Honduras: Escalada de terror tras asesinato de 20 dirigentes indígenas en La Paz

Honduras: Escalada de terror tras asesinato de 20 dirigentes indígenas en La Paz

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ofreció una conferencia para denunciar la escalada de terror, despojo de territorialidades y persecución contra indígenas y campesinos en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.

 


 
 Gladys Aurora López, presidenta del Partido Nacional.

En los últimos seis años el Congreso Nacional concesionó a la actual presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, conocida como la “la dama azul” más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa, para la construcción de hidroeléctricas y 10 concesiones mineras en ese departamento.

 

Debido a esto, cinco comunidades han perdido sus fuentes de agua, hostigados por decenas de hombres armados en una alianza policías-militares y sicarios-civiles, irrespetando sus territorios.

 

Según la denuncia “el poder destructor de “la Dama azul”, diputada y vice presidenta del Congreso Nacional “es dueña de la empresa que maneja junto con su esposo Arnol Castro y ganaron la concesión de varios ríos que bañaban a las comunidades indígenas, con la complicidad de la comuna municipal encabezada por el alcalde Víctor Ventura”.

 

Veinte asesinatos de dirigentes lencas

 

Se estima que solo en el año 2015 fueron asesinados 20 dirigentes lencas de Santa Elena. “Sus muertes obedecen a un patrón de terror impuesto en el lugar que a punta armas”, indicaron.

 

Reiteraron que la “Dama de Azul” es cómplice de grandes violaciones a los derechos humanos contra lencas niños, jóvenes, mujeres y hombres, violentando derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho de los pueblos originarios.  

 

El reconocido dirigente indígena, Rosario Vásquez, de la Aldea El Potrero fue víctima pirómanos que prendieron fuego a su casa, su esposa sufrió una brutal golpiza a manos de policías, militares y civiles enviados por la empresa “Los Encinos”, el fuego consumió las pocas pertenencias que tenían, ambos gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó el representante de la organización.

 

El 1 de junio de 2015, el presidente del Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz (MILPAH), Felipe Benítez, compareció ante las oficinas del Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de las Etnias, para presentar denuncia en la que solicita que se investigue el asesinato del indígena Silvestre Manueles Gómez, vecino de la comunidad de Gualinga en el Municipio de Santa Elena, quien apareciera brutalmente asesinado la primera semana del mes de mayo 2015 en las riberas del Río Chinacla.

 

Benítez responsabilizó los gobiernos nacionalistas por la represión en contra de las comunidades indígenas que desde el golpe de Estado aprobaron una avalancha de leyes que les afecta a las y los lencas autóctonos como la Ley de Minería, la Ley de Protección a los Territorios Vegetales conocida como la “Ley Monsanto” que privatiza el uso de las semillas.

 

Hidroeléctrica Aurora”

 

La empresa “Aurora” ubicada en San José del Aguacatal, la que sin consultarles se apoderan de los ríos, los expropia de sus territorios y les quita el líquido vital, continuaron denunciando.

 

El dirigente calificó como delito la aprobación de concesiones mineras que hizo el legislativo debido al convenio 169, añadió que debieron hacer un mapeo para saber cuáles son los ríos que pertenecen a las comunidades indígenas Pech, Tolupanes, Garífunas.

 

Por ejemplo, “en El Aguacatal la hidroeléctrica está construida a pesar de que existe un fallo en contra del viceministro de Mi Ambiente, antes llamada Secretaría de Recursos Naturales y Ambienta (Serna), le otorgaron medidas cautelares por haber dado un permiso ambiental para la construcción de dicha represa. Después aprobaron la represa de Santa Elena en el Rio Chinacla ignorando a los consejos indígenas comunitarios”, dijo.

 

Benítez informó que “ella trajo un cabildo abierto pagado en contubernio con el alcalde Ventura, tenemos los videos en donde trasladaron seis camiones de salvadoreños que votaron a favor de la hidroeléctrica, lo hicieron dentro de una iglesia católica de Santa Elena”.

 

Criminalización de la protesta

 

El indígena reiteró que debido a las influencias políticas que tiene la dueña de la hidroeléctrica “Aurora” se ha criminalizado la protesta, “la violación a los derechos humanos es latente a cada momento, los cuerpos represivos del Estado se están prestando para ir a sacar por la madrugada a golpes a las y los lencas de sus hogares, les queman sus casas, los persiguen, son procesados, los torturan y los matan”, lamentó.

 

Utilizan falsos positivos, a Rosario Vásquez lo acusan del crimen contra un señor que fue asesinado en una cantina, empero que ya detuvieron al culpable. Vásquez se encuentra escondido porque tiene miedo que al entregarse lo metan a la cárcel sin un proceso justo, según Benítez su compañero de tribu es el presidente del Consejo Indígena de la zona y “estorba para consolidar sus perversos propósitos con el rio Chinacla”.

 

Las comunidades hicieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la que “está durmiendo el sueño de los justos”, cuando van a preguntar no les dicen nada “los fiscales tienen miedo, porque como es un Estado corrupto”, reveló el lenca.

 

Impacto ambiental

 

El dirigente explicó que el territorio de La Paz está siendo invadido por hidroeléctricas unas terminadas y otras con intenciones de construcción en Marcala, El Coral de Piedra, en Yarula, además de 11 zonas concesionadas para efectos de minería.

 

Para Benítez, las zonas productoras de agua sufrirán un terrible impacto ambiental similar a lo sucedido en el valle de Siria, “antes del desastre que ocasionaron las concesiones mineras –el valle de Siria- tenía 22 caudalosos ríos y en la actualidad la población depende de tres ríos con aguas contaminadas”, lamentó.

 

“Juan Orlando Hernández no ha vendido a su madre porque le da vergüenza, más de 7,000 kilómetros los está vendiendo para minería a cielo abierto, nosotros, las comunidades lencas estamos listos para defender nuestros territorios, vamos a morir de pie y no de rodillas ante ese poder, porque nos están matando”, aseguró el dirigente tribal.

 

Ley Antiterrorista contra dirigentes comunales

 

Señaló que algunas leyes como la  Ley Antiterrorista era para aplicársela a las personas que se atreven a luchar por sus derechos y agregó que “antes nos quitaron los valles de Comayagua y La Paz nos tiraron a los cerros, ahora que se dan cuenta que tenemos ríos y minerales, nos quieren sacar de allí”.

 

Por su parte, la coordinadora del COFADEH Bertha Oliva expresó que a inicios de enero visitaron las comunidades lencas de La Paz, se reunieron con MILPA y la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), les costaba creer lo que los denunciantes decían, porque los reportes de violencia reflejan que en ese departamento se registra “0 muertes” y que en general a nivel nacional las cifras de violencia disminuyó considerablemente.

 


 
El pueblo indigena del municipio de San José en las afueras de los tribunales capitalinos. Foto: Proceso.hn

“Nos tocó ver las expresiones de dolor de las y los lencas por los asesinatos de más de 20 de sus comunidades totalmente olvidados, ya que las mismas autoridades que deben garantizar su protección, los persiguen e incluso algunos casos de dirigentes se los quieren revertir para librar ordenes de captura”, indicó la defensora.

 

“Las comunidades que hacen su trabajo de defender su pedazo de tierra no para hacerse ricos sino para comer, ellos enfrentan hasta la muerte, por eso con firmeza les digo que es necesario ir allá para que escuchen las voces de los familiares que sufren, nosotras ponemos en el debate público lo que viven las comunidades indígenas lencas por defender su territorio”, reto Oliva.

 

Describió que la situación de las mujeres es precaria, como es el caso de la esposa de Rosalio, ella está en estado de embarazo llevando a cuestas cuatro hijos más “su mujer está pariendo sin el acompañamiento de su marido”, su hogar fue destruido físicamente y hubo una separación de la familia, finalizó la defensora.

 

Llamado urgente a la comunidad internacional

 

Asimismo hicieron un llamado a la comunidad internacional para proteger la vida de Rosalio Vásquez, su familia y compañeros de organización que enfrentan una serie de hostilidades judiciales y de terrorismo directo que podrían causar hechos de peores consecuencias en la zona.

 

El 35% del territorio hondureño esta concesionado para la explotación de sus recursos naturales como explotación de minas a cielo abierto, ríos para instalación de hidroeléctricas y tala inmisericorde de bosques, los que en una gran parte pertenecen a tierras indígenas, por lo tanto, el Estado de Honduras está fallando en el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, Ratificado por Decreto No.26-94 del Congreso Nacional del 10 de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 27,413 del 30 de julio de 1994.