Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La corrupción e ineptitud de los funcionarios públicos, está poniendo en riesgo al personal médico, que por falta de insumos de bioseguridad en los centros hospitalarios, están siendo vulnerables al atender la emergencia sanitaria del COVID-19.

Así lo comunicó, la Coalición Contra la Impunidad Honduras, presentando un recurso de amparo a favor de la población hondureña, considerando que la precarización de las condiciones laborales del personal de salud pone en aumento la letalidad de la pandemia del coronavirus, consecuencia de la debilidad del Sistema de Salud provocada por la privatización y reducción del presupuesto nacional.

“Recordamos que se han aprobado millones de lempiras y ese dinero no se ve reflejado en los centros hospitalarios y del personal de salud, que deberían ser prioridad en tener protección de bioseguridad para atender la pandemia”, denunció el abogado de la Coalición, Joaquín Mejía.

El recurso sostiene que no hay cambios significativos en la salud, después de dos meses, de emitido el decreto de Emergencia Sanitaria PCM 005-2020 del 10 de febrero de 2020, a la Secretaría de Salud y la Comisión Permanente de Emergencias (COPECO), que le asignó una partida inicial de 110 millones de lempiras, gozando de discrecionalidad para el uso de los presupuestos institucionales para prepararse con los insumos médico hospitalario necesarios para enfrentar la pandemia.

Información pública detallada

“El recurso de amparo colectivo es contra el Presidente de facto Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ostenta ilegalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, contra Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, y contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, director de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en favor de la población del Estado de Honduras para que se garantice el derecho a la salud y a la vida”, sostiene un comunicado público de la Coalición.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió el recurso el pasado martes siete de abril, teniendo dos días hábiles para que estos funcionarios presenten un informe escrito de cómo han utilizado los fondos públicos que se han aprobado para enfrentar las crisis del Coronavirus.

El amparo tiene como finalidad de que se ordene el suministro de todo el equipo médico al sistema de salud y hacer accesible a los pacientes de todos los hospitales, clínicas y/o centros de salud pública del país los medicamentos y equipo médico que sean necesarios para atender la crisis sanitaria por el coronavirus y que se garanticen todas las medidas de bioseguridad a las y los trabajadores de la salud.

“Posteriormente la Sala  le va pedir la opinión al Ministerio Público (MP)  para que resuelva en función de los actos que venimos reclamando, es irónico el recurso no va a cambiar  el rumbo de las cosas ya que son recursos judiciales que tenemos a favor de la población, a pesar de la desconfianza que hay en el Poder Judicial tenemos que utilizarlos para dejar en evidencia a las autoridades”, explicó el conocedor de las leyes, Joaquín Mejía.  

Además, concluyó que el recurso sirve para que la ciudadanía pueda reconocer quiénes son los que se han encargado de destruir la sanidad pública, destruir el Estado y sobre todo quienes aprovechándose de la emergencia están robándose el dinero y la importancia de construir salud pública que fueron todas las demandas puestas por la Plataforma Nacional en Defensa de la Salud y Educación, en las manifestaciones del año pasado.