Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Coalición contra la Impunidad, hizo eco de otra voz que se suma en respaldo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH),

y su anuncio de investigar las concesiones otorgadas para la ejecución del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

El pasado 13 de julio, el responsable de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, anunció la conformación de un equipo integrado con la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural para investigar los contratos y concesiones del proyecto sobre el Río Gualcarque, que protege la población indígena Lenca en el occidente hondureño.

Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hasta el día de su asesinato, el 02 de marzo del 2016, denunció en varias ocasiones la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre el Rio Gualcarque al no respetarse el derecho a la consulta previa, libre e informada, que dicta el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Reiteramos que la presencia de la MACCIH es la evidencia más clara de la incapacidad de las instituciones nacionales del sector justicia y seguridad, para luchar efectivamente contra la corrupción e impunidad en el país”, expuso la Coalición contra la Impunidad, en el comunicado difundido este día.

Además, la Coalición conformada por más de cincuenta organizaciones sociales, condenó la campaña de desprestigio a raíz del anuncio para investigar a la empresa Desarrollo Energético (DESA) encargada de la concesión del proyecto “Agua Zarca”.

Añadió que, anteriormente se hizo público un “boicot” de parte de sectores ligados al Partido Nacional y funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para entorpecer el accionar de la misión.

Luego del anuncio hecho por la Misión, un sector aglutinado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), cuestionó las declaraciones hechas por Jiménez Mayor al decir que, “incitan al desprecio hacia el sector privado y no las podemos aceptar”.

La articulación de organizaciones de sociedad civil y derechos humanos, hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye política y materialmente a la Misión; y al resto de organizaciones para que la “apoyen críticamente”, y de manera particular en casos de corrupción con impacto en derechos humanos.

CCI Comunicado