Con una aterradora cifra de contagiados por COVID-19 que roza los 25,000 casos los hondureños viven una notable crisis de desconfianza en la frágil institucionalidad que duda inclusive del anunciado contagio y recuperación de Juan Orlando Hernández, que fue dado de alta del Hospital Militar, esta semana tras resultar positivo a la epidemia.

La dura realidad social, política y económica que ha impuesto la pandemia es reflejo de un mal manejo en general del país durante la última década cuando se gestaron tres golpes de Estado, en 2009 al Poder Ejecutivo; en 2012 a la Corte Suprema de Justicia y en 2017 una reelección ilegal.

La desinformación mediática se extendió en el último gobierno hasta las plataformas digitales, con el retiro de 3.104 cuentas al régimen, de parte de Twitter por tergiversación de la realidad, 611.808 eran retuiteadas. Aquí hablamos de una real malicia o de la absoluta negligencia respecto a la verdad.

La rígida cuarentena que suspendió las garantías constitucionales decretada en el país desde el 16 de marzo del 2020 hasta la fecha, resultó ser un fracaso total, debido a que los casos de COVID-19 en Honduras no han disminuido, sino que han ido en aumento y el sistema de salud hondureño precarizado desde antes de la pandemia, mientras para miles de personas la única forma de conseguir las condiciones básicas para el sustento de las familias son los movimientos migratorios en caravanas hacia Estados Unidos.

En contraste las cifras oficiales sobre las muertes no coinciden, la pregunta que el pueblo se hace en la actualidad es, ¿Dónde está el dinero?, con un monto ejecutado hasta el ocho de mayo que supera los 3,340 millones de lempiras, frente al desbordamiento de los centros de atención hospitalarios y la apertura de los centros de triaje, que apenas cuentan con camas para la atención inicial, incluidos el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), la Universidad Nacional Católica de Honduras y el costoso Centro Cívico Gubernamental que desde el inicio de la cuarentena se sugirió que se utilizara con ese fin.

El régimen afianza sus controles y ejecutó en la primera semana de julio, dos de las violaciones a la libertad de expresión más cruentas de 2020, el asesinato de los comunicadores sociales Gabriel Vallecillo y Jorge Posas, en La Ceiba, Atlántida y el allanamiento ilegal disfrazado de robo del estudio de grabación del equipo de investigación de “El Perro Amarillo”.

Pese a las dificultades, los hondureños buscan muchas alternativas, una comunidad solidaria que ha abierto cuentas bancarias para recuperar el equipo robado a “El Perro Amarillo”, una red de comunicadores nacionales e internacionales que abren sus puertas para narrar lo que ocurre en la “otra Honduras” y un camino hacia la recuperación de la palabra entre los periodistas ceibeños.

También se fortalece el accionar social mostrando su solidaridad frente a la pandemia, retornando las formas de intercambio tradicional en las comunidades indígenas, priorizando la alimentación frente a la compra de gastos suntuarios, en medio de un imaginario de desconfianza absoluta, se buscan mejores formas de informarse en medios alternativos y comunitarios, incluso olvidando las cadenas nacionales emitidas todos los días, profundizando la burbuja estatal y la concentración de la información.


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