Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Mi casa es una jaula, mi marido solo a verga pasa y jodiendo cachimbeando a los cipotes y hasta conmigo se quiere meter, y aquí en la calle estos chafas cabrones jodiendo igual o peor que el marido”, comenta a una clienta doña “J” mientras preparaba tortillas de harina en su puesto de “baleadas”.

Doña “J” se dedica a la venta de baleadas y café en la colonia Loarque de la capital hondureña. Con tan solo 28 años de edad, sus clientes la tratan con el respeto de una persona mayor y es que los sufrimientos de ella son reflejados en su rostro blanco marchito por el sol.

Es madre de tres hijos que viven junto a ella y su compañero de hogar, de oficio conductor de taxis con quien suman 12 años en unión libre.

Soy de Valle (zona sur del país), dice con orgullo Doña “J”. “Me vine al salir de la escuela a vivir con una familiar de mi mamá, el traro era ayudarle a cuidar a dos niños y yo estudiaba por la noche, pero ahí conocí mi esposo, él siempre ha trabajado como taxista y me enamoraba cuando yo salía del colegio”, expresa.

A los 15 años Doña “J” decidió salir de la casa. El acoso por parte de esposo de la prima de su madre era insoportable, afirma. “Ya me daba miedo todo, me daba miedo quedarme sola por que algo me podía pasar y me daba miedo que me echaran la culpa a mi y por eso me fui, además yo estaba enamorada”.

Según Doña “J” su vida no ha sido fácil y se ha desempeñado en muchos oficios con tal de llevar alimentos para sus hijos.

“Desde el inicio cuando nos juntamos en hogar el bebía y mujereaba, no me pegaba, pero nunca me dio mi lugar como señora de su hogar, ahora la bebida le hace daño y lo pone tonto y agresivo, les pega a los cipotes y a mi me tira hasta la comida, salir a trabajar para mi es un escape de él”.

 

El relato de Doña “J” es más común que el mismo COVID-19, según el informe "Muertes violentas de mujeres y femicidios en el contexto de COVID-19 en Honduras", elaborado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma detalla que al menos 55 mujeres han sido asesinadas durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus en Honduras.

“El 54,5 % de los crímenes fueron perpetrados con arma de fuego y el 50,9 % en la vía pública. Mientras que el 30,9 % de las mujeres asesinadas entre el 15 de marzo y el 6 de junio tenían entre 30 y 59 años, mientras que el 29,1 % eran menores de 29 años”, asegura el informe.

Por otra parte, Sistema Nacional de Emergencias-SNE 911, reporto sólo en el mes de marzo un total de 7,697 denuncias; de las cuales 4,245 se dieron en la última quincena, es decir a inicios del toque de queda, siendo justamente el 15 de marzo, fecha que inicio la cuarentena el día en que se registró la mayor cantidad de llamadas con un total de 522 denuncias

Sumado a los asesinatos y denuncias sobre violencia, están las detenciones, de acuerdo al oficio SEDS OTAIP 114-2020, emitido por la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, más de 26 mil mujeres fueron detenidas por faltas en el marco del PCM-021-2020.

Los datos indican que durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo al 31 de mayo del presente año se requirieron un total de 26,554. Las cifras indican que los municipios con mayores demandas son San Pedro Sula en primer lugar con 2,360 mujeres detenidas, seguido por el Distrito Central con 991.

En tercer lugar, Roatán en el departamento de Islas de la Bahía con 605; en cuarto lugar, La Ceiba, Atlántida con 697; en quinto lugar, Comayagua con 598; en sexto lugar Santa Rosa de Copan con 598; en séptimo lugar Choluteca con 556; en octavo lugar Juticapla con 523; en noveno lugar Catacamas con 522, y; en décimo lugar Danlí, El Paraíso con 505 casos.

Confinamiento es sinónimo de violencia

Ante este contexto el pasado 13 de mayo el Centro de Derecho de Mujeres de manera conjunta con el equipo Jurídico por los Derechos Humanos y la organización internacional Women’s Link Worldwide solicitaron al Poder Judicial de Honduras, un informe sobre la implementación y seguimiento del Acuerdo No. PCSJ 16-2020, que establece la atención permanente de los Jueces de Paz y entidades correspondientes para garantizar una vida libre de violencias por razones de género a mujeres y niñas en Honduras.

Para la defensora de los derechos de las mujeres, Sara Tome, las mujeres con o sin COVID-19 se enfrentan a una violencia direccionada por razones de género, entonces el condicionamiento que es la medida principal implementada por las autoridades del gobierno hondureño, automáticamente genere un incremento de la violencia domestica contra las mujeres.

“Hay una sobre exposición, la mayoría de nuestras mujeres no puede cumplir con la cuarentena, para evitar el contagio por que necesitan cumplir con la alimentación de sus hijos y para esto deben de salir y exponerse para garantizar la comida de su hogar, ellas se reinventan se valen de cualquier oficio a diferencia de los hombres”, dijo Tomé. 

Además, la defensora agregó que el ámbito doméstico siempre ha sido un espacio donde las mujeres han sentido violentadas y explotadas, “el confinamiento incrementa la sobre carga de las tareas domésticas y luego viene el estrés por las razones económicas, cuando hay hambre, hay carencias y esto aumenta la violencia”.

En referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), puntualmente en el actual contexto de la pandemia del COVID-19, ha indicado que, ante el riesgo de un aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y niñas durante el confinamiento, se debe reforzar el deber de debida diligencia estricta en lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por lo tanto, “deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para las víctimas.”