Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Inaceptable” es la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal en el país, prevista para este domingo 10 de mayo, según la Coalición Contra la Impunidad Honduras, por lo cual solicitaron formalmente una extensión del periodo de “vacatio legis” de por al menos un año más.
La Coalición envió una carta al Congreso Nacional (CN), en donde se detalló que el nuevo Código Penal ha sido cuestionado por la sociedad en general, específicamente en lo relacionado a las disposiciones permisivas con los actos de corrupción, el narcotráfico, violencia sexual contra las niñas y mujeres.
Además, explicaron que la nueva normativa penal limita abiertamente los derechos y libertades fundamentales en una sociedad democrática y su entrada en vigencia no es aceptable en un contexto de suspensión de garantías constitucionales por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, aprobado mediante PCM 21-2020.
Criminalización de la protesta
La Coalición Contra la Impunidad, señaló que el nuevo Código representa un grave riesgo para la libertad, vida e integridad de las personas y comunidades que ejercen la protesta social pacifica por falta de alimentos y de atención médica.
En referencia el comité por la libre Expresión (C-Libre), informó que desde el 23 de marzo al 27 de abril, registraron un total de 120 protestas sociales a nivel nacional, acciones que, con la entrada de un nuevo Código Penal en el país se prevé una agudización del uso del derecho penal para criminalizar a los manifestantes.
C-Libre califica la llegada del nuevo Código Penal como, otro virus en materia de garantía de derechos, porque representa un desafío para el precario sistema de justicia, por lo tanto, expresaron que “si en condiciones normales es difícil exigir la no vulneración de derechos, en estas condiciones representa un verdadero riesgo”.
Corrupción en el combate al COVID-19
Así mismo, la Coalición enfatizó que el actual impacto por la crisis sanitaria del Covid-19 a las poblaciones más empobrecidas y vulnerabilizadas, inmersas en situaciones de escasez y desabastecimiento, cuya situación se agrava debido a los graves actos de corrupción denunciados en cuanto al manejo de los fondos millonarios que deberían estar siendo destinados a abordar la emergencia.
De igual forma este día la Coalición Anticorrupción, denunció la corrupción en el manejo más de ochenta mil millones de Lempiras que son los fondos para combatir el virus corona, según información de portales y anuncios del gobierno
“Esta voluminosa cantidad, se debería reflejar en una respuesta eficaz que tenga como prioridad, el abastecimiento de todo el equipo médico y de bioseguridad en el sistema de salud por la pandemia, así como el apoyo para la población en condiciones vulnerables y de las mipymes”, anunciaron.
Rendición de cuentas periódicas
De igual manera la Coalición Anticorrupción, demandó al Estado, para que activen con urgencia el sistema operador de justicia, como el Ministerio Publico, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, Procuraduría General de la Republica y demás entes contralores.
Lo anterior con la finalidad que sea el pueblo hondureño que disponga de las auditorias e informes correspondientes, sobre los fondos gastados desde el inicio de la Pandemia, cumpliendo con los estándares mínimos internacionales de transparencia y rendición de cuentas.
Exigieron, además que presentaran a la ciudadanía, de forma inmediata y periódica, rendición de cuentas sobre los fondos asignados a la respuesta de la pandemia del COVID-19, incluyendo campos de inversión, montos asignados y ejecutados, compras y contrataciones, mecanismos de alcance y distribución a los más afectados social y económicamente a nivel nacional y local.
Asimismo, reclamaron al gobierno «hacer público el Plan de Adquisiciones para la Emergencia COVID-19, con los dictámenes técnicos de necesidades requeridas y cantidades. Asimismo, un Plan de Entregas de los Insumos/Bienes adquiridos, con la información de la fecha y lugar de entrega».
Veeduría social en fondos
Para la veeduría social de los fondos asignados para hacerle frente a la crisis sanitaria, solicitaron que se conforme una comisión multisectorial de sociedad civil, que incluya necesariamente al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH).
Concluyeron que es importante garantizar la institucionalidad del circuito anticorrupción, de manera especial a la UFERCO, condiciones que les permita la investigación de las redes de corrupción, incluyendo los casos de alto impacto, extendiendo la gestión a marcos legales que blindan la corrupción e impunidad.
