Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Organizaciones nacionales e internacionales, comunicaron este miércoles 03 de junio, una solicitud por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al Estado hondureño sobre la situación de las personas privadas de libertad, en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, en un comunicado, expusieron que durante la crisis por el COVID 19, la falta de servicios de salud sumada a la sobrepoblación en las cárceles hondureñas, queda aún más expuesta.

Además, cuestionaron las acciones hechas por el gobierno hondureño para atender a la población privada de libertad, como los casos positivos de Coronavirus, los cuales registran 29 casos.

Por estos hechos, además la falta de información confiable veraz y oportuna, la Corte IDH requirió al Estado hondureño para que informe sobre la situación en las cárceles del país y el manejo de la pandemia; teniendo como plazo hasta el próximo viernes 08 de junio.

Estas son las organizaciones que informaron sobre la decisión del máximo Tribunal interamericano: Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); CARITAS Diócesis de San Pedro Sula; Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Dicha solicitud, se sustenta en la supervisión del cumplimiento de las sentencias internacionales emitidas por los casos: Alfredo López Álvarez, y Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, emitidas por la Corte IDH en 2006 y 2012 respectivamente.

Contexto adverso vive población en cárceles

La pandemia del COVID-19 deja alrededor de 29 contagios positivos en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara Francisco Morazán, de acuerdo a cifras de las autoridades penitenciarias y la Secretaría de Salud. Se registra un fallecimiento a finales de abril en la denominada cárcel de máxima seguridad, "El Pozo" ubicada en el municipio de Ilama, departamento de santa Bárbara. Este informe fue post morten.

Por otra parte, el pasado 24 de mayo, seis mujeres fallecieron luego de un amotinamiento en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara. Sobre este hecho, las organizaciones defensoras de derechos humanos, evidenciaron su preocupación por lo ocurrido en dicha cárcel donde se encuentran alrededor de 1300 privadas de libertad, algunas conviven con niñas y niños menores de 4 años.

Ante ello, el CPTRT, mediante un comunicado, demandó a diferentes instituciones gubernamentales la protección de niños y niñas que conviven con sus madres privadas de libertad y monitoreo permanente del centro penitenciario de mujeres en el departamento de Francisco Morazán.

Otro tema que preocupa a las organizaciones, es la situación de privados de libertad por razones políticas, a quienes se les ha negado medidas de prisión en el domicilio “lo que genera dudas sobre los criterios utilizados por las autoridades para lograr el descongestionamiento de los centros penitenciarios”.

En su informe sobre la situación de Honduras presentado en 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresa su atención por temas como “altos niveles de hacinamiento”, uso excesivo de la prisión preventiva, militarización de la función penitenciaria y condiciones deplorables de detención.

Estados deben garantizar salud en centros penitenciarios

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamó a los Estados de la región a garantizar, de forma urgente, la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad.

A través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19) la CIDH recomendó a los Estados adecuar condiciones de alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio dentro de las cáceles.

Así como el establecimiento de protocolos para garantizar la seguridad y el orden en los centros penitenciarios, particularmente para impedir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia.

Por su parte, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por medio de su portavoz, llamó a investigar los incidentes ocurridos en las cárceles en las américas.

La oficina de OACNUDH, hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones “exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales” sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

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