Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Aunque no debería de entrar en vigencia por tener defectos de nacimiento, el nuevo Código Penal tendrá que ser analizado y reformado por violentar un Estado de derecho y democracia como lo es Honduras, cuya ciudadanía se opone ante dicho instrumento procesal en materia penal que pretende legitimarse en un contexto de emergencia nacional y Estado de sitio provocado por la pandemia del Covid-19.

La aplicación de dicho código se suma a las inquietudes de los hondureños, abogados, defensores de derechos humanos, miembros fiscales, organizaciones de sociedad civil y el gremio periodístico, quienes han denunciado en reiteradas ocasiones las falencias del mismo.

El acceso a la justicia en Honduras sufre serios problemas de desigualdad y es precisamente por ello que desde el 2016 que se inició el proyecto de implementar un nuevo Código Penal ha sido tan cuestionado y rechazado por la ciudadanía, ya que además de tener defectos de origen, agrega nuevas figuras delictivas que violentan los derechos humanos y disminuye considerablemente las penas relacionadas a delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos en comparación al actual código, aún vigente.

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Nuevo plazo para entrada en vigencia

Cambios, mejoras y propuestas se esperan en la tercera Vacatio Legis que el Congreso Nacional (CN), aprobó en sesión ordinaria para que el nuevo Código Penal sea vigente el próximo 25 de junio del infortunado 2020.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, informó a los diputados a una sesión ordinaria para el día sábado 9 de mayo a las 9:00 de la mañana, con el propósito de discutir en el pleno de diputados la ampliación de la Vacatio Legis y evaluar la diversidad de opiniones.

“He hablado con muchos actores evaluando diversidad de opiniones y posiciones con el propósito de darle tranquilidad y certidumbre al pueblo hondureño en esta crisis, he decidido convocar a sesión del CN para discutir la ampliación de la Vacatio Legis. Escuchar, dialogar, reflexionar y llegar a consensos es lo que Honduras necesita hoy más que nunca”, se pronunció Oliva en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Lester Ramírez, en entrevista para Frente a Frente dijo que esta decisión del poder legislativo es una oportunidad para que el CN pueda atender todas las demandas y reconoció lo desigual que es el sistema de acceso a la justicia en Honduras.

“Lo vemos con muy buenos ojos, sin embargo esperemos que esta tercera oportunidad del CN pueda atender las demandas de los sectores de la sociedad hondureña. El acceso a la justicia es desigual y en ese sentido esperemos que en este Vacatio podamos tener la participación de todos los sectores”, exteriorizó Ramírez.

A su vez, el nuevo código sigue siendo cuestionado por varias razones; tanto por su carácter de forma y fondo, a lo que a su aplicación ante los tribunales reduce penas por narcotráfico y corrupción, criminaliza los derechos fundamentales como la libertad de expresión y acceso a la información dándole “la espalda a la justicia” y beneficiando a grupos para que el derecho penal no les alcance.

Caricatura por: Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)

Defectos del nuevo Código Penal

Para el abogado especialista en derechos humanos; Joaquín Mejía, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de Radio Progreso  e integrante el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), se olvida que los códigos penales en un sistema democrático tienen que responder y respetar un principio que es básico, que es el principio de humanidad.

 “Hay una reducción de las penas en muchos delitos, sin embargo se olvida que los códigos penales en un sistema democrático tienen que responder y respetar un principio que es básico, que es el principio de humanidad que paulatinamente los códigos penales tienen que ir reduciendo las penas tomando como prioritario las medidas que sean distintas a la prisión preventiva, por tanto también despenalizando un montón de conductas”, explicó Joaquín Mejía a Conexihon.hn.

Mejía agregó que el problema con éste código penal es que tiene varios defectos de nacimiento. Enumeró que en primer lugar, el proyecto que se aprobó y las cuatro versiones anteriores no fueron publicados en el portal del Congreso y tampoco se conoció cuál fue la versión  aprobada finalmente. Otro defecto de nacimiento de éste código es la debilidad en la interlocución entre el equipo consultor que redactó el proyecto que es de España, la Comisión Especial del Congreso y también con los sectores sociales que no hubo realmente una interlocución,  según informó Mejía.

"Un código tan importante requiere de los tres debates que dice la Constitución y en el Congreso se dispensaron los tres debates y por otro lado no se discutió debidamente el Código", denunció.

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Mejía denunció que  la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  tiene la obligación de dar dictámenes sobre leyes tan importantes que se aprueban y el dictamen de la CSJ fue remitido al CN siete meses después de que iniciara la discusión del proyecto, “cuando lo lógico es que esto tuvo que haberse remitido antes de que comenzara la discusión del proyecto”, aclaró.

La infortuna final respecto a la entrada en vigencia de dicho código es que “Se está aprobando en el contexto de la existencia de una justicia selectiva que actúa de manera tardía cuando se trata de violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y actúa de otra manera para proteger los intereses de los sectores vinculados al poder económico, político y empresarial del país y uno puede reflejar esto en las dos caras que tiene el código”, puntualizó.

Estos graves problemas provocan descontento ante la puesta en vigencia del mismo, sin embargo los altos índices de impunidad y corrupción son sólo algunas de las razones por la cual los hondureños y hondureñas se oponen firmemente en la aceptación de nuevas leyes penales que favorecen a ciertos grupos de poder, por lo que contradicen lo que éste nuevo código establece, pues parece ser el resultado de los planes e ideología de la clase política dominante y siempre y cuando éste responda a estos intereses, será inútil en materia de justicia y eficacia, denuncian los sectores.

Además de defectuoso, peligroso

Analizando el nuevo Código Penal en comparación al actual Código Procesal Penal (1984), vigente hasta la fecha, se reducen las penas para los delitos de tráfico de drogas, delitos de corrupción y violación sexual y por otro lado aumenta las penas o incluye penas que implican la limitación de derechos universales.

Kenia Oliva, abogada y defensora de derechos humanos del Bufete Justicia para los Pueblos, advierte que si el nuevo Código Penal entra en vigencia así como está es una amenaza para la ciudadanía y un peligro para el Estado.

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 “Lo peligroso de este código penal es que los delitos por los cuales los funcionarios públicos podrían ser sancionados o por los cuales las personas involucradas del gobierno han acomodado todo de tal manera que la normal penal no les alcance por los tipos penales cómo están planteados y que hay delitos que vienen directamente a sancionar la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la manifestación”, expuso ella.

Según lo manifestado, es importante señalar que si no se cumplen los requisitos del tipo penal en los tribunales el juez no puede sancionar y no va a ir presa la persona por ése delito o delitos que se le estén acusando y “es por eso es que han dejado todo este tipo de delitos tan específicos para favorecerlos a ellos y que el sistema de justicia no les alcance”, añadió Oliva.

La libertad de expresión criminalizada

Como si la violencia ante la prensa no fuera suficiente, la ley penal pretende penalizar el ejercicio de la prensa y la comunicación social en Honduras. Así lo explicó Oliva, quien asegura que para el gremio periodístico es una mordaza, ya que el Estado tendrá que autorizar ciertas informaciones, lo cual obstaculiza la transparencia y violenta la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP), de acuerdo al Decreto Legislativo No.170-2006 , aprobado en el Diario Oficial La Gaceta (30 de diciembre del 2006). 

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También el nuevo Código Penal va a sancionar a las personas o a los medios de comunicación que reiteradamente estén dando una información que no ha sido autorizada por el Estado, lo cual es grave porque sanciona lo que conocemos como libertad de prensa, de pensamiento y expresión.

Dentro del contexto de materia legislativa, además del código,  la Ley de Clasificación de Documentos conocida como “Ley de Secretos” se suma a las frustraciones que acompañan durante la pandemia. Aunque  la Sala de lo Constitucional admitió parcialmente su derogación, esa sentencia aún no está firme y pasará al pleno de magistrados, la cual de ser aprobada por el pleno sería la cereza del pastel para quienes se alimentan de la impunidad y corrupción en secreto.

Pendiente revisión por parte del Estado

Para los grupos defensores la entrada en vigencia del nuevo Código Penal es motivo de preocupación y aseguran que están en alerta, ya que hay temas dentro del mismo que tienen que ser tratados con mayores cuidados y es por eso que al Estado hondureño se le han hecho recomendaciones a través de diferentes mecanismos y el sistema interamericano de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientadas a que la ciudadanía pueda verificar la actuación de funcionarios y garantizar el correcto cumplimiento en las obligaciones estatales.

En su último pronunciamiento referente al tema, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos (OACNUDH), indicó que el Estado aún no implementa las revisiones y observaciones en relación al contenido del nuevo Código Penal.

Así mismo, enfatizó en que aunque el código representa ciertos avances en ciertos temas al incorporar nuevas figuras o tipos penales codificados en el Estatuto de Roma, los mecanismos de derechos humanos indican que la definición del tipo penal establecidas afectan el ejercicio de los derechos mismos.

Según la OACNUDH, existen disposiciones que debilitan la efectiva persecución de actos de corrupción y no hace un uso adecuado de la sanción e investigación a graves violaciones en delitos de tortura, desaparición forzada, trata de personas, tráfico ilícito, violencia sexual, entre otros, por lo que su entrada en vigencia en el actual contexto la OACNUDH reitera al Congreso su disponibilidad de brindar asistencia técnica.

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