Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – La riqueza natural se ve amenazada por la pobreza interna del ser humano, quien carece de consciencia y en su afán de apropiarse de lo que al planeta pertenece, ha criminalizado la defensa de territorios, agua y ambiente; considerados patrimonios ancestrales por los pueblos indígenas.

En nuestra historia se plantea desde un inicio la invasión y expropiación de territorios y la cultura en el momento histórico de la conquista española.  Esto ocurrido hace cientos de años atrás pero que hoy nos recuerda el génesis de la corrupción y violencia en el suelo americano, donde indígenas fueron violentados y asesinados por hombres en su incansable búsqueda de poder.

El país más peligroso para el activismo ambiental

En 2017, Global Witness destacó a Honduras como “el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental", por la alarmante cifra de asesinatos que desde el 2010 hasta ése año registraba 120 hondureños y hondureñas víctimas mortales por oponerse a la construcción de represas, la minería, tala de bosques y expropiación de tierras e invasión de territorios.

América Latina por su riqueza natural es una región donde el activismo es amenazado y la violencia contra líderes que defienden el medio ambiente es permanente. En once años (2009-2019), la investigación de Tierra de Resistentes contabilizó 2,360 ataques violentos contra activistas y defensores en diez países de Latinoamérica, incluyendo a Honduras.

En 2016, Berta Isabel Cáceres fue asesinada por oponerse a la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el río Gualcarque ubicado en el occidente del país. A 51 meses del crimen el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), denuncia la falta de justicia teniendo pruebas, calificando esto como “una justicia tardía no es justicia, además de impunidad también es corrupción”.

Ante la inoperancia del Estado en responsabilizar a los autores intelectuales del crimen, el pasado 04 de mayo el COPINH presentó ante el Ministerio Público (MP), una solicitud de requerimiento fiscal en contra de Daniel Atala Midence, gerente financiero de la empresa DESA, por los delitos de asesinato y asociación ilícita. Daniel Atala Midence integra el grupo de directivos de la empresa DESA junto a José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala, quienes fueron mencionados en la sentencia del primer juicio por tener conocimiento y dieron consentimiento para la ejecución del crimen  en contra de Berta Cáceres.

La instalación de proyectos hidroeléctricos, concesiones y transnacionales aprobados sin consulta previa desde el interior del Congreso Nacional (CN), se firman con sangre bajo la promesa de traer progreso, oportunidades y un mejor porvenir a la nación. Pues estos sólo han dejado como consecuencia la muerte de hombres y mujeres valientes que alzaron su voz ante la insensatez de ver un mundo sin agua, sin árboles; sin vida.

Situación de los defensores del ambiente en Honduras

Defensores del agua, ambiente y territorio han sido criminalizados por su lucha, ya que el Estado utiliza la institucionalidad pública para criminalizar a las personas y es por ello que se ven expuestos a perder su libertad y su vida misma.

Para el abogado Edy Tábora, quien representa al Equipo de Acompañamiento Legal de los Defensores del Río Guapinol, a lo largo del proceso en el caso ha comprobado que a través del Código Penal se utiliza la jurisdicción nacional en contra para inculparlos de delitos.

“La institucionalidad encargada de la persecución penal se ponen de acuerdo con empresarios que trabajan este rubro, sobre todo cuando se han obtenido de manera ilegal concesiones para la explotación de recursos naturales en base a la corrupción”, explicó Tábora, quien ha desempaño su labor como jurista enfocada en el tema de derechos humanos.

Ejemplo de ello es el Caso Defensores de Guapinol, quienes hoy permanecen privados de libertad en la cárcel de Olanchito por manifestarse y oponerse al proyecto minero ilegal en el Parque Nacional Botaderos ubicado entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho.

“Lo que usan es el Código Penal acusándoles de delitos como la usurpación, manifestaciones ilegales y ese tipo de acciones y lo que pasa con los defensores del ambiente es que el Estado usa la institucionalidad pública para incriminarlos”, confirmó el abogado defensor.

Este sitio fue declarado por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre como Área Protegida bajo Categoría de Parque Nacional a la Montaña de Botaderos mediante Acuerdo No.002-2011, publicado el 18 de abril del 2011.

Pese a ello, el plan de hacer de la reserva una mina de oro en dicha área es una muestra de que ni la legalidad y el oficialismo de las cosas que establece lo prohibido, puede detener la ambición de las personas.

Caso Guapinol: una lucha por agua y por libertad

El 07 de septiembre del 2018, aproximadamente 300 manifestantes se opusieron al proyecto minero ilegal y en enero del 2019 el MP presentó una acusación contra 31 defensores y defensoras aludiendo a delitos como asociación ilícita, robo, incendio agravado, entre otros.

En febrero de ése mismo año se presentaron voluntariamente 12 de las personas acusadas y fueron declarados inocentes. Posteriormente, en agosto se presentó voluntariamente otro grupo de ocho personas que fueron declarados inocentes de algunos delitos y ligados a otros delitos no graves se les decretó un auto de formal procesamiento y fueron enviados a prisión preventiva sin que la jueza competente realizara ninguna motivación. Contra esto se presentó un recurso de apelación que hasta la fecha no ha sido resuelta, informó Edy Tábora, representante legal del equipo de defensa de los acusados.

El 03 de noviembre se hizo una audiencia para la revisión de medidas cautelares por la jueza Lizeth Vallecillo en donde el equipo de defensa presentó como argumentos en el caso que no hay riesgo de fuga, ya que los acusados se presentaron de manera voluntaria. No hay riesgo de entorpecimiento de la investigación ya que ésta fue completada y que no hay riesgo de reintegrarse a un grupo criminal por tratarse de personas declaradas como “defensores del derecho humano al agua y al medio ambiente”, por el Mecanismo Nacional de Protección.

El 10 diciembre, se presentó una nueva solicitud de revisión de medida cautelar, sin embargo el juez manifestó no poder llevar a cabo una audiencia de medidas por no tener jurisdicción en virtud de las apelaciones. El expediente del caso llega a la Corte de Apelaciones el 24 de febrero del 2020.

 A la fecha no ha sido resuelto, vulnerando a los ocho defensores privados de su libertad. Sin respuestas y en medio de una emergencia, el 19 de marzo se presentó un recurso de Habeas Corpus al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta por parte del equipo legal defensor que aún permanece a la espera de una respuesta.

Encerrados con la pandemia

A pesar que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha instado a los Estados a liberar a los privados de libertad por el riesgo de la pandemia, la Sala Constitucional niega dicha solicitud para los defensores de Guapinol, aduciendo que por la emergencia y el Estado de sitio declarado mediante Decreto PCM 021-2020, las garantías constitucionales se encuentran suspendidas desde el pasado 16 de marzo del año en curso.

Hoy, los ocho privados se exponen a contagiarse por COVID-19 tras las rejas luego de que se confirmara por el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), el primer caso positivo en la prisión donde ellos se encuentran. Por otro lado el Plan de Descongestionamiento de al menos 1,565 reos de acuerdo a la auditoría penitenciaria sigue en marcha, por parte del Poder Judicial presidida por Rolando Argueta. Bajo reformas en el Código Procesal Penal por el CN, quien a la vez pretende legalizar el próximo 25 de junio un nuevo Código Penal rechazado por el pueblo, desde el año pasado se viene trabajando dicho plan estatal, el cual va orientado a reducir las aglomeraciones en los centros penales para evitar la propagación del virus, inclusive antes de que éste existiera en el país.

Aprobación de concesiones en medio de emergencia

En Honduras se registran 300 concesiones hidroeléctricas y 950 concesiones mineras en el territorio. Sin embargo, en sesiones ordinarias legislativas el CN está aprobando nuevas concesiones para centrales hidroeléctricas en medio del Estado de Emergencia. Así lo denuncia la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), quienes alertan sobre la situación, ya que informaron haber recibido dicha información desde el interior del Congreso.

“Expresando nuestro descontento con la violación de nuestra soberanía que pasa por todo el tema concesionario, transnacional, la entrega territorial y lo permisivas que son las dictaduras frente a una petición transnacional”, declaró Christopher Castillo, dirigente de ARCAH.

 “La dictadura agrava la situación a una lucha ambientalista, no es la forma. Estamos armados hasta los dientes en un país donde no hay guerra pero no es coincidencia que las bases militares estén apostadas en los sitios de mayor riqueza natural de Honduras, donde se reúnen los líderes militares de la región”, agregó el joven hondureño defensor del medio ambiente y territorio.

A nivel mundial, hoy 05 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972. Un día como hoy permite reflexionar del daño que el ser humano le hace al planeta; a la naturaleza, los mares, los ríos, la contaminación que acaba con la vida de otros seres y con el tiempo acabará con nosotros mismos.

Por otro lado, cada día la lucha territorial se mantiene para proteger el medio ambiente. Una labor tan vital como el aire mismo pero a su vez es la más criminalizada, perseguida y asesinada en todo el mundo, siendo Honduras el país más peligroso para quienes protegen y defienden los bienes comunes y recursos naturales. Es por ello que la lucha sigue firme, hoy más que nunca, porqué tanto les han quitado que ya no tienen miedo, aseguran los activistas ambientales de Honduras.

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