Por: Thirzia Galeas

Tutule, La Paz (Conexihon).- Diecisiete familias campesinas fueron desalojadas violentamente este lunes de las tierras que han utilizado para siembra de café durante aproximadamente una década en la aldea El Rancho de Tutule, departamento La Paz.

Aproximadamente medio centenar de policías resguardaban a 20 civiles que con motosierras y machete en mano destruyeron casas y parte de la plantación de café, lanzando además bombas lacrimógenas y balas vivas a los pobladores entre ellos varios menores de edad.

“Venía a cortar con mi gente en la mañana, estaban policías y civiles (mozos de los dueños), no nos dejaron ni llegar a conversar, nos miraron y nos empezaron a gasear y por último tiraron bala viva”, expresó pesaroso uno de los afectados en declaraciones a Conexihon.

Ante tal barbarie los afectados integrantes de la base campesina Las Torres, ubicada en la comunidad de Lepaguare, jurisdicción del municipio de Tutule decidieron hacer una toma de la carretera que de La Paz conduce a Márcala, esto para exigir el cese de la represión y criminalización hacia los campesinos, en apoyo a lo sucedido llegaron al lugar de la toma representantes de varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Las 17 familias que ocupan la finca de unas 75 manzanas de tierra tomaron posesión de las tierras hace nueve años, desde entonces han sido criminalizados, judicializados y ahora reprimidos por autoridades gubernamentales.

Los campesinos indicaron que Ana Besy Bustillo Castellanos, de profesión abogada, se ha declarado dueña de estos terrenos, los cuales heredó de su padre Enrique Bustillo Ochoa, ya fallecido.

El Código Civil hondureño establece en su Artículo 660 que por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes hondureñas o por el Derecho Internacional.

“Un enemigo declarado”

Según uno de los defensores de Derechos Humanos que acompaña el caso, la juez ejecutora del desalojo, estuvo asignada a Talanga desde donde en años anteriores se giraron ordenes de desalojo y terminó con la destrucción de comunidades en la Villa de San Francisco, “en ese entonces como defensores de DD.HH. se pidió que se trasladara de lugar y actualmente está asignada a la fiscalía de La Paz, ahora tenemos un enemigo declarado” expresó.

En Honduras el cultivo de café es un producto muy sensible, 15 de los 18 departamentos del país son productores del aromático. Para los pequeños productores el grano es una necesidad, pues cada día se ven afectados por la baja en el precio de venta.

Los afectados explican que la finca se mantiene solo para solventar necesidades básicas de sus familias ya que para ellos no hay otra oportunidad de trabajo.

“Exigimos al gobierno que no nos desalojen, los siembros nos cuestan dinero nos cortaron como 2,000 plantas de café de allí vivimos, el café ni vale, pedimos que nos dejen trabajar”, reclamó otro de los afectados.

En la zona se vivía una tensa sensación, en los alrededores de la toma se observaron varias patrullas policiales con cuatro integrantes de la policía y otras cinco patrullas con elementos policiales a unos 500 metros de distancia.

En el lugar de la toma de carretera se formó una comisión mediadora integrada por defensores de DD.HH. y pobladores, mientras que las autoridades solicitaron una primera reunión en la cual participará la policía, la fiscalía e integrantes del grupo campesino, para conocer el expediente de los supuestos propietarios.

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