Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Defender derechos humanos en Honduras no es prioridad para el Poder Judicial, denunciaron este miércoles varias organizaciones, luego que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no admitiera cerca 11 recursos de amparo para garantizar esta labor humanitaria.

Las organizaciones condenaron el tiempo que transcurrió para que la referida Sala Judicial notificara la resolución, el cual fue de 41 días desde su presentación que abarcó entre el 01 y el 05 de mayo.

“Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías”, afirmaron las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Desde el 16 de marzo de este año, el gobierno hondureño estableció un decreto en el que suspende garantías constitucionales y que, hasta la fecha, se ha venido ampliando cada semana.

Con ello, de acuerdo al escrito de las organizaciones, “nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña”.

Las organizaciones informaron que el martes pasado presentaron los Recursos de Reposición y así obtener la reconsideración de la Sala en su decisión.

Por lo que, alertaron al resto de organizaciones a nivel nacional, que dicha resolución de la Sala Constitucional, es parte de un patrón del sistema judicial “incapaz “de garantizar los derechos de la población, pero “eficiente” para evacuar procesos de criminalización contra quienes defienden derechos humanos, aún en el actual contexto de emergencia.

El comunicado lo firman las siguientes organizaciones: El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Asociación LGTB Arcoíris de Honduras; Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH); el Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras; Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED); Programa Socioeducativo PASO a PASO y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

¿Y los compromisos internacionales sobre DDHH?

En un reciente comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), puntualizó este 09 de junio que, el respeto y garantía de los derechos humanos, “es necesaria para la vigencia del Estado de derecho y la democracia”.

La CIDH, recordó lo expuesto en su resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en una de sus recomendaciones habla de “Abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos que cumplen una función central durante la emergencia de salud pública”.

Seguidamente, otra de las recomendaciones hacia las defensoras y defensoras que dictó la CIDH es garantizar su labor en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Otra de las abstenciones que recomienda la Comisión Interamericana es la dirigida a “perseguir o detener a las personas defensoras de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto de la actuación del Estado ante la pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales”.

Cabe señalar que la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras, aprobada en 1998, en su artículo uno reconoce el derecho, ya sea individual o colectivo de promover y procurar la protección de los derechos humanos.

En Honduras, desde 2015 se cuenta con una Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, misma que, en la emergencia sanitaria por el COVID-19, es ignorada por las autoridades de justicia.