Tegucigalpa (Conexihon).- A un año del asesinato contra la lideresa indígena-lenca Berta Cáceres,  la investigación continúa siendo un secreto para la familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares

e Indígenas de Honduras (COPINH). Los autores intelectuales no aparecen y la concesión a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) sigue intacta, denunciaron organizaciones internacionales.

Para el caso, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), es del criterio que el Ministerio Púbico (MP) se ha negado a responder solicitudes nacionales e internacionales para transparentar el proceso de investigación. Lo que se ha hecho en violación de la propia legislación hondureña, que garantiza la participación de las víctimas en el mismo.

El caso fue declarado en secretividad por el Ministerio Público días después del asesinato contra Cáceres.

Esta acción ha sido cuestionada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); así como numerosas acciones de protesta en embajadas y consulados  de Honduras, país considerado por la organización británica Global Witness como el más peligroso del planeta para defender el ambiente.

Una y otra vez, los familiares de Berta Cáceres y el COPINH, han conocido algunos de los resultados de la investigación a través de los medios de comunicación, revictimizándolos y vulnerando su derecho a la verdad.

A pesar de las ocho capturas ejecutadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC),  no hay claridad del supuesto papel que jugó cada imputado en el hecho criminal, apuntó CEJIL. Tampoco existen resultados sobre los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo del 2016.

“Este crimen fue el producto de una escalada de violencia, criminalización y estigmatización en contra de la lideresa y de los y las integrantes del COPINH, por lo que es fundamental que se consideren estos antecedentes a la hora de investigar y se comprenda el contexto de riesgo en el cual ejercía su labor Berta Cáceres”, declaró la organización.

Asimismo, para CEJIL es “preocupante e inexplicable” que a pesar de la existencia de indicios que señalan que el asesinato de Berta Cáceres pudo haber tenido como motivación su lucha contra la construcción del proyecto Agua Zarca, la concesión del proyecto otorgada a la empresa DESA siga intacta, sin que el Estado hondureño impulse acciones para revocarla.

Muchas preguntas aún sin responder

Con motivo del aniversario del asesinato contra Berta Cáceres, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), a través de un comunicado público, planteó una serie de preguntas dirigidas al Ministerio Público.

Una de ellas concretamente dice ¿Cuáles han sido las acciones investigativas encaminadas a establecer los autores intelectuales y financiadores del crimen de Berta Cáceres, y la conexión de los mismos con otros crímenes en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y del ambiente?.

Otro apunte hecho por el GAIPE fue el relacionado con el robo del expediente judicial de la investigación en torno al asesinato de Berta Cáceres. Sobre este tema los expertos y expertas preguntaron ¿cuáles han sido las acciones investigativas realizadas para determinar si los autores del hecho guardan algún nivel de relación con quienes ordenaron y/o ejecutaron el crimen contra Berta Cáceres?

El Grupo Internacional tiene registrados 122 agresiones contra integrantes del COPINH, de los que 36 fueron dirigidos contra Berta Cáceres ejecutados entre abril de 2013 y febrero de 2016. Estas agresiones van desde amenazas, hostigamientos, judicializaciones y ataques a su integridad y libertad personal.

Ante ésto, el GAIPE formuló la interrogante ¿De qué manera ha sido tenido en cuenta dentro de la investigación, la relación de conexidad de los ataques sufridos previamente por Berta Cáceres (36) y el COPINH (122), con el asesinato de ésta y la existencia de un aparato criminal responsable de estos hechos?

El GAIPE fue creado mediante solicitud de la familia de Berta Cáceres, del COPINH, sumado el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales para garantizar un análisis independiente, objetivo e imparcial, de los hechos que fueron víctimas Berta Cáceres Flores y el testigo, Gustavo Castro, ambientalista mexicano que era hospedador la noche del crimen, en su casa en La Esperanza, Intibucá.