Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Nuevamente el cuerpo legal de defensa de los defensores presos por proteger el río Guapinol y sector San Pedro, exigen al Ministerio Publico (MP), cambie la medida cautelar de prisión preventivas a los ocho defensores detenidos hace más de un año.

“Han sido encarcelados ilegalmente tras una acusación falsa por defender el derecho humano al agua, gravemente amenazado por la imposición ilegal de un proyecto minero a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras de la empresa Inversiones Los Pinares”, sostuvieron, en un comunicado público el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

Así mismo el coordinador del Comité, Juan López, explico, que el MP ha levantado un proceso judicial contra los defensores que no ha podido acreditar, el sistema judicial tiene que reconocer que ha cometido un acto de injusticia porque no ha seguido el debido proceso y los tiene privados de libertad sin justificación alguna.

Defensores vulnerables ante Covid-19

“Además ha llegado esta pandemia del Covid-19 al país y está avanzando hasta el interior de las cárceles donde hay mucha gente contagiada, hay una petición de la Alta Comisionada sobre los gobiernos pidiendo la excarcelación de los defensores por la ilegalidad y la pandemia”, alertó López.

Las decisiones arbitrarias a lo largo del caso han puesto en riesgo la seguridad e integridad física de los defensores, situación que se está agudizando con la pandemia de Covid-19, precisó el defensor de derechos comunes.

Al respecto el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (CONAPREV) ha pedido al Estado en dos ocasiones que revise las medidas aplicadas a los defensores de Guapinol, señalando el hacinamiento y la falta de agua potable en la cárcel que pone en peligro sus vidas, pero no ha habido respuesta.

“Están enfermos…no sabemos si es Coronavirus o si es dengue, no se les han hecho exámenes todavía. Estamos muy preocupadas como familias,” dijo por su parte, Gabriela Sorto, hija del defensor Porfirio Sorto.

“Queremos que se defienden en libertad, para que estén con sus familias, con sus hijos. Lo único que han hecho es defender los ríos Guapinol y San Pedro”, exigió Sorto.

Detención sin fundamentos

“Hemos argumentado desde el primer momento, que no existe fundamento jurídico para que los defensores que se han mantenido en prisión preventiva desde el primero de septiembre del 2019, hemos decidido recurrir al MP para que se reconsidere su postura, para que bajo el principio de objetividad se allanen a nuestra solicitud para dejar en libertad a los compañeros mientras continúe el proceso legal.”, dijo el abogado Carlo Jiménez, del bufete jurídico Justicia para los Pueblos.

Los defensores se presentaron voluntariamente hace 11 meses ante los tribunales, pero la Jueza de Jurisdicción Nacional, Lisseth Vallecillo los mandó arbitrariamente a prisión preventiva donde han permanecido desde entonces.

El Comité ha señalado reiteradamente que los fiscales de Tocoa han iniciado procesos penales sin ninguna prueba contra las personas defensoras que están protegiendo sus fuentes de agua.

Al mismo tiempo, que no se investigan los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos relacionados con la instalación ilegal de la mina de hierro en la zona denunciados por el Comité Municipal.

Aplicación del nuevo Código Penal

El abogado Jiménez, añadió que la posible aplicación del nuevo Código Penal podría tener implicaciones para el caso Guapinol. “En base de lo que se establece el nuevo código los delitos cambian no solo en la gravedad sino el tipo de delito. Ya que son delitos menos graves, además, con penas mucho más reducidas”.

Jiménez, manifestó que pese a las acciones legales que han tomado a nivel nacional e internacional, no ha habido voluntad de resolver el caso por parte del Estado hondureño. “El MP, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario han tomado decisiones peligrosas y lesivas en este caso para castigar a los defensores”.

Además, los defensores explican que es una forma del Estado para advertir a otras personas defensoras que se han manifestado en contra de los proyectos extractivistas instaladas sin el consentimiento de la comunidad, pues desde finales de febrero, la Corte de Apelaciones tiene el expediente, pero se ha negado a revisar y a resolver sobre el caso.