Tegucigalpa (Conexihon). Dentro de las instalaciones del Congreso Nacional, este 25 de enero, los representantes de los tres Poderes del Estado con bombos y platillos instalaron la cuarta y última legislatura.

 Afuera, frente a un cordón de policias y militares, las organizaciones feministas del país, en el marco del Día Nacional de la Mujer hondureña, exigieron una sola palabra: justicia.

La noche anterior, circuló una información emitida desde la sede del Legislativo, detallando los puntos a los que la ciudadanía no tendría acceso ya que las cercanías de este lugar fueron blindadas por la fuerza pública.

Pero llegó la mañana, y un grupo de mujeres con el rostro de la lideresa Berta Cáceres sobre sus caras, comenzaron a reivindicar sus luchas, como la de las  sufragistas que conquistaron el derecho al voto popular en 1955.

La voz de la defensora asesinada, Berta Cáceres, sonaba en uno de los parlantes ubicados frente al viejo edificio de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos, mientras que en el Congreso Nacional comenzaba su discurso el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta. No era una casualidad.

De acuerdo a datos que manejan las organizaciones de mujeres, en los últimos ocho años han ocurrido más de cuatro mil femicidios, de los que el 95 por ciento están en la impunidad.

No hay justicia para Berta y Gladys

Dos casos emblemáticos, que muestra la falta de justicia en Honduras hicieron eco en una soleada Tegucigalpa.

Berta Cáceres, Fundadora y Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada hace 10 meses; y el de Gladys Lanza, luchadora social y lideresa feminista, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», que falleció en septiembre de 2016 y sobre sus  espaldas tenía una condena por difamación y calumnias contra un funcionario.

Yessica Trinidad, Directora de la Red Nacional de defensora de Derechos Humanos habló sobe Berta, “cuyo legado sigue vivo en la vida de las mujeres”.

¡Justicia para Berta! fue una de las exigencias de las organizaciones feministas

Un comunicado conjunto de las feministas organizadas del país, complementó a lo que dijo Trinidad; “continuamos hoy indignadas y llenas de rabia y dolor exigiendo justicia porque a casi un año de su asesinato, no hay castigo para los autores materiales e intelectuales de este femicidio político”.

La defensora argumentó que las mujeres que viven la misma realidad, defendiendo sus territorios, las mujeres de tierra adentro, en ellas donde persiste el ideal de Berta.

“Esperamos que la vida de Berta y el legado que ella nos dejó continúe en la memoria de las hondureñas”, agregó.

En tanto Cristina Alvarado, de la Coordinación Nacional del “Visitación Padilla”, calificó la falta de acceso a la justicia como la imposición de un país de los absurdos.

Al reivindicar los derechos humanos desde el papel como defensores y defensoras, cuando se lucha porque mujeres y hombres tengan acceso a la justicia “nuestras defensoras son castigadas, este es el vivo ejemplo de Gladys Lanza y Berta Cáceres”, expuso Alvarado.

En el caso de Lanza, quien falleció el pasado 20 de septiembre; estaba condenada por defender a una mujer víctima de violaciones a sus derechos.

Ese juicio sigue vigente, hay un recurso de casación que cumplió dos años y no ha sido resuelto.

“Es por eso que decimos, estamos en la calle, estamos gritando, nos estamos resistiendo a las situaciones de violencia que vivimos en la calle, en la casa pero que esta violencia es institucionalizada desde el Estado, cuando somos recriminadas por no callar y por ejercer nuestro papel en la defensoría de los derechos que realizamos.

Exigencias

Mientras los presidentes del Ejecutivo y Legislativo, Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, respectivamente, sonreían por el cierre y apertura de una nueva legislatura, aprovechando a  solicitar apoyo en miras a aprobar reformas a la legislación penal en el país, en el otro extremo, las mujeres exigieron tres cosas puntuales:

  • Una investigación profunda y transparente en el caso del femicidio político de la lideresa indígena y feminista Berta Cáceres y otras luchadoras sociales que han sido asesinadas.
  • El cese de la persecución judicial y política contra las defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, redes y colectivos, a través de cualquier medio o acción.
  • No aprobar reformas al Código Penal que criminalicen la protesta popular y atenta contra los y las defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones.