Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- En un periodo de 15 días se registraron 30 agresiones contra trabajadores/as de la comunicación por parte del Observatorio a la Libertad de Expresión en el marco del proceso electoral del 28 de noviembre de 2021.

Con el apoyo de 50 miembros de la Red de Alertas de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), por tercera ocasión (2014,2017 y 2021), C-Libre instauró el Observatorio a la Libertad de Expresión al proceso electoral del 2021, documentando y sistematizando agresiones en jornadas previas, durante y posteriores a las elecciones generales en Honduras.

Bloqueos informativos

El Bloqueo informativo es la agresión más repetida en contra de los trabajadores/as de la información que realizaban cobertura informativa al proceso electoral. Se destacan entre estas la prohibición de ingresar al país a periodistas internacionales corresponsales de diferentes agencias de noticias y la negatoria del acceso a espacios informativos.

Dentro de la categoría de acceso a la información pública se aglutina la obstrucción informativa en la difusión de información contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación.

En relación a la agresión vinculada al internet se reportó desde tempranas horas del día de las elecciones una caída en el sistema de consulta del centro de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE), escenario que limitó el derecho a la información previa. Posteriormente el CNE, informó que se trató de un hackeo de su servidor, esta es considerada como constitutiva de un delito grave.

Violencia

La violencia fue manifiesta con las agresiones físicas y amenazas por parte de militares y representantes del Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras, incluida la agresión verbal contra un defensor de Derechos Humanos en un centro de votación en la ciudad capital.

Al menos tres acciones violentas también fueron reportadas por defensores de derechos humanos y una periodista en Choluteca, donde se registró una amenaza de muerte a un defensor y dos atentados contra vehículos de una defensora y una periodista.

Según la versión de la comunicadora su carro empezó a hacer un ruido extraño y posteriormente sintió como ya no podía avanzar debido a que ya no tenía “literalmente una de sus llantas”.

Otras acciones de violencia física contra periodistas se produjeron el mismo día del proceso electoral en contra de siete trabajadores de la comunicación en la ciudad de Tegucigalpa a quienes se les agredió de forma física y verbal durante su trabajo informativo.

Se trata de dos periodistas y dos camarógrafos, de dos televisoras capitalinas que se vieron afectados directamente por parte de activistas políticos que arremetieron en contra de sus herramientas de trabajo.

Iguales acciones se reportaron en la comunidad de Coxen Hole, en Roatán, Islas de la Bahía, donde tres periodistas fueron agredidos físicamente por activistas de los Partidos Nacional y Liberal, siendo que uno de ellos terminó con su equipo de trabajo dañado.

Zonas afectadas

El trabajo realizado por más de un centenar de trabajadores/as de la información miembros de la Red de Alertas de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), representados en los 18 departamentos de Honduras, preciso que el departamento de Francisco Morazán fue el lugar donde se reportaron mayores agresiones con un total de 18, seguido por Islas de la Bahía con cuatro.

En el resto del país se monitorearon: Comayagua (1), La Paz (1), Olancho (1), Atlántida (1), Valle (1), Choluteca (1), Cortés (1) y Yoro (1).

La información recabada en el observatorio será trasladada al sistema de Alertas de C-Libre para la sistematización de violaciones a la libertad de expresión correspondientes al año 2021.

Recomendaciones para garantizar la transparencia y el acceso libre a la prensa en procesos electorales

  1. Establecer límites al abuso de la publicidad oficial.

Prohibir los anuncios y la publicidad de actos de gubernamentales durante todo el período de campaña. Regular los usos y la distribución de la publicidad oficial de modo que no pueda utilizarse con fines partidistas ni para promover el conocimiento público de los funcionarios de gobierno, y para que no pueda emitirse durante el período de campaña, salvo en casos de emergencia o interés público expresamente descriptos en la ley.

  1. Prohibir el uso de la cadena de radiodifusión nacional durante la campaña, salvo cuando por cuestiones excepcionales el gobierno lo solicite y la Cámara Nacional Electoral lo autorice. Con estas medidas se busca evitar que los candidatos oficialistas puedan abusar de su posición institucional para hacer política partidaria.
  2. Promover información para la cobertura y observación internacional

En los últimos comicios electorales de 2017 y 2021, C-Libre documentó la prohibición de ingreso al país de varios periodistas internacionales, así como la expulsión de observadores internacionales, pese a que contaban con acreditaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, por lo que insta a las autoridades a promover una cultura de observación y transparencia informando a la ciudadanía y colocando en las páginas oficiales los pasos para permitir el ingreso al país, el trabajo periodístico y la observación de misiones ciudadanas.

  1. Aumentar el proceso de formación a las personas participantes de las Juntas Receptoras de Votos, para facilitar el uso y apropiación de las nuevas tecnologías y establecer las acciones en caso de que la misma falle por cualquier circunstancia, como en lo observado cuando el escáner de huellas falló en diferentes centros de votación o cuando las personas no aparecen habilitadas por fallas en el censo nacional.
  2. El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público deben continuar con las investigaciones sobre el hackeo a la página del censo y hacer públicos los hallazgos.
  3. Las autoridades militares y policiales que custodian el material electoral y garantizan la seguridad en los procesos electorales deben ser capacitados sobre el rol del periodismo.
  4. Las acciones violentas cometidas contra periodistas en las ciudades de Roatán, Tegucigalpa, Islas de la Bahía y Choluteca por parte de activistas del Partido Nacional y el Partido Liberal deben ser resarcidas y ambos partidos deben ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido para evitar que las acciones se sigan cometiendo.
  5. El Ministerio Público debe investigar las posibles comisiones de delitos en el caso de periodistas agredidos y de defensores amenazados en el marco del proceso electoral.
  6. El Consejo Nacional Electoral debe facilitar procesos de capacitación a periodistas y comunicadores sociales, así como publicar con suficiente antelación como debe ser el proceso de registro y acreditación de medios de comunicación, el cual deberá tener como requisito la solicitud del medio de comunicación sin limitar de forma alguna el número de personas que conforman el equipo de comunicaciones.
  7. El Mecanismo Nacional de Protección debe activar acciones de comunicación y prevención de incidentes con periodistas, comunicadores y defensores previo a las elecciones para garantizar su seguridad y este mismo proceso de monitoreo debe continuar días después a la cobertura y auditoría social que se realiza en dichos procesos.
  8. A los medios de comunicación instamos a mantener actualizados sus manuales de reacción y seguridad en caso de incidentes ocurridos en este período.
  9. A los periodistas y comunicadores les instamos a promover una cultura de transparencia y participación ciudadana.

El rol de los medios de comunicación puede ser determinante en la percepción que se tiene de los candidatos a cargos de elección popular, por lo que les instamos a que se permita la cobertura amplia, transparente e inclusiva de todos os candidatos y candidatas, que el publicar encuestas se explique en detalle la forma en que se realiza, cómo se hacen las entrevistas y los márgenes de error que pueden resultar de la misma.

  1. Al Instituto de Acceso a la Información Pública le urgimos a inspeccionar las páginas de transparencia de los Partidos Políticos para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de fiscalización de las declaraciones presentadas a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) y emitir sanciones en caso de que las mismas no se encuentren actualizadas.}
  2. A la sociedad civil organizada le invitamos a mantener la vigilancia y auditoría ciudadana para conocer los resultados del proceso electoral realizado el pasado 28 de noviembre y en caso de que se presenten irregularidades o inconsistencias en cualquiera de los procesos facilitar la información a las autoridades para su verificación e investigación de posibles comisiones de delitos.

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