Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Después de registrarse el primer privado de libertad, de 58 años de edad, fallecido por COVID-19 el 20 de abril, en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), comunicó que el “Estado crea condiciones de contagio”.

“Es importante suspender la aplicación del PCM-021 del 2020 en virtud del grave riesgo al guardar el distanciamiento recomendado”, de acuerdo al CPTRT y en base a los registros policiales, se ha documentado que entre el 16 de marzo al 20 de abril en Ocotepeque fueron detenidas y hacinadas 706 personas y en Santa Rosa de Copan 408 personas.

El CPTRT, también señaló, que el personal policial de las postas no usa mascarillas exponiéndose a contagios innecesarios y sostuvieron que “es inaceptable que sea el propio Estado quien este creando condiciones de contagio con este tipo de operativos”.

Emergencia en “EL Pozo”

El Juzgado de Ejecución ordenó este martes 28 de abril, aislamiento de todos los privados de libertad, decretando emergencia en “El Pozo”.

El Tribunal como parte de las medidas de prevención y protección del virus, sostuvo que los reos no han salido a audiencias y el personal de seguridad no ha sido rotado y ha permanecido encerrado en la cárcel de máxima seguridad.

Además, evidenciaron la falta de información de cómo se produjo el primer contagio de Coronavirus en ese centro penal, aunque no descartan que pudo darse mediante el ingreso de alimentos, según mencionó la titular del Juzgado de Ejecución Penal.

Cárceles hacinadas= infección masiva

La directora de Asociación Paz, (ASOPAZ), Claudia Ferrari, exteriorizó en una entrevista para Conexihon.hn, que “es preocupante que el Instituto Nacional Penitenciario (INP), brindé la información del fallecido, cinco días después, nosotros hemos enviado una solicitud para poderles enviar gel de manos, mascarillas, guantes, kits de pruebas rápidas, para las cárceles de Santa Bárbara y Morocelí, porque entendemos que el gobierno no tienen  plata para eso y aún no hemos recibido algún tipo de contestación”.

Así mismo, la presidenta de la Asociación de Familiares Privados de Libertad, Delma Ordoñez, exigió a las autoridades del INP y de la Secretaria de Salud intervengan “El Pozo” y procedan aislar a las personas que tuvieron contacto son alrededor de 90 personas que estaban en el mismo módulo y 14 personas que estaban cerca del fallecido, también la importante acción de fumigar el centro penal.

También, anunció, “hemos estado tratando de hacer inca píe de que no fuera a pasar pero las autoridades no han tomado ninguna acción, hasta estos días que se mira el problemas están reaccionando a poder a dar una solución, nos preocupa que esto suceda en Támara donde son más de siete mil privados hacinados y si las autoridades no toman acciones rápidas estamos pensando en que puede suceder una infección masiva”.

Libertad para presos políticos

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos ha recalcado la importancia de que los defensores del río Guapinol puedan defenderse en libertad, así como lo ha recomendado la Organización de Naciones Unidas de excarcelar para evitar el contagio del virus.

Por su parte la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), denunció públicamente que la reforma  realizada el pasado 24 de abril, por el Congreso Nacional al artículo 184 del Código Procesal Penal, va contra de los parámetros internacionales a “los principios de presunción de inocencia, de legalidad penal y de inviolabilidad de la defensa entre otros”.

Concluyeron que estarán vigilantes que esta reforma procesal penal no sea utilizada con malintencionados propósitos de salvaguarda personajes del espectro político con procesos penales pendientes, o que ya hayan sido condenados por casos de corrupción o de violación de derechos humanos.