Ciudad de Guatemala (Conexihon).- El asesinato del político Ángel Pacheco León, ocurrido hace 16 años, será discutido este jueves 23 de marzo en el marco del 57 Periodo de Sesiones de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Ángel Pacheco León, militante del Partido Nacional, fue asesinado el 23 de noviembre de 2001, dos días antes de celebrarse el proceso electoral en el país y en el que aspiraba a una diputación en el Congreso Nacional por el departamento de Valle.

Entre las razones por las que se presenta ante esta instancia de justicia regional, destaca la alegada impunidad en la que se encontraría el asesinato, de acuerdo con un boletín de prensa de la Corte IDH.

Adicionalmente, el Estado supuestamente incumplió con su obligación de investigar con la debida diligencia en un plazo razonable.

El boletín de prensa de la Corte Interamericana apuntó que en las etapas iniciales de la investigación se habrían cometido serias irregularidades, no se siguieron líneas lógicas y oportunas de investigación, esto incluye  a los supuestos indicios de participación de agentes estatales en el crimen.

Asimismo habrían existido otros obstáculos como represalias y presiones que no habrían sido debidamente investigadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó en el año 2015 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.585, Ángel Pacheco León y familia, con respecto de Honduras.

Pacheco León  dentro de las filas del nacionalismo, militó en el Movimiento “Arriba Honduras”, que llevó a la presidencia a Ricardo Maduro en el periodo de 2002 al 2006.

El caso del aspirante nacionalista asesinado en 2001, está siendo representado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que se hizo cargo del caso desde el año 2004.

Diez años después presentó el caso ante la CIDH.

La Comisión consideró “inter alia” que los supuestos indicios de participación de agentes estatales permitieran determinar la responsabilidad del Estado hondureño.

De recibir un fallo en contra, quedará demostrado la falta de voluntad de las autoridades hondureñas de responder a crímenes cometidos hacia integrantes de partidos políticos afines al  bipartidismo que ha gobernado de forma alterna desde el retorno a la democracia en 1982.