Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Durante la presentación del informe de 100 días, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, como parte de los pocos países que velan por atender las amenazas a estos sectores vulnerables, “le hemos salvado la vida a 237 personas”, expresó la entonces ministra de Derechos Humanos, Karla Cuevas.
Sin embargo, hay muchos problemas porque los equipos de los mecanismos no tienen capacitaciones suficientes para trabajar y proponer medidas, hay falta de recursos humanos y financieros, explicó uno de los beneficiarios de las medidas de protección.
“En noviembre del año pasado me enviaron un mensaje para decirme que no podrían instalarme las cámaras o cambiarme los llavines en mi casa porque el Estado no ha trasladado los fondos del Tasón de Seguridad de eso hasta febrero aún no hay respuesta”, lamentó.
Pese a la creación del Mecanismo Nacional de Protección, como parte del as recomendaciones del Examen Periódico Universal en 2015, en los últimos tres gobiernos de 2010 a la fecha, se asesinó al mayor número de (más de 120) defensores y 65 periodistas en Honduras.
El informe presentado por el Mecanismo en 2018 indica que el presupuesto en relación al año 2016 fue incrementado aproximadamente un 116% y que se gestionó, por medio de Convenio con Tasa de Seguridad Poblacional-TSP, la asignación de 10 millones de lempiras. Una vez ejecutada dicha asignación se tramitará una nueva asignación por un monto similar con TSP, con el fin de mantener el Fondo de Protección (ART. 66 de la Ley) con recursos suficientes para responder a los requerimientos que se presenten.
De acuerdo con el informe ¿Cuál es el Costo de la Seguridad y la Defensa en Honduras 2002-2019?, elaborado por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras más del 80 por ciento de los fondos del impuesto recaudado por Tasa de Seguridad está destinado a la Secretarías de Seguridad y Defensa.
Desde julio del 2015 al 30 de junio del 2018 se han atendido trescientos veinticinco (325) solicitudes de medidas de protección, de las cuales se admitieron 250 casos y no se admitieron 75. De los casos admitidos, al 30 de junio del 2018, se han cerrado 33 casos por diversos motivos entre ellos: expresión de no voluntariedad para continuar en el proceso.
¿Qué falla en el Mecanismo?
En su reporte, “Situación de los Mecanismos de Protección para los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos”, de Amnistía Internacional pese a que en Honduras comenzó con su mecanismo en 2015 a cuatro años de su implementación no se ha superado el enfoque policial de las medidas de protección, de debe también garantizar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Esta semana un defensor de la zona sur de Honduras, de quien se protege su nombre por razones de seguridad, lamentó que el Comité Técnico tenga que esperar seis meses para hacer un análisis de riesgo luego de que se le otorgaran medidas de protección de la CIDH.
“Ahora resulta que, aunque tengo medidas no me pueden implementar esas medidas y tendría que esperar otros seis meses para que valoren si me van a matar o no, eso no tiene sentido, en seis meses muchas cosas podrían pasar porque el contexto de la zona Sur es muy hostil”, explicó.
“Lo que está sucediendo en el Mecanismo es que está obviando o ignorando las medidas de la CIDH que no pueden ser suspendidas por un ente nacional, porque la Comisión no manda a que se hagan análisis de riesgo manda a que el Estado proteja con las máximas medidas posibles para garantizar el ejercicio de los derechos”, agregó otro de los defensores entrevistados por Conexihon.
Periodistas bajo amenaza
El presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, ha reconocido que en la actualidad el organismo tiene constancia de al menos 58 periodistas que se encuentran amenazados y gozan de medidas de protección dentro del país, según ‘Proceso Digital’.
Uno de los casos más emblemáticos de la falta de protección del Mecanismo es el del periodista Jairo López, de Choluteca, quien sufre el hostigamiento desde hace varios años, obligándolo a retirarse de los medios de comunicación masiva y a librar un litigio legal en su defensa.
A esto se le suma el retiro de la escolta policial, campañas de desprestigio en su contra, el cierre de su espacio informativo por presiones estatales y dos capturas entre noviembre de 2018 y 27 de enero del presente año es el escenario adverso que rodea al periodista.
De acuerdo con José Danilo Morales, titular de la Dirección General del Sistema de Protección, después de las elecciones de 2017 hubo un notable incremento de las solicitudes de protección, especialmente de periodistas.
El informe de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras revela que desde julio de 2015 al 30 de junio de 2018 se atendieron 325 solicitudes de medidas de protección, de las cuales se admitieron 250 casos y se denegaron 75 por no cumplir con lo prescrito en la ley.
De los casos admitidos se cerraron 33 solicitudes por diversos motivos, entre ellos, la decisión personal de algunos de los beneficiados de seguir en el proceso, renuncia a las medidas de protección y salida del país de la persona beneficiada. Usualmente las medidas de protección se otorgan cuando hay un nivel de amenaza o un alto riesgo a la vida del denunciante.
