Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En un solo debate, 88 diputados del Congreso Nacional aprobaron, este jueves 21 de enero una reforma constitucional al artículo 67, presentada por el diputado Mario Pérez, donde especifica que son nulas las disposiciones para legalizar el aborto en Honduras.

En esta reforma también se establece que no podrá modificarse el artículo 112 de la Constitución, que establece que la celebración de matrimonios en Honduras sólo puede ser entre un hombre y una mujer.

Organismos de derechos humanos califican que la reforma a la Constitución de la Republica de Honduras, es de manera arbitraria, imponiendo un artículo pétreo que no podrá reformarse ni discutirse sobre el proyecto de un “Escudo nacional contra el aborto en Honduras”.

“La creación de un artículo pétreo usurpa la soberanía popular y por lo tanto quienes la promueven y voten a favor están cometiendo un delito imprescriptible de traición a la patria y con esto iría contra la esencia de los pilares esenciales de una república democrática”, alertó, Carmen López del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, (EJDDHH).

Alrededor de 50 organizaciones de sociedad civil se reunieron de forma virtual el pasado miércoles 20 de enero con la comisión de dictamen sobre el tema, donde se expuso a los parlamentarios que imponer un artículo pétreo que inhibe el derecho a decidir sobre el cuerpo de las personas gestantes, se debe hacer solo por medio de una asamblea nacional constituyente.

Además, cuestionaron que el aborto en el país ya está penado y el nuevo Código Penal vigente en su artículo 196, especifica las penas para las personas que cometan esta acción.

Por tanto, “la propuesta de reforma constitucional atenta contra el estado derecho, los principios constitucionales y la soberanía popular”, sostuvo Vaneesa Siliezar, de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF).

De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recomendado a Honduras despenalizar el aborto al menos en las tres causales, que son: si el embarazo es producto de una violación, si el producto es incompatible a la vida o la mujer sufre riesgo de morir durante el embarazo.

La ONU, por medio de un grupo de expertas, comunicó que la enmienda constitucional presentada por el diputado Mario Pérez del Partido Nacional y Vicepresidente del Congreso de Honduras el 11 de enero incorporaría la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 constitucional, lo que significa “un retroceso en materia de derechos humanos”.

“Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, cita un comunicado con la opinión de grupo de expertas de Naciones Unidas.

Además, lamentaron que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordaron que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, añadieron las expertas, que la influencia de los grupos de presión religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial.

Sobre el tema, Flor Euceda, de la organización Go Joven Honduras, expuso que “Solo en enero y noviembre del 2020 según el Ministerio Público (MP) existieron 1789 casos de violencia, de los cuales 1581 corresponde a violencia contra las mujeres y de esas, 937 son casos de niñas y jóvenes de 10 a 19 años”.

“¿Cómo van a defender la vida de estas niñas?”, cuestionó Euceda.

CN limitó el acceso de información

Durante la reunión virtual con el CN las organizaciones pidieron que fuera transmitida por el Facebook de la página del Poder Legislativo para dar a conocer los argumentos jurídicos, sociales, y médicos contra esta reforma a la Constitución.

Sin embargo, en CN no transmitió la sesión, pero el día martes 19 realizó más de 13 publicaciones con la reunión presencial que sostuvieron con las iglesias y grupos fundamentalistas religiosos, argumentando que el aborto va en contra de la moral y es pecado, dejando por un lado el Estado Laico, que estipula la Constitución sobre la separación del poder estatal de la injerencia eclesiástica.

Jenn Osorto, representante de la Plataforma Somos Muchas, denunció las limitaciones que se dieron en la reunión virtual. “Se nos silenció a varias que levantaron la mano para participar y no hubo una moderación ecuánime, estuvo muy regulado por parte de los congresistas que no quisieron transmitir la reunión y que no se dio en igualdad de condiciones como una falta de respeto”.

La directora de Acción Joven, Jinna Rosales, expresó, “a mí me gustaría que esta comisión retome la discusión de la Ley Integral de Educación Sexual, que se hable de anticoncepción de emergencia, pero no, lo que se hace es un debate donde se sataniza el aborto. Incito a esta comisión que retome las discusiones de las políticas encaminadas a educar a los jóvenes del país”.

La plataforma Somos Muchas lamentó que el diputado Mario Pérez, no intente resolver la situación de miles de personas damnificadas después del paso de las tormentas tropicales IOTA y ETA, tampoco legisló para garantizar la atención de calidad ante la pandemia del COVID-19 o atender la crisis migratoria de la primera caravana de migrantes del 2021.

“Sino que el diputado dedica su tiempo y esfuerzo en un proyecto de ley que busca condenar absoluta y eternamente a la clandestinidad a niñas y mujeres que enfrentan embarazos no deseados”, reprocharon las defensoras de los derechos de las mujeres.

Las defensoras concluyeron que, el Partido Nacional, en alianza y complicidad con los sectores más conservadores de los demás partidos políticos, “no se orienta a garantizar la vida, mucho menos la vida digna de la población ya que no existe el mínimo interés por la salud pública”.

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