Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, aprobado en el PCM-030-2020, señala en el artículo 4- poner a disposición de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) los terrenos fiscales que puedan dedicarse a la producción agrícola de las cuales se establecerá una tarifa de cien lempiras anuales por manzanas.

“Los incendios comenzaron después de la publicación del PCM en el Diario Oficial La Gaceta, en el que permite alquilar a un bajo costo los terrenos fiscales a grandes agricultores y sabemos que en la montaña de la Tigra existen terrenos fiscales, a raíz de eso creemos que han venido incendios, ya sabemos cómo actúa esta mafia del gobierno y nos hace pensar muchas cosas”, explicó la campesina, Lesly Soto de la Comisión Pro defensa de las Comunidades de la Tigra.

En un comunicado público la Comisión evidenció que los incendios fueron controlados por pobladoras y pobladores de las comunidades de la montaña La Tigra, con sus escasos recursos materiales y exponiendo su vida ante el fuego porque si no sus hogares, cultivos y fuentes de agua pudieron haber sido destruidos por el fuego.

“Si la comunidad no los salva, -el bosque-, sólo serán el desierto que buscan grandes empresarios para promover sus proyectos lotificadores para gente adinerada, para la privatización de fuentes de agua y para la venta ilegal de madera, entre otros”, sostuvieron en el comunicado.

Comunidades controlaron el fuego

“Hace muchos años que no miraba un incendio tan fuerte en los alrededores de La Tigra, si hacemos un análisis se quemó todo alrededor de La Tigra, la quema duró 15 días en el que estuvimos los pobladores de las comunidades subiendo y a ratos bajábamos a media noche de la zona tratando de controlar el incendio pero debido al mal control del gorgojo que solo cortaron la madera y la amontonaron y el fuego se nos pasó, por eso tardó bastante en controlar”, describió Lesly en declaraciones para Conexihon.hn.

Además la Comisión denunció que la Fundación Amitigra en reuniones se excusó de no asumir sus tareas, por no contar con suficiente personal, comprobando que “el personal de Amitigra no es ser efectivos en la prevención y control de incendios porque no conocen la montaña, porque no viven en la Montaña. Sin embargo, mediáticamente no se reconoce la acción contundente frente al fuego de las comunidades, sino más bien se nos responsabiliza”.

Militarización en las comunidades

De igual forma rechazaron el avance de la militarización de las zonas con el pretexto del control de fuegos, y advirtieron que los incendios no se apagan con armas y la presencia de los militares en los territorios solo significa coartar aún más las libertades de las comunidades y aumentar la represión y acoso sexual hacia las mujeres que se torna, aún mayor, bajo condiciones de militarización.

La Comisión Pro Defensa de las Comunidades de la Tigra es un espacio que aglutina a Patronatos, Juntas de Agua, Cooperativas, Asociaciones Campesinas y otras organizaciones locales, de 61 comunidades que pertenecen al Parque Nacional La Tigra.

Fueron las comunidades organizadas que estuvieron el año pasado denunciando y manifestándose en contra del complejo habitacional Condado Santa María, por lo tantpo se encuentra parado el proyecto, además han logrado detener el proceso de Regularización, emprendido por Instituto de Conservación Forestal (ICF), y Fundación Amitigra.

Para ellos ese proyecto significa despojo y desconocimiento de la forma de propiedad privada individual y colectiva; por lo tanto siguen luchando contra la privatización del agua en la defensa del vital líquido como un derecho humano y nunca como mercancía y en la exigencia de un real proceso de Co-manejo del Parque Nacional La Tigra, administrado por las mismas comunidades y no por Fundación Amitigra, “por su constante irrespeto a las comunidades al imponerle acciones sin consulta previa e informada y falta de transparencia”, expusieron.

Gobierno brinda ayuda selectiva 

La Comisión sostuvo que la ayuda alimentaria en medio de la crisis sanitaria del COVID-19, ha llegado de manera escasa y en la mayoría de los casos politizada y manipulada, particularmente en el caso de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

También, evidenciaron que los puntos de control sanitario que se han establecido en las comunidades son sostenidos con recursos de la misma población o de sus organizaciones comunitarias  sin ningún aporte material de los entes estatales del gobierno Central, ni de la Alcaldía Municipal del D.C.

 

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