooperar”.

A pesar de las denuncias el gobierno oficialista hizo caso omiso a las peticiones y para enero de 2020, votaron en contra de la renovación de la Maccih, siendo este un grave retroceso en el combate contra la corrupción en el país.

El plan de Gobierno de LIBRE establece acabar con “el Código Penal de la Impunidad” y promover reformas para facilitar la intervención ciudadana en la persecución del delito público, fortalecer las penas, definir con precisión las medidas sustitutivas y proteger el derecho a la denuncia, que se investigue y se castigue al corrupto.

Para desmontar la impunidad “procederé a derogar la Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que creó la dictadura, subordinándole al Ejecutivo los demás poderes del Estado, que tenían que balancearlo”, cita el texto.

También sostienen la derogación de la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional.

En el Congreso Nacional se puede derogar una ley con la mayoría calificada, sin embargo LIBRE hasta el momento solo tiene 52 diputados y 12 del Partido Salvador de Honduras; estos partidos están integrando una alianza política.