Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tres estudiantes universitarios, sin pruebas suficientes, fueron enviados a prisión la noche de este viernes, al acusarlos de incendio agravado contra tres unidades de transporte frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Los jóvenes Rolando Melghem, Misael Martínez y Carlos Eduardo Hernández, luego de pasar cerca de 27 horas en prisión, al ser capturados en la tarde del jueves 06 de diciembre, se les decretó la medida de prisión preventiva por parte del juez número once de los Juzgados de Letras de lo Penal, en Comayagüela.
Cerca de las seis de la tarde y en la soledad de los pasillos de los juzgados capitalinos, los tres universitarios, enchachados de pies y manos, fueron presentados ante el juez número 11.
Eran acompañados por defensores y defensoras de derechos humanos que acudieron al lugar, pero que denunciaron obstaculización a su trabajo.
Cabe señalar que, junto a los tres universitarios fue detenida también Samia Amador, estudiante de la carrera de periodismo en la UNAH y que realizaba trabajo de campo para la clase de Radio-Periodismo, al mismo tiempo que colaboraba enviando imágenes de los hechos que ocurrieron en el boulevard Suyapa, a un canal capitalino.
En horas de la noche de ese mismo jueves, fue liberada al no encontrarle pruebas de lo que posteriormente serían acusados los tres universitarios.
Contra los jóvenes estudiantes, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal y además solicitó el vaciado telefónico de los universitarios, para lo que igualmente solicitó la juramentación de un perito.
El fundamento de la acción penal del Ministerio Público, caracterizado por iniciar rápidamente proceso penales contra liderazgos de oposición política y específicamente contra estudiantes, son dos testigos protegidos quienes aseguran reconocer plenamente a los encausados como autores del hecho contra las unidades de transporte, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Conexihon.hn.
En varios canales de televisión se observan hombres con su rostro cubierto, la mayoría con camisetas o indumentarias de color morado y que dialogan con una persona en motocicleta. Además hacen que un miembro de la Policía se retire del lugar.
Castigo solo por ser estudiantes
Como una decisión “excesiva e injusta”, calificó un abogado parte de la terna que defiende a uno de los tres universitarios imputados.
Carlo Jiménez, apoderado legal de uno de los universitarios, consideró como un precedente nefasto que continúe la criminalización hacia el estudiantado universitario, que en los últimos tres años, ha sido constante en procesos de protesta en el país.
Al menos de dos, de los hoy encarcelados, se tienen pruebas para demostrar que no estaban en el lugar de los hechos, añadió.
Jiménez, al concluir la audiencia aseguró que las tres representaciones (uno por cada estudiante) se presentó el arraigo suficiente, lo que para el juez no fue suficiente, argumentando que existía peligro de fuga o podrían tomar represalias contra los testigos protegidos que tiene el Ministerio Público.
Además, el abogado añadió que, pese a que el MP solicitó la prisión preventiva, no mostraba renuencia a la decisión de una medida distinta a la prisión.
“Parece que los jueces en Honduras piensan que, con que el Ministerio Público diga que existe riesgo y peligro de fuga para considerarlo acreditado, contrario a lo dicho por estándares internacionales, donde se tiene que comprobar la participación de un imputado en el hecho”, dijo Carlo Jimenez.
Se procederá a la juramentación de un perito encargado del vaciado telefónico a los tres estudiantes, lo que no se consignó el por qué de esta acción. Quienes estamos actuando como abogados defensores nos opusimos a esta acción por considerar que violan la privacidad de ellos.
Con este, es el segundo caso donde un estudiante universitario es enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara. En 2014, Ronmel Darío Morán, en ese entonces cursaba la carrera de Pedagogía, tras participar en una protesta frente la UNAH, fue agredido brutalmente por policías, pero resultó él siendo acusado por el delito de sedición, por lo que fue enviado a prisión hasta desarrollarse audiencia inicial.
Por lo que, Morán fue obligado a conciliar, como única medida para recobrar su libertad, y tuvo que pagar una fuerte suma de dinero como fianza por los supuestos daños a la seguridad del Estado de Honduras.
Del 2014 a la fecha, más de 200 estudiantes universitarios a nivel nacional han sido criminalizados por considerarlos responsables de protestas sociales por la exigencia de sus derechos.
Para el martes 11 de diciembre, a las nueve de la mañana, está convocada la audiencia inicial, misma en la que se decidirá el futuro de los jóvenes. Recobrar su libertad o que los lápices y las ideas continúen siendo criminalizadas en el país.
