Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Hoy 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información o el Derecho a Saber, este derecho humano que obliga a los gobiernos a publicar toda información relacionada con sus actividades, con sus limitadas excepciones.

El Derecho de Acceso a la Información (DAI), impulsa y fortalece diferentes herramientas que impactan en la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la gobernanza en general.

El 28 de septiembre además se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

En Honduras, la conjugación de ambos temas es un escenario complejo y desalentador, esto debido a las campañas de odio y desprestigio que manipulan la información sobre el derecho al aborto, así como en contra las defensoras del derecho a decidir en la autonomía de los cuerpos de las mujeres y niñas.

Según la solicitud de información SOL-SDS-1199-2019 de la Secretaria de Salud (SESAL), la Unidad de Vigilancia no cuenta con información respecto a aborto clandestino y la Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo.

La SESAL, además reporta que no maneja dicha información, que es propia de la Unidad de Vigilancia de Salud donde es recibida por la notificación que realizan las unidades prestadoras de salud de todo el país.

De igual forma, informaron sobre las clínicas de aborto clandestino, aseverando que “no se tienen ningún tipo de información ya que la Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo trabaja con establecimientos que funcionan legalmente y nuestras sanciones son administrativas”.

“Se sancionan por faltas encontradas en los establecimientos por no cumplir con la normativa vigente y cuando se encuentran irregulares contempladas como delitos ponemos en conocimiento al Ministerio Público que son los que persiguen los delitos”, sostiene la información solicitada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Desmitificar discursos de odio

“Los dueños de los medios de comunicación, en especial los corporativos, son personas conservadoras y la información que promueven en torno al derecho de abortar de las mujeres es un discurso de anti derechos, también difunden el miedo bajo la religión diciendo que es un pecado”, describió la feminista Aurelia Paz.

Desde el activismo en las redes sociales, Aurelia explicó que se puede hacer una contra campaña para desmitificar esos discursos de odio, sin embargo, en Honduras aproximadamente solo dos millones 240 mil 400 habitantes tienen acceso al Internet, según un informe brindado por La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

“En los medios nacionales no sé habla de estos temas como el aborto y lo que hacen es satanizar hasta a las mujeres que lo apoyan en especial a las feministas, que es como la población que está de acuerdo y lucha por que este derecho sea ley, creo que el acceso a la información que hay en Honduras, es deplorable y manipulada por estos medios de comunicación conservadores”, añadió Paz.

Aurelia es un nombre falso para proteger la identidad de la activista y defensora de los Derechos Humanos (DDHH) de las mujeres, que compartió su historia para Conexihon.hn, sobre el aborto que tuvo hace siete años, cuando ella apenas tenía 21 años de edad.

Aurelia Paz, recordó que ese proceso fue un método invasivo y doloroso y que después tuvo repercusiones en su cuerpo, pero que realmente siempre tuvo una gran satisfacción como la mejor decisión a su temprana edad.

Violación al secreto profesional médico

De acuerdo a una investigación de la organización “Somos Muchas”, revela que el 64 por ciento de los casos de denuncias entre el año 2006 al 2019, contra mujeres que abortaron fue interpuesta por las personas que laboran en los hospitales, violando la ética del secreto profesional de los/as trabajadores de la salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), toda persona tiene derecho a la intimidad como parte del derecho a la salud pues ésta es especialmente privada y personal, es decir, el personal de salud que recibe información privada tiene la obligación de no revelarla sin el consentimiento de la usuaria.

La abogada de Somos Muchas, Claudia Herrmannsdorfer, denunció, “hay una falta al deber de confidencialidad al secreto profesional de parte de los médicos, muchos casos de aborto son emergencias obstétricas y no son abortos, son casos de mujeres jóvenes que han llegado con dolores y un feto completamente muerto pero por otras razones, ellas desean su embarazo y son maltratadas en los hospitales y a eso le llamamos violencia gineco obstétrica, no sólo son maltratadas por los médicos, sino que también son acusadas”.

En referencia, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la solicitud de información, SOL-IHSS-249-2019, explica que en las Unidades Operativas (Clínicas Periféricas o Regional y Hospitales del IHSS) no tienen información sobre la violencia gineco obstétrica.

De igual forma, la Secretaria de Salud (SESAL) en la solicitud, SOL-SDS-1197-2019, detalló que la información sobre denuncias por violencia ginecobstetricia no se encuentra en la SESAL, por lo tanto, no se tiene conocimiento de esto y se remite a al Ministerio Público (MP), por lo tanto, se interpuso un recurso de revisión obteniendo la siguiente información.

Criminalización

En la solicitud de información SOL-MP-504-2019 realizada al Ministerio Publico (MP), se revela que desde el 2009 hasta el año 2018, se realizaron 321 denuncias por el delito de aborto, de las cuales hay 11 sentencias de los años, 2014, 2015 y 2016.

“La criminalización del aborto en Honduras es una violación a los derechos humanos de las mujeres, porque se está afectando sobre todo a las niñas y mujeres que se ven obligadas a tener un embarazo, el aborto clandestino es uno de los problemas sociales que no debería de ser objeto de castigo en materia penal”, explicó la abogada, Claudia Herrmannsdorfer, integrante de Somos Muchas.

Además, agregó, “el Estado debería de estar desarrollando políticas públicas para prevenir y atender abortos de una manera segura, incluso emergencias obstétricas que pasan por abortos se deberían de atender con toda la institucionalidad disponible debidamente, lo que es la salud materna y los derechos reproductivos”.

Al respecto el nuevo Código Penal, en el artículo 196, se penaliza el derecho al aborto, de tres a seis años de cárcel para la mujer que hubiere consentido o produzca su aborto, tipificándola como “la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”

Las sanciones son de seis a ocho años de prisión si el agente obra sin el consentimiento de la embarazada y sin emplear violencia o intimidación y con ocho a 10 años de prisión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño.

Además, a los profesionales sanitarios que “abusando de su profesión causen o cooperen en la realización del aborto, se les impondrá también, la pena de multa de quinientos a mil días. Asimismo, a quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la víctima, debe ser castigado con la pena de prisión de ocho a 10 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los actos de violencia que realice.

En el marco de la conmemoración del acceso a la información y acceso al aborto legal y seguro la lucha por ambos derechos en Honduras sigue siendo un gran desafío para lograr que mujeres y niñas, para que puedan vivir una vida más segura en base a la dignidad, atención integral y seguridad, en torno a la precarizada y saqueada salud pública del territorio nacional.

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