Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Falta de objetividad y una guerra judicial contra opositores políticos que se manifiestan en el país, denunció este miércoles el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, en un plantón realizado en las instalaciones del Ministerio Público (MP) en la capital.
En un comunicado, el Comité denunció una serie de acciones de parte de los fiscales que llevan dicha persecución, en el que destaca el saber de sus derechos, un juicio justo y que el imputado conozca por lo que se le acusa.
En la misma línea, dicho Comité recordó que, de conformidad con las directrices de Naciones Unidas “los fiscales deben respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos contribuyendo de esta manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal”.
Además, ejemplarizó el caso del preso político Gustavo Cáceres, detenido el 21 de diciembre de 2017, cuando las fuerzas de seguridad pública reprimieron una manifestación en el Progreso, departamento de Yoro. Cáceres, de 26 años, se dedicaba a vender agua en bolsa en las calles de la ciudad antes de ser apresado. El día de su captura era un transeúnte.
Sin embargo, fue expuesto públicamente como integrante de la Mara MS-13 y acusado de portación ilegal de explosivos o material de guerra de uso prohibido y posición para el tráfico ilícito de droga, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y la Salud Pública.
La detención contra Cáceres, ocurrió en el marco de las manifestaciones ciudadanas, en rechazo a la imposición de Juan Orlando Hernández como presidente de la República, por parte del entonces Tribunal Supremo Electoral (hoy Consejo Nacional Electoral).
El Secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, aseguró en ese momento que el crimen organizado estaban detrás de las violentas manifestaciones que sembraban zozobra en la zona norte del país. Gustavo fue presentado a la prensa con 15 supuestas bolsas de marihuana y dos bombas molotov (fabricación casera).
Cabe señalar que, Gustavo Adolfo Cáceres, padece una enfermedad neuronal que le ha provocado deterioro orgánico a nivel cerebral, deterioro a nivel cognitivo moderado, retraso mental moderado, trastorno de lenguaje emocionalmente ansioso y depresivo, la edad madurativa de 6 a 9 años cuando su edad cronológica es de 26 años.
En esta acción de protesta, se dieron las siguientes exigencias:
– Que la Fiscalía no manipule el poder punitivo del Estado y sus Órganos de Justicia con el fin de hostigar a manifestantes y terceros, que de manera fortuita estaban a inmediaciones de las manifestaciones.
– En la misma línea, debe abstenerse de hacer declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten a las personas capturadas.
– Valorar la enfermedad e imputabilidad de Gustavo Cáceres y presentar un desistimiento en el caso judicial contra él.
Caso Rommel Herrera: Debe salir de “La Tolva”
La revisión de medidas contra el profesor Ronmel Herrera Portillo, para que sea retirado de la cárcel de maxima seguridad conocida como “La Tolva”, tendrá que esperar hasta el próximo lunes.
Así lo informó Karol Cárdenas, abogada defensora de Herrera Portillo, al término de la audiencia de revisión de medidas en los Juzgados de Letras de Comayagüela. Añadió que el juez espera el dictamen de Medicina Forense del Ministerio Público para que pueda respaldar su decisión de trasladarlo de “La Tolva” a recibir tratamiento psiquiátrico.
Herrera Portillo se encuentra prisionero bajo el cargo de incendio agravado y daños en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.
“Propusimos como organización garante, que consiste en velar que el representado reciba el tratamiento adecuado, proponiendo a manera privada los oficios de un psiquiatra y acompañamiento”, aseveró Cárdenas, procuradora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Mientras que el papá de Rommel, Juan Carlos Herrera, esperaba que su hijo fuera trasladado este día a Tegucigalpa.
“El peligro de Rommel es estar en una cárcel de máxima tortura La Tolva, no podemos decir que vamos felices pero esperanzados que el juez solicite oficialmente el dictamen oficial que le servirá de respaldo para que Rommel sea internado”, expresó.
Es así que continúa la exigencia de justicia para Gustavo Cáceres y Rommel Herrera, ambos presos políticos y con afectaciones emocionales, quienes permanecen en la cárcel de El Progreso y Morocelí, respectivamente.
